La columna de Soledad Hormazábal: “Los peligros de la miopía en las políticas públicas”

Los seres humanos privilegiamos el presente por sobre el futuro: aunque no exista la inflación, mil pesos hoy valen más que mil pesos mañana. Adicionalmente, tenemos dificultad para internalizar los beneficios o costos futuros y, mientras más lejano es el horizonte de tiempo, menos nos preocupamos de lo que ocurrirá más adelante. Estas características de las personas son clave en la determinación de muchas políticas públicas y, por lo tanto, en cómo se distribuyen recursos.

Lo anterior explica la tendencia de los gobiernos a privilegiar políticas que tienen resultados en el corto plazo, en lugar de políticas que podrían tener mayores beneficios en el mediano o largo plazo. En palabras simples: los ciudadanos que votan quieren los beneficios ahora, ya que valoran menos lo que pasará a futuro, además, los niños (que pueden ser grandes perjudicados por políticas públicas cortoplacistas) no votan. Dado que los políticos –al menos buena parte de ellos— tienen como objetivo ganar las elecciones, tienden a promover políticas que entregan resultados en el corto plazo e incluso podrían llegar a impulsar políticas que tengan efectos perniciosos en el largo plazo.

Un claro ejemplo es cómo se ha privilegiado el gasto en educación terciaria en desmedro de la educación temprana a pesar de que existe consenso técnico de que es recomendable hacer exactamente lo contrario. No sólo es más eficiente gastar en educación en las primeras etapas de la vida (mayores y más persistentes resultados), además es más justo ya que ayuda a mitigar inequidades de origen. Desgraciadamente, los resultados de invertir fuertemente en educación temprana se verán en décadas y sus principales beneficiados no votan aún.

Otro ejemplo de los efectos perniciosos de nuestro sesgo por el presente es que el gobierno esté impulsando una reforma previsional que beneficia a los actuales pensionados en desmedro de los futuros. Según el Ejecutivo, actualmente la mediana de la tasa de reemplazo –que corresponde a la proporción de los ingresos previos a la jubilación que representa la pensión— alcanza 63% para los pensionados entre 2015 y 2022. La propuesta de reforma a las pensiones llevada ante la Cámara de Diputados elevaría la tasa de reemplazo para un hombre que gana el salario mediano a 74% en el corto plazo, sin embargo, en el largo plazo caería a 47% ¡Menor a la tasa de reemplazo actual!

Los adultos mayores se ven beneficiados y no pagarán el costo ya que han dejado de cotizar, por lo tanto, los incentivos que tiene este segmento de la población a apoyar una medida de este tipo son muy altos. Por su parte, quienes son más perjudicados, no votan o bien ven muy lejano el período en que esto los afecte realmente. Así, el gobierno estaría apostando a la baja valoración de los ciudadanos por el futuro y a su miopía económica para aprobar una mala reforma a las pensiones.

Los incentivos están bastante claros, sin embargo, hay un supuesto fuerte que si se relaja podría cambiar las cosas: los políticos están sólo interesados en ganar elecciones lo que los llevaría incluso a apoyar políticas cortoplacistas que perjudiquen a las personas en el largo plazo. Esperemos que la responsabilidad, la búsqueda del bien común o el deseo de pasar a la historia como un promotor de cambios positivos, lleven a nuestros políticos a considerar el bienestar de las futuras generaciones y no sólo el de sus electores.

*La autora de la columna es investigadora del centro de estudios Horizontal