El 3 de octubre de 2024, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra las empresas Dreams, Enjoy y Marina del Sol, además de cinco altos ejecutivos, acusándolos de haberse coludido en las licitaciones de permisos de operación de casinos realizadas por la Superintendencia de Casinos de Juegos (SCJ) en 2020 y 2021.

Según la FNE, los operadores acordaron no competir entre sí, restringiendo la cantidad de ofertas y afectando así el resultado de las licitaciones. Como parte de la demanda, el organismo solicitó multas para las empresas y sus ejecutivos, las más altas de la historia, por US$ 151,9 millones en total. Para Dreams pidió US$ 112 millones y para su controlador, Claudio Fischer, también presidente de la compañía, solicitó 941 UTA (unos $761 millones).

Esta semana Claudio Fischer presentó su contestación ante el TDLC, presentación en la que rechaza las acusaciones formuladas por la FNE. En el documento, sus abogados Juan Domingo Acosta y Diego Ramos afirman que Fischer “jamás ha participado en un acuerdo con sus competidores”, y que la decisión de competir solo por la renovación de licencias ya adjudicadas “fue una decisión independiente y racional desde el punto de vista económico, adoptada por el directorio de Dreams, en la sesión del 31 de agosto de 2021″ .

Según la defensa de Fischer, la decisión se basó en “el complejo escenario económico por el que actualmente atraviesa el país y la incertidumbre propia de la pandemia del Covid-19 que hacía difícil estimar proyecciones, más todavía en plazas en que la sociedad no opera”.

La FNE sostiene que Fischer “intervino directamente en la colusión acusada”, aprobando y supervisando la estrategia anticompetitiva de Dreams. Sin embargo, el empresario niega estas acusaciones y afirma que “no ha ejecutado ni celebrado directa ni indirectamente el acuerdo a que se refiere el requerimiento, no ha estado involucrado en alguna conducta contraria a la libre competencia, ni tampoco en alguna que tienda a producir dichos efectos”.

Fischer enfatiza que las decisiones comerciales de Dreams fueron autónomas y “se ordenó expresamente competir de manera agresiva en las licitaciones investigadas”.

Uno de los puntos en la acusación de la FNE alude a una reunión realizada el 4 de octubre de 2021, en la que Fischer participó junto a Nicolás Imschenetzky, de Marina del Sol. El empresario desestima esta imputación, señalando que no organizó la reunión y que “no fue hasta ese momento que el Sr. Fischer supo que iba a tener lugar una reunión, pues se le advirtió ese mismo día, poco antes de que ella comenzara y sin informarle de las materias que se iban a tratar en ella” .

En la contestación, Fischer explica que su participación en la reunión “se limitó a manifestar que seguramente tendrían que vender el casino de Rinconada, por si a Marina del Sol le interesaba adquirirlo”, ya que esto era una condición esperada para la aprobación de la fusión entre Dreams y Enjoy, entonces en negociación. La integración se frustró luego por la investigación de la FNE.

Otro de los argumentos de la defensa de Fischer es la forma en que la FNE ha interpretado ciertos mensajes de WhatsApp incluidos en la demanda. Según el empresario, “los dos WhatsApp del Sr. Claudio Fischer con los demás directores de Dreams están totalmente descontextualizados y tergiversados”.

Fischer argumenta que estos mensajes “no se tratan de comunicaciones con la competencia, sino que corresponden a un grupo de WhatsApp interno de Dreams” y que en ningún caso reflejan la existencia de un acuerdo para restringir la competencia en las licitaciones.

Además, la defensa recalca que “en el requerimiento no se menciona ningún WhatsApp, mensaje o mail que haya podido intercambiar don Claudio Fischer con algún competidor, por la simple razón de que no existieron” .

En su contestación, el empresario sostuvo que “el llamado que le hizo el Sr. Henry Comber (ex presidente del directorio de Enjoy) al Sr. Claudio Fischer tras haber retirado la oferta por el casino de Antofagasta, no tiene absolutamente nada de ilegal, sino todo lo contrario. Luego de que Enjoy le notificó a la SCJ su decisión, propia e independiente, de retirar su oferta por Antofagasta, debía comunicarlo a Dreams. La razón es más que evidente: sin esa licencia los términos económicos de la fusión que estaban planificando cambiaban abruptamente”.

“Según explicó el Sr. Comber en su llamado, las razones para retirarse de Antofagasta se debieron a la falta de recursos para otorgar y mantener las boletas de garantía. Eso a nadie debe extrañar, pues la compleja situación financiera de Enjoy ha sido un hecho público y notorio desde hace varios años”, acotó el documento.

El escrito detalla el contexto económico en el que se llevaron a cabo las licitaciones. Fischer enfatiza que la industria de los casinos se encontraba en una crisis debido a la pandemia del COVID-19, lo que dificultó la participación en las licitaciones. En este sentido, señala que la decisión de no postular a nuevas plazas se debió a razones financieras y no a un acuerdo entre competidores.

Según el documento, “el Covid-19 llegó a Chile a inicios de 2020. Las extensas cuarentenas mantuvieron clausurados los casinos por un largo periodo de tiempo, sin posibilidad de operar en forma remota, provocándoles enormes pérdidas económicas” .

En este contexto, Fischer destaca que Dreams registró pérdidas por $47.944 millones el 2020, lo que llevó al directorio de Dreams a adoptar una estrategia más conservadora en las licitaciones.

Asimismo califica de “desproporcionada e injustificada” la multa solicitada por la FNE. En su contestación, argumenta que el monto de 941 UTA “no se sustenta en antecedentes claros”, y que la Fiscalía “intenta configurar la multa solicitada en base a ingresos de terceros (Sres. Jaime Wilhelm y Claudio Tessada) que nada tienen que ver con él” .

Además, Fischer critica que la FNE haya decidido “asumir ese monto como punto de partida, para luego reajustarlo en ocho veces”, sin un fundamento claro .

La Fiscalía “no explica ni siquiera someramente cómo llegó al monto base de 100 UTA de la multa que está solicitando a nuestro representado. A diferencia de lo que ocurre con los otros requeridos personas naturales, en el caso del Sr. Fischer simplemente asume ese monto como punto de partida, para luego reajustarlo en ocho veces, considerando para ello bonos que fueron pactados en beneficio de terceros, que no guardan relación con él y que por añadidura jamás se pagaron”, concluyó el escrito.