La columna de Tamara Agnic: “Romper la opacidad financiera del crimen organizado”

El cliché cinematográfico de “sigue el dinero” resume perfectamente la esencia de las mejores prácticas en la lucha contra el crimen organizado, la corrupción y el terrorismo. Sin dinero, sin activos que puedan ocultar y blanquear, las bandas dedicadas a sabotear economías y democracias sencillamente no pueden operar. Mientras sigamos allanándoles el camino al secretismo, a las zonas grises y a la opacidad, no habrá medida represiva alguna que desarticule a estas bandas.

En el último pleno del Gafi (Grupo de Acción Financiera), efectuado en febrero de este año, el llamado, de cara a la quinta ronda de evaluaciones mutuas que comienza este año es a instar a los países y las economías, es ser capaces de identificar a los beneficiarios finales de las sociedades e inversiones a nivel mundial, para impedir que “delincuentes y terroristas oculten sus actividades y fondos detrás de complejas estructuras corporativas y acuerdos legales como los fideicomisos”.

Esta recomendación insiste en que los gobiernos corporativos impulsen la transparencia en torno a los beneficiarios finales y los contenidos de los acuerdos legales para mitigar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. El organismo también puso de nuevo sobre la mesa la necesidad de adaptar los estándares Gafi a los modelos comerciales de los sistemas de pago y los estándares de mensajería para garantizar que sigan siendo tecnológicamente neutrales.

Sobre el punto, se sabe que en Chile ha costado avanzar en un acuerdo político transversal respecto de la transparencia de los beneficiarios reales de los capitales que se mueven en el sistema financiero, y también en la regulación de industrias como la de mensajería y envíos de dinero desde y hacia el exterior, sistemas de pago online y plataformas de transacción comercial digital. Estos sectores son los que le dan dinamismo a la economía moderna y sin ellos sería muy difícil operar, por lo que se hace urgente protegerlos de la actividad criminal.

Últimamente, han aumentado los intentos de estafa y extorsión mediante la introducción de nuevos engaños para secuestrar la información de las personas con fines delictuales. Mientras no haya herramientas reales, concretas y drásticas con las que las policías, la Fiscalía y los Tribunales puedan contar para perseguir y detener a estas bandas, no habrá forma efectiva de cortar el suministro de dinero que les permite su operación y estaremos llegando permanentemente tarde.

Tenemos que ser mucho más audaces en identificar quién está detrás del crimen organizado. Adicionalmente, debemos al menos intentar que esa pretensión actúe ex ante y no ex post de graves crímenes cometidos contra las personas; para ello, se necesitan más herramientas para identificar, perseguir y contar los circuitos de abastecimiento del crimen organizado y sus redes. Esos delincuentes están entre nosotros, en el banco, en las cuentas falsas de redes sociales, en los couriers de dinero, en fachadas que aprovechan las ventajas y modernidad de una economía global, pero que al mismo tiempo se resiste a usar la debida diligencia para detener a los delincuentes.

No se trata de renunciar a ningún derecho corporativo ni personal, sino de quitarles el derecho a los criminales a llevar la delantera en la carrera por el control de la seguridad de la sociedad, del juego limpio y la estabilidad de las democracias y los climas de negocios que tanto ha costado construir.

*La autora de la columna es presidenta de Chile Transparente y Eticolabora