La columna de Soledad Hormazábal: “Pagar la cuenta”

En 2019 se proyectaba que el precio de la energía iba a bajar por lo que se decidió, dado el contexto político y social que vivíamos y para evitar un alza de 9,2% de las cuentas, crear un mecanismo transitorio para adelantar esas futuras reducciones en los precios. En otras palabras, los clientes regulados (los hogares) acumularían una deuda con las empresas suministradoras de electricidad que saldarían cuando se materializara la baja en los precios. En simple, cuando llegara el momento de rebajar las tarifas, éstas se mantendrían y así iríamos reponiéndole los ingresos que las empresas eléctricas dejaron de percibir. No era una mala idea. Pero la pandemia y la guerra en Ucrania llevaron a que los precios de la energía subieran en lugar de disminuir como se esperaba.

En 2022, para evitar nuevas alzas, se dictó otra ley que repetía el mecanismo de estabilización “transitorio” de las tarifas. Desgraciadamente, los precios reales siguieron aumentando, a lo que se sumó el retraso en la publicación de decretos. Así, la deuda de los hogares con las empresas eléctricas se siguió acumulando.

En la práctica, los precios de la energía eléctrica para los clientes regulados están congelados desde 2019 y a la fecha la deuda con las suministradoras –que corresponde a lo que dejamos de pagar en estos cuatro años— alcanza los US$ 6.000 millones, lo que equivale a aproximadamente el 2% del PIB. La última ley en la materia, de 2024, determina que las tarifas retornen gradualmente a sus costos reales, con lo que se deja de generar nueva deuda. Además, se establece un mecanismo para que los usuarios paguen la deuda acumulada y se crea un subsidio transitorio para los hogares más vulnerables.

Fue así como, a grandes rasgos, las cuentas de la luz subirán 57% en promedio durante los próximos meses, presionando la inflación y reduciendo el ingreso disponible de los hogares. La situación es sin duda muy compleja, por esto, actualmente se discute la posibilidad de ampliar el subsidio recién creado con la dificultad de encontrar una fuente de financiamiento para esto.

Sin embargo, resulta preocupante que se alcen voces que acusan abuso y piden que las empresas suministradoras asuman un costo, en circunstancias que estamos hablando de una industria regulada. No pagar a las empresas eléctricas todo lo adeudado es un camino inaceptable. Somos un país serio que paga sus deudas y no podemos perder este atributo, menos si estamos en un proceso de transición energética que requerirá de grandes inversiones en el sector.

De más está decir que un país que no paga completamente sus deudas es riesgoso para invertir, con lo que se exigirán mayores retornos a las inversiones o éstas simplemente no se materializarán. En otras palabras, la cuenta la pagaremos de todas formas.

No nos olvidemos que la efectividad y las consecuencias de las políticas públicas dependen críticamente de las expectativas que el sector privado tenga sobre las futuras políticas que se implementen. En este sentido, si no se da una solución razonable a esta situación se arriesga perder credibilidad, lo que hipotecaría la capacidad de implementar políticas públicas eficaces a futuro. No perdamos nuestra seriedad y responsabilidad, ya que los costos pueden ser múltiples y persistentes.

*La autora del columna es parte del centro de estudios Horizontal