El punto D no tuvo relación con Chile. El punto D se refería a una legislación vigente a casi 20.000 kilómetros de distancia, en China.

El lunes 8 de noviembre, una semana antes de que el Registro Civil sorprendiera anulando la licitación que había adjudicado al consorcio liderado por la china Aisino para la emisión de pasaportes y cedula de identidad por los próximos diez años, el gobierno le pidió al holding asiático aportar y precisar una serie de información. Fueron cinco grandes puntos; uno de ellos localizado en el exterior.

El punto D pedía lo siguiente: “Describir con detalle el contenido y alcance de la Ley de Seguridad de Datos (The People’s Republic of China Data Security Law), en lo referido a la información que, en virtud de esa ley, deba entregarse a terceros por parte de entidades que presten servicios fuera de este territorio”. La aclaración solicitada por el Registro Civil “también se solicitó respecto de otras normas legales de la República Popular China que podían tener similares efectos”, se lee en la resolución que dejó sin efecto la adjudicación de un contrato por US$ 205 millones a diez años plazo.

El 20 de agosto, China aprobó una normativa inédita: la Ley de Seguridad de Datos que entró en vigencia el 1 de septiembre. La ley está básicamente orientada a resguardar y regular la utilización de los datos por parte de los gigantes digitales, en el marco de toda una estrategia de ciberseguridad impulsada por el país, que busca, entre otras cosas, enfrentar las estafas por internet y la filtración de información de los usuarios.

“China entendió que no se puede tener una economía digital sin una fuerte protección en el tratamiento de datos personales”, señalaba en referencia a la normativa, el ex presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, en una columna publicada el 27 de agosto en La Tercera. “A la larga lista de países delante nuestro en protección de datos, ahora se suma China”, añadía.

En detalle, la regulación es muy similar a la establecida por la Unión Europea en su Reglamento General de Protección de Datos. Exige que las empresas que procesan datos lo hagan con el consentimiento de los usuarios, incluso que las compañías tecnológicas tengan a una persona encargada de esa protección. La normativa regula el tratamiento de todo tipo de información personal registrada por medios electrónicos o de otro tipo. Uno de sus aspectos centrales es el procesamiento de IP. Por ejemplo, precisa que quienes procesen IP deberán, antes de hacerlo, notificar el nombre y método de contacto del responsable, la finalidad, los métodos de procesamiento y procedimientos para que las personas ejerzan sus derechos. Exige que las compañías tengan un propósito claro y razonable para hacerse de esa información.

“Es una tendencia global. En 2018, entró en vigencia el histórico Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR). Este reglamento pretende dar a los ciudadanos de ese bloque un mayor control sobre su información personal”, aseguraba Drago en su columna.

La normativa no se aplica sólo dentro de China. Establece que si los datos de una persona en el país se procesan afuera de él, la ley tiene vigencia. De hecho, aplica para cualquier procesamiento realizado fuera de China que dañe la seguridad nacional, el interés público o los derechos legales e intereses de los ciudadanos y organizaciones chinas. Y no afecta al Estado, el que podrá seguir accediendo a lo información. Al final del día, lo que busca es poner límites a las plataformas tecnológicas.

El viernes 12 de noviembre, Aisino respondió las inquietudes del Registro Civil. Puntualmente, frente a la nueva legislación china, aseguró que la solicitud del Registro Civil no era atingente ni al proceso de licitación –que según las bases se rige por las leyes chilenas- ni al contrato. Incluso, acusaron discriminación, ya que el organismo no solicitó información respecto a las normas vigentes en los países de origen ni a sus socios en el consorcio –la empresa alemana Mühlbauer- ni a otras competidores. Aisino acusó que aquello era una indagatoria desigual en el marco de una licitación de carácter internacional, sin exclusión de países de origen.

El lunes 8 de noviembr, comenzaron las diferencias que terminaron por dejar sin efecto la adjudicación del sistema de identificación nacional al consorcio liderado por la china Aisino. El grupo había superado todas las barreras técnicas y presentado la mejor oferta económica y sólo restaba firmar el contrato con el Estado, cuya fecha límite era el 29 de noviembre.

Tal es así que ya había habido una primera reunión entre ejecutivos de Aisino, sus socios alemanes de Mühlbauer y el Registro Civil para empezar a trabajar en la instalación que concluiría con el holding asiático encargado de la elaboración de los pasaportes y las cedulas de identidad por un período de 10 años.

El lunes de la semana pasada ocurrió la segunda reunión. En ella habrían participado representantes del Registro Civil, del holding asiático y los abogados Andrés Jana y Luis Cordero. Estos dos últimos habían sido contratados por el Ministerio de Justicia para analizar los detalles de la oferta técnica presentada por la UTP Aisino.

En la oportunidad, los abogados leyeron una carta donde se detallaba una serie de aspectos que urgían ser aclarados por Aisino; varios de ellos calzaban con los aspectos que estaba impugnando uno de los competidores y actual operador del servicio, Idemia, en el Tribunal de Contratación Pública.

Se les pidió explicar por qué determinados antecedentes contenían correcciones manuscritas de la información contenida en los certificados técnicos; las razones por las cuales acompañaron antecedentes improcedentes, incompletos o inconsistentes, específicamente datos no relacionados con bases de datos de huellas para acreditar experiencia en tiempos de respuesta; proyectos con cantidad efectiva de huellas inferiores a los solicitados; proyectos que la oferente no gestiona; cantidad de plantillas biométricas que no se condicen con la cantidad de usuarios enrolados; individualización incompleta de la empresa ejecutora, entre otros aspectos.

Además, se le pidió comprobar que los correos electrónicos que se acompañaron para acreditar determinados requisitos correspondían a correos institucionales o de las personas que los emitían.

Por último, se les pidió precisar las medidas concretas que tomarán para asegurar el cumplimiento de los requerimientos del Programa Visa Waiver.

Ante tales peticiones, los asiáticos reaccionaron sorprendidos. Personas al tanto de las conversaciones aseguran que justamente le hicieron saber al Registro Civil su malestar y precisaron –en la respuesta enviada el 12 de noviembre- que no se estaba respetando el principio de igualdad entre los oferentes, ni tampoco el de sujeción a las bases, que, a su juicio, establecen que tras la adjudicación, sólo procede la firma del contrato, y no toda esta revisión posterior, que ya fue analizada en la evaluación técnica.

El gobierno se defendió. En el documento de diez páginas donde se desisten de la licitación argumentaron que es potestad del director del Registro Civil seguir pidiendo los antecedentes que estime pertinente, y que, al final del día, el proceso sólo termina cuando se firma el contrato y se toma razón por parte de Contraloría, no antes. Afirmaron que Aisino no aclaró todos las dudas que se le expusieron.

Anoche, el grupo chino, acusó presiones indebidas para finalizar el proceso. Habló de que se estarían vulnerando los Tratados de Libre Comercio suscritos por Chile con China y la Unión Europea. Y aseguró que recurrirá a todas las instancias legales nacionales e internacionales que correspondan.