La columna de Soledad Hormazábal: “¿Préstamo de los cotizantes al Estado?”

La solidaridad en el sistema de pensiones debe financiarse con impuestos generales y no con cotizaciones. En primer lugar, la responsabilidad de la solidaridad es del conjunto de la población y no exclusivamente de los trabajadores formales.

En segundo lugar, un impuesto a las cotizaciones previsionales desincentiva el empleo formal y es regresivo, ya que al existir el tope imponible aportan —proporcionalmente— más los trabajadores de menores que los de mayores ingresos.

Por último, sabemos que el envejecimiento de la población lleva a que los sistemas de pensiones que basan su financiamiento en el reparto –donde los actuales trabajadores financian a los pensionados— son insostenibles en el largo plazo, puesto que habrá cada vez menos trabajadores por cada pensionado.

Dado lo anterior, es correcto que la PGU se financie con impuestos generales. Sin embargo, en promedio, la PGU está explicando el 73,5% del monto total de las pensiones de quienes se jubilaron entre 2015 y 2022. Como los trabajadores activos aportan la mayor proporción de la recaudación de impuestos (mediciones para Estados Unidos indicarían que los mayores de 65 años darían cuenta de sólo el 15% de los ingresos tributarios), en la práctica el financiamiento de la PGU es una especie de reparto. La mayor parte de los recursos con que se están pagando las actuales pensiones provienen de los actuales trabajadores activos. Así, la decisión de la mesa técnica de no ampliar la PGU al 10% más rico de la población y establecer la línea de la pobreza como referencia para su valor –para evitar pulsiones populistas— es fiscalmente responsable.

La PGU es una herramienta universal y fue acertado que se introdujera cuando había una situación generalizada de bajas pensiones, pero del análisis de datos post PGU se deduce que las mejoras que restan por hacer deben ser focalizadas y, por lo tanto, este instrumento universal no sería el adecuado para lograr este nuevo objetivo. Este fue otro importante acuerdo de la mesa técnica: las nuevas mejoras a las pensiones deben focalizarse en quienes tienen aún bajas tasas de reemplazo (la pensión como proporción del salario), que corresponde fundamentalmente a mujeres que han cotizado muchos años.

Así, la mesa técnica acordó crear un beneficio focalizado que iría reduciéndose en el tiempo hasta eventualmente extinguirse y el remanente de recursos se iría ingresando año a año a las cuentas de capitalización de los cotizantes elevando el ahorro. Donde no hubo acuerdo en la mesa técnica fue en sí se debía devolver esta contribución de los cotizantes o no. Mientras algunos consideramos que debía reconocerse el esfuerzo de los cotizantes estableciendo un préstamo (donde el Estado devolviera los aportes realizados por los trabajadores al momento de la jubilación), otros consideraron que debiese ser un impuesto a las cotizaciones previsionales.

En definitiva, dada la actual estrechez fiscal, la propuesta del préstamo consiste en financiar las mejoras en las pensiones de los actuales pensionados y de quienes están próximos a pensionarse con recursos fiscales, pero difiriendo el pago en el tiempo, es decir, se genera hoy un pasivo contingente en lugar de gasto. Se debe aclarar también que esto no es una cuenta nocional, ya que el beneficio y su mecanismo de financiamiento son transitorios.

Para mejorar la situación de los grupos de pensionados con bajas tasas de reemplazo se requiere un esfuerzo. Se entiende que la opción preferente es financiarlo con cargo a impuestos generales, pero como no hay disponibilidad actual de recursos fiscales, el préstamo surge como la segunda mejor opción. Así, el esfuerzo sería financiado de manera diferida por el Estado.

* La autora es investigadora en el Centro de Estudios Horizontal