La incursión de Enap en el gas licuado abre debate de libre competencia: estatal responde que es un proyecto “no comercial, restringido y acotado”

Gas de Chile, enap

Frente al caso el exfiscal nacional económico y hoy director CeCo/UAI, Felipe Irarrázabal, sostuvo que se debe detallar “si ENAP tiene entre sus atribuciones producir y vender balones de gas. En el mismo sentido, si las Municipalidades tienen atribuciones para distribuirlos. Ese tema es jurídico y cualquier cuestionamiento al respecto le compete a la Contraloría General de la República o los tribunales ordinarios".


El pasado viernes 22 de julio, en Chiguayante, Región del Biobío, comenzó la entrega del Gas de Chile, nombre del “Gas a Precio Justo”. El valor es de $15.000 para el usuario, la mitad de lo que cuesta el gas que comercializan las grandes empresas como Abastible, Gasco y Lipigas. La iniciativa es promovida por el gobierno del presidente Gabriel Boric a través de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap).

El proyecto abrió un amplio debate entre abogados especialistas en el ejercicio de la libre competencia abrió la incursión de la petrolera en el mercado del gas licuado, que busca facilitar el acceso al gas licuado a familias.

La iniciativa considera al menos tres etapas según ha comentado en diversos medios, el ministro de Energia, Claudio Huepe. En la primera Enap debe identificar problemas e logística para llevar la distribución de gas licuado al mínimo costo. En una segunda fase, “que comienza de aquí a finales de año está pensada para llegar a unas 100 mil familias antes de fines de año y una tercera etapa que es el despliegue comercial pleno debería comenzar a partir del próximo año”, acotó en entrevista con Canal 24 Horas.

Según el último estudio del mercado del gas de la Fiscalía Nacional Económica, los hogares gastan en promedio $31.498 al mes en balones de gas y $23.325 al mes en gas natural de cañería, lo que representa un 19% y un 13% del gasto total de los hogares en servicios básicos, respectivamente.

El estudio destacó que en Chile, “la mayor parte del GLP es importado vía marítima, siendo la producción local suficiente para satisfacer solo un 25% de la demanda interna. Para la importación de este combustible existen tres grandes terminales marítimos con dedicación exclusiva a este combustible. El de mayor capacidad (145 m3) es el terminal de Gasmar en Quintero, cuyos propietarios durante el desarrollo de este estudio de mercado eran Gasco (64%) y Abastible S.A. (Abastible) (36%). Durante el año 2021, Gasmar fue enajenada a un tercero sin participación en el mercado de GLP, cumpliendo así la Resolución N° 51/2018 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), ratificada por la Corte Suprema (“Corte Suprema”)3 . El segundo en tamaño es el terminal de propiedad de Oxiquim (50 m3), que también se encuentra en Quintero, y que cuenta desde el año 2015 con un contrato en virtud del cual su único cliente es Lipigas”.

Frente al caso el ex fiscal nacional económico y hoy director CeCo/UAI, Felipe Irarrázabal sostuvo que se debe detallar “si ENAP tiene entre sus atribuciones producir y vender balones de gas. En el mismo sentido, si las Municipalidades tienen atribuciones para distribuirlos. Ese tema es jurídico y cualquier cuestionamiento al respecto le compete a la Contraloría General de la República o los tribunales ordinarios. El segundo es sobre libre competencia y se refiere a la neutralidad competitiva. Este concepto implica que las empresas estatales -también aplica a entidades públicas como las Municipalidades- tienen que jugar con las mismas reglas que los privados y no se debe discriminar en favor de las primeras. Si una ley autoriza a que una empresa incursione en la producción de bienes o servicios (en este caso, la venta de balones de gas), entonces se les debe aplicar las mismas reglas y estándares que a las empresas privadas. Este es un principio esencial en libre competencia y los organismos chilenos han aplicado este principio en un buen número de casos”.

En el mismo orden, Javier Velozo, ex ministro del Tribunal de Defensa de La Libre Competencia y en la actualidad socio de Contreras Velozo, sostuvo que es conveniente que Enap consulte al TDLC o al menos se ciña estrictamente a la guía “Sector Publico y Libre Competencia” de la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

“El problema de competencia que se produce con estos programas, y más en general, con las empresas públicas es que estas no pueden quebrar, porque el Estado las capitaliza. Entonces pueden permitirse ineficiencias importantes o, incluso, vender bajo los costos de producción” acotó Velozo.

