La nueva Constitución y el derecho a la vivienda

Luego de las elecciones recientes, la discusión se centrará en los contenidos de la nueva Constitución. Entre los temas que acapararán la atención estarán los derechos sociales, a los que buena parte de la población aspira. Además de pensiones, se discutirá acerca del derecho a la salud, a una buena educación, a una vivienda digna, a una conectividad digital universal, a una ciudad… de ciudadanos. Cada una de estas demandas está asociada a “bienes públicos”, cuya responsabilidad de provisión radica en el Estado. Es esta la entidad que tiene el mandato ciudadano de proveer los servicios que la sociedad define comunes para todos, a partir de ciertos estándares.

El que estos derechos sean parte de la discusión constituyente es porque existe la percepción de que, de no ser así, seguirá descuidándose la atención que merecen para dotar a las personas de condiciones mínimas de dignidad para enfrentar el futuro. Y es evidente que se ha llegado a un punto en que ya no es posible seguir esperando. El estallido social fue un llamado de alerta muy importante al respecto, y la pandemia fue capaz de develar los efectos que tiene, en grandes mayorías de la población, el precario acceso a esos bienes públicos de mínima dignidad.

Sin duda el principal, y tal vez el más inminente, es el derecho a la vivienda. Se sostiene que son más de 600 mil viviendas las que faltan, entre campamentos, allegados y otros que legítimamente aspiran a contar con un lugar aceptable para desarrollarse como personas y como familia. La demanda que encabeza la Fundación Techo por un “déficit cero” en vivienda no sólo es aspiracional, sino un deber ético, social y político del cual, como país, debemos hacernos cargo. Esta demanda debiera ser un eje ordenador para nuestras ciudades; es a partir de la necesidad de cubrir ese déficit que debemos proponernos superar las brechas urbanas que han quedado en evidencia en estos meses. Basta ver lo que pasa con el agua potable y alcantarillado en algunas localidades periféricas; con la conectividad digital, con las áreas verdes, con las veredas y calles en nuestras poblaciones.

De igual forma, será necesario generar las condiciones habilitantes para que los terrenos disponibles al interior de nuestros radios urbanos, y aquellos que se pueden recuperar, cuenten con el soporte de infraestructura necesaria para resolver esta carencia fundamental. Y todo esto debe estar bien interconectado al interior de los distintos desarrollos de vivienda, de modo de recuperar el sentido de barrio; deben intercomunicarse con otros barrios para recuperar el tejido social que tan abandonado ha estado en estos tiempos, y debe facilitarse el desplazamiento por el espacio urbano para permitir el acceso expedito a los lugares de trabajo, recreación y servicios que le dan valor a las ciudades.

Construir y habilitar las viviendas que el país necesita debiera ser uno de los principales motores de la economía en los próximos años. De acuerdo con los antecedentes disponibles, se cuenta con los recursos, la competencia técnica para resolver eventuales problemas y la capacidad de producción necesaria.

Las restricciones normativas e institucionales deberán superarse a partir de un esfuerzo político que convoque a todos quienes entienden que esta debiera ser nuestra principal prioridad como sociedad. La nueva Constitución debiera ser la inflexión que permita hacernos cargo de este gran desafío nacional, en el entendido que no es posible seguir esperando.