La columna de Soledad Hormazábal: “Llegó el momento de romper barreras y avanzar”

Llevamos más de 10 años discutiendo la reforma de pensiones. Si bien en este período se logró un gran avance en el pilar solidario con la creación de la PGU, no se han hecho los necesarios ajustes al pilar contributivo. Las posiciones frente a qué hacer con el sistema partieron muy equidistantes, sin embargo, con el tiempo, se han ido acercando. Para lograr esta convergencia, ha sido fundamental la disponibilidad de datos que han permitido consensuar un diagnóstico. Esto último es –quizás– de los avances más significativos conseguidos durante el último tiempo.

Actualmente existe la posibilidad de aprobar una reforma. Probablemente no será la ideal para nadie puesto que, de alcanzarse un acuerdo, sería producto de una negociación que por definición implica ceder ciertos aspectos. Esto no significa, en ningún caso, acordar modificaciones que tendrían efectos negativos sobre el sistema. Ya hay experiencia sobre la inconveniencia de alcanzar malos consensos, como lo fueron la reforma tributaria de 2014 o la educacional.

Si bien aún no se conoce la propuesta concreta, uno de los aspectos que han causado preocupación es la transitoriedad de un nuevo beneficio que complementaría pensiones de personas que aún mantienen bajas tasas de reemplazo (fundamentalmente mujeres que han cotizado muchos años). Existe desconfianza respecto a que este componente sea efectivamente transitorio, sin embargo, es posible diseñar un beneficio previsional que se extinga automáticamente en el tiempo. Así, su desaparición no va a depender de decisiones políticas futuras, sino que quedará establecida en la ley. Luego, se debe asegurar que, si el este beneficio se financia con cotizaciones, estas también se redirijan automáticamente a las cuentas individuales de los cotizantes.

También ha concitado dudas el mentado préstamo. Sin embargo, aún se desconoce cómo se estructurará el documento financiero que respaldará las cotizaciones de los trabajadores, por lo que no podemos saber a priori si este será un “mal negocio” para los cotizantes.

Por último, respecto al temor de introducir un componente de reparto en el sistema de pensiones, cosa que comparto debido fundamentalmente a su insostenibilidad financiera de largo plazo, al ser transitorio y acotado se evita la insolvencia.

El reparto consiste en financiar pensiones actuales con aportes de los trabajadores activos, por lo tanto, la PGU es un reparto ya que se financia con impuestos generales que son fundamentalmente aportados por los trabajadores activos. Así, actualmente el sistema chileno tiene un componente importante de reparto, puesto que un porcentaje demasiado alto de las pensiones actuales se explican por la PGU. Es precisamente este desequilibrio en las fuentes de financiamiento lo que se debe subsanar. El aumento del ahorro es fundamental para evitar que en el largo plazo el Estado caiga en la insolvencia debido a un sistema que está descansando de forma desmedida en su aporte.

Así, la alternativa de no hacer nada tiene una deuda implícita para el Estado de proporciones, es decir un costo que recaerá sobre todos. Sugiero esperar que exista una propuesta concreta para luego analizarla teniendo en cuenta que la alternativa también implica costos considerables. Se requiere conocer una serie de elementos que aún no se definen para poder realizar el análisis de costo beneficio de manera adecuada, solo si este no es favorable la reforma no debería llevarse a cabo.

*La autora del columna es parte del centro de estudios Horizontal