Por su parte, Cristián Reyes, senior counsel de Aninat Abogados explicó que “el Estado es uno solo y, por ello, sus distintos organismos deben fundamentar y acotar las situaciones excepcionales, sin afectar de manera permanente sus respectivas políticas y principios ni las garantías constitucionales, dentro de las cuales se encuentra el libre emprendimiento”.

“Independientemente de la legitimidad o no del proyecto, si la operación no involucra adquisición de activos ni asociación con empresas de otros grupos empresariales no correspondería a una operación de concentración y en ese caso no debería ni podría ser notificada a la FNE. En caso de tener la aptitud de infringir la libre competencia, sí podría ser consultada al TDLC bajo el procedimiento de consulta, lo que incidiría en los plazos del proyecto que pretende ENAP”, explicó Benjamín Grebe, socio de Libre Competencia de Prieto.

A tavés de una columna publicada en La Tercera, recientemente el coordinador económico del CEP, Sebastián Izquierdo, sostuvo que “toda esta campaña despierta ciertas dudas. Es un gran alivio para los pocos que podrán efectivamente accederá a la compa de un balón de 15 kg por $15.200, pero : ¿No será que dicho precio justo esta disimulado por pérdidas de la empresa que se pagarán vía impuesto? Al menos, la experiencia vivida con las farmacias populares da para ser escépticos sobre el tema”.

Concluir plan piloto

Sin embargo Enap por medio de una declaración escrita -enviada a Pulso- contestó que sus planes y plazos son distintos a los planteados por la autoridad. A la petrolera estatal se le consultó si debía notificar la operación a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y conocedores del caso explicaron que dicho proceso no ha sido llevado a cabo. La estatal cuenta con la asesoría legal en materia de libre competencia del estudio de abogados Carey.

“El piloto de GLP no se ha notificado a la FNE porque es un proyecto no comercial, restringido y acotado en el tiempo, en sólo tres comunas y en los volúmenes informados, de 6.000 cilindros que beneficia a 3 mil familias. Enap recibió el 14 de julio recién pasado, un oficio de parte del Ministerio de Energía en el cual se nos solicita en el contexto del Plan Piloto de GLP analizar e implementar a partir del presente año una extensión de cobertura a 100 mil familias en 35 comunas, para seguir expandiéndose en años posteriores a todo el territorio nacional. Ante esta solicitud, se ha respondido que será materia de análisis y revisión de parte del directorio, una vez concluido el plan piloto, en diciembre de 2022. La decisión del directorio de Enap será adoptada considerando lo dispuesto en su Ley de Gobierno Corporativo, una vez analizados todos los riesgos asociados, incluyendo aquellos relacionados con materias de libre competencia”, explicó la compañía.

Las fuentes consultadas plantearon que en el directorio no hubo consenso inmediato sobre la incursión en el mercado del gas. Esto, porque se aleja del corazón del negocio de la petrolera que es la refinación de combustible a nivel nacional, pero también porque no buscan estar insertos en el la distribución de GLP en el canal de última milla.

Según Enap, el proyecto refuerza su compromiso con aportar soluciones energéticas que ayuden a las personas. Por esto, Enap se involucró desde el comienzo en la búsqueda de alternativas tendientes a rebajar los costos del gas licuado. ”Para las familias acceder al gas licuado a un precio más económico es un tema fundamental, por ello Enap se decidió ser parte de la solución. Nos sentimos muy orgullosos de lo que estamos haciendo a través de este piloto con 3 mil familias. Una vez más, estamos demostrando como empresa pública nuestro compromiso con el país y su gente”, recalcó la presidenta del directorio de la estatal, Gloria Maldonado.

En esa misma lógica, el gerente general de Enap, Julio Aranis, destacó el decidido apoyo de la administración y de las trabajadoras y trabajadores de la empresa para sacar adelante la iniciativa. “Este desafiante proyecto, ratifica nuestra convicción de ser una empresa cercana y disponible para abordar los problemas reales, sin perder nuestro compromiso con la eficiencia de los recursos”, señaló el ejecutivo.

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