La columna de Soledad Hormazábal: “Trampa en el solitario fiscal”

Como lo ha venido alertando el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), el país enfrenta una situación fiscal delicada. Durante los últimos 10 años, los ingresos del gobierno central han alcanzado 22,1% del Producto Interno Bruto (PIB) en promedio mientras que los gastos han llegado a 25,1%. Con esto, en nueve de estos años hubo déficit efectivo. Así, en relativamente pocos años, Chile pasó de ser un acreedor neto a un deudor neto. Todos sabemos que no es posible gastar sostenidamente más de lo que ingresa.

En 2023, la deuda bruta alcanzó 39,8% del PIB, acercándose al límite prudente de 45% del PIB que han establecido diversos expertos y en el decreto de política fiscal. En efecto, Chile cuenta con un límite explícito para la deuda bruta del gobierno central. Esto, junto a la meta de balance estructural, constituyen grandes avances, pero no son suficientes.

En primer lugar, idealmente se debería fijar un límite a la deuda neta: medida que corresponde a la deuda bruta menos los activos financieros del país. Esta media da mejor cuenta de la verdadera situación fiscal, ya que evidentemente no es lo mismo deber 100 si se tienen ahorros por 90 a si los ahorros son 10, aunque la deuda bruta es la misma en ambos casos. Uno de nuestros principales activos financieros es el FEES que se creó para enfrentar situaciones excepcionales, como lo fue la crisis Subprime o la pandemia. Pero ¿Qué justifica que haya sido utilizado para financiar parte del déficit en 2023, un año corriente? Mantener la deuda bruta relativamente estable financiando los déficits públicos con activos financieros del Estado es hacerse trampa en el solitario.

En segundo lugar, se debería tener más a la vista la deuda del gobierno general total, que incluye a las empresas públicas. Solo Codelco tiene una deuda de 10% del PIB. Claramente el límite de endeudamiento sería mayor de 45%, ya que las empresas públicas tienen activos. Sin embargo, debemos monitorear esta deuda puesto que, si la empresa no paga, lo hará su dueño. Si el Estado retira todas las utilidades de sus empresas, éstas no pueden financiar las inversiones con utilidades; luego, la empresa se endeuda para invertir. Con esta dinámica, en cierto sentido, el Estado está financiando el déficit corriente a costa de endeudar a las empresas públicas. La meta de deuda bruta del gobierno central se cumple, pero nuevamente nos estamos haciendo trampa en el solitario.

Finalmente, si no se hubiera pospuesto para 2024 la incorporación de los ingresos extraordinarios del litio a la metodología de los ingresos estructurales, los resultados del balance estructural en 2022 y 2023 habrían sido significativamente más negativos: pasando de un superávit estructural de 0,2% del PIB a un déficit de 0,3% en 2022 y de un déficit de 2,6% a uno de 3,6% en 2023 (CFA).

El Ministerio de Hacienda estima que la deuda bruta llegará a 41,2% del PIB el próximo año. Recordemos que el costo fiscal del terremoto de 2010 fue de casi US$ 6.000 millones (2,8% del PIB de la época). ¿Está el Estado en condiciones de responder adecuadamente a una no tan improbable tragedia?

No solo “no hay plata” para nuevos gastos, si no que más temprano que tarde tendremos que hacer el doloroso ajuste: reducir gastos y/o elevar los ingresos. Es la única forma de volver a tener una situación fiscal sana.

*La autora es investigadora del centro de estudios Horizontal