La columna de Tomás Rau: “Ley fin al CAE: ¿Pateando piedras?”

Sabemos que no todo lo que brilla es oro. El fin del Crédito con Aval del Estado (CAE), según el reciente proyecto de ley, se presenta como “un avance hacia un sistema de financiamiento más justo para la educación superior”. Sin embargo, esta iniciativa despierta serias dudas, sugiriendo un camino lleno de riesgos financieros, además de afectar la autonomía universitaria y no beneficiar necesariamente a quienes más lo necesitan.

Primero, el proyecto de Financiamiento Público para la Educación Superior (FES) sigue siendo una especie de crédito disfrazado de justicia social. En lugar de eliminar la deuda, el FES propone que los egresados paguen un porcentaje de sus ingresos futuros por un periodo de hasta 20 años después de egresar. Aquellos con altos ingresos laborales terminarán pagando más de lo que inicialmente se les prestó. Esto implica una nueva forma de impuesto al trabajo para quienes completan su educación superior y tienen éxito en el mercado laboral. Algunos defensores del proyecto se enorgullecen de “desbancarizar” el financiamiento universitario, pero el costo real será asumido por el Estado y, al final del día, por los contribuyentes.

Este mecanismo también incentiva la informalidad laboral. Los egresados deben pagar solo si tienen ingresos formales. Según cifras del INE, hay 2,5 millones de informales y de ellos, 750 mil tienen educación terciaria, ¿Cómo retribuirán por la educación pagada? Será un juego tipo tax me if you can, y es probable que muchos prefieran la informalidad para evitar esta nueva obligación fiscal. Esto sin contar la posible fuga de cerebros de aquellos que estudian gratis y que podrían buscar oportunidades en el extranjero, esquivando el descuento de un 8% en sus ingresos futuros.

En segundo lugar, el desfinanciamiento de las universidades es otro problema grave, porque el FES prohíbe los copagos de estudiantes hasta el decil 9 (la gratuidad cubre hoy en día hasta el decil 6). La brecha entre el arancel de mercado y el de gratuidad ya ha puesto presión sobre las universidades. Con el fin del CAE, esta brecha podría ampliarse aún más, asfixiando a las instituciones que no logren adaptar sus costos a las nuevas realidades financieras. La fijación de aranceles para la mayoría de los estudiantes amenaza con generar una educación superior de menor calidad, especialmente en universidades de excelencia, que deberán bajar sus estándares o reducir el número de estudiantes beneficiados por este esquema.

Por si fuera poco, el informe financiero del proyecto se basa en supuestos cuestionables. Los cálculos de cobertura parecen subestimar el impacto en los estudiantes de los deciles 7 al 9, quienes hoy no están cubiertos por la gratuidad. Probablemente se verán tentados a usar el nuevo sistema, lo que aumentaría la demanda y el costo total, sin reflejarlo adecuadamente en los análisis financieros del gobierno. Algo similar ocurrió con el informe financiero de la ley del CAE en 2002, que estimó un gasto fiscal sustancialmente menor al que finalmente se produjo.

En resumen, el FES no resuelve los problemas de fondo del financiamiento universitario, incentiva la informalidad y coloca una carga financiera insostenible sobre las universidades y el Estado. La educación es clave para el desarrollo del país, pero esta reforma parece ir en la dirección equivocada.

Como dirían Los Prisioneros: “A otros dieron de verdad esa cosa llamada educación. ¿Y para qué? Para terminar bailando y pateando piedras”. ¿Será este otro de esos casos?

*El autor de la columna profesor titular y director del Instituto de Economía UC