La lucha por los pasaportes no termina: consorcio Sonda-Thales impugna adjudicación a francesa Idemia

Hace prácticamente dos semanas, el Registro Civil decidió seguir adelante con el proveedor actual del sistema de pasaportes y cedulas de identidad nacional. Tras revocar la adjudicación del proceso al consorcio liderado por la firma china de Aisino, adjudicó a la segunda mejor oferta: los franceses de Idemia, actuales operadores del contrato. Mañana, de hecho, se efectuaría la primera reunión de coordinación entre el Registro y el grupo adjudicatario.

La historia, sin embargo, sigue sumando capítulos...y estaría lejos de terminar.

El miércoles, uno de los consorcios que compitió en la licitación, el grupo Sonda-Thales, impugnó la adjudicación ante el Tribunal de Contratación Pública. En 28 páginas, el grupo afirma que Idemia incumpliría a lo menos con 56 requisitos de los cerca de 800 que se exigían para superar la primera barrera de evaluación: la de admisibilidad. Cumplido el plazo, Aisino junto a los alemanes de Mühlbauer no presentaron impugnación.

“(La ajudicación) vulnera el principio de legalidad, principio de estricta sujeción a las bases, principio de igualdad de los oferentes y principio de transparencia, que rige la contratación pública”, señala el texto de Sonda-Thales. La presentación añade: “Adjudicar con tal premura a Idemia sin verificar si dicho oferente efectivamente cumple con todos los requerimiento técnicos, cuya falta de estricto control y evaluación fue precisamente lo que llevó a la revocación de la adjudicación de la UTP Aisino, es un despropósito, pues la oferta de Idemia adolece de importantes falencias y no consulta al menos 56 requerimientos técnicos claves para los intereses y seguridad nacional”.

Dentro de los argumentos esgrimidos, acusan que no estaría acreditado el requerimiento de ‘atención omnicanal’. “No aparece mencionado en ninguno de los documentos, ni implicancia en costos y admisibilidad”, señala la acción. Además, precisan que no se detallarían las medidas tanto preventivas como correctivas para evitar fraudes.

De hecho, en el documento revelan que tales falencias ya fueron parte de una controversia entre el Registro Civil e Idemia, “que incluso ha puesto en peligro el programa de Visa Waiver de EE.UU.”.

En julio de 2020, el servicio aplicó una multa a Idemia ascendente a $164 millones -se lee en el texto impugnatorio-, por incumplimiento de contrato. Ello, se sustentaba en 80 casos de falsificaciones de pasaportes y cédulas de identidad que fueron denunciados por el Departamento de Inspección Secundaria del Aeropuerto. La controversia –señalan- se basó en la negativa de Idemia de entregar al Registro Civil una auditoría, y en negarle el acceso a información indispensable, lo que finalmente redundó en la multa.

“La impugnación está revestida de fundamentos graves que se extraen del acto administrativo de imposición de multa por incumplimiento de Idemia”, dicen.

El consorcio de la chilena Sonda y la francesa Thales también cuestionó la evaluación respecto al tratamiento y confidencialidad de los datos personales. “Dicho requisito no fue evaluado, por tanto, tal como ocurrió con la UTP Aisino, podría el Registro Civil con posterioridad a la adjudicación tomar conocimiento de que Idemia no cumple”. Agrega: “Se debe tener en consideración que en el contrato actual, Idemia tiene fuertes falencias en estos aspectos, ya que es un sistema que fue implementado hace ya varios años”.

Idemia lleva prácticamente una década al mando de la emisión de pasaportes y cédulas de identidad en Chile. Su primer contrato lo firmó en 2012, y vence a fines de enero de 2022. Su oferta actual, para los próximos diez años, asciende a US$ 226 millones, y el valor de los pasaportes se reduciría a la mitad. La de los primeros adjudicatarios, la china Aisino, bordeaba los US$210 millones.

“El Registro Civil desconociendo el error cometido con la primera adjudicación, vuelve a adjudicar aún cuando ha quedado demostrado la insuficiencia de la etapa de admisibilidad y evaluación administrativa y técnica”, subrayan Sonda y Thales. “Para poder perfeccionar el contrato y que la Contraloría de la República pueda tomar razón del mismo, Idemia debe especificar previamente, sin ambigüedades o respuestas genéricas, de acuerdo a los contenidos de su oferta Técnica en qué archivos, secciones y páginas de su oferta se encuentra establecido su cumplimiento”, destacan.

Los demandantes le solicitaron al tribunal la suspensión inmediata del proceso, con la finalidad de que sea paralizado ante la inminente firma del contrato. El Registro tiene 30 días hábiles desde la adjudicación para firmar el acuerdo: tal plazo vencería el 27 de diciembre próximo.