El 11 de enero de 2023, dos altos ejecutivos de la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. -más conocida como Metro S.A.- acudieron a las oficinas del director del Trabajo, Pablo Zenteno (PC), ubicadas en Agustinas N° 1253, en Santiago Centro.

Según consignó la plataforma de Ley de Lobby, en la reunión, que se extendió por una hora, el gerente corporativo de Personas y el subgerente de Relaciones Laborales, Patricio Baronti y Alejandro Lagos, respectivamente, manifestaron de manera formal su malestar por notificaciones que no fueron efectivamente presentadas a la empresa.

“Nos realizan una queja frente a algunas notificaciones de multas ejercidas por nuestro servicio, en específico en el proceso de notificación de aquellas, puesto que la empresa señala que no fueron notificados en algunas de ellas, lo deriva en que actualmente se encuentran en proceso de embargo”, consignó el acta oficial del encuentro.

Frente a ello, el director del Trabajo “se compromete a instruir una revisión en el proceso de notificación de las multas que fueron cursadas a la empresa, con la finalidad de confirmar el correcto cumplimiento de instrucciones vigentes de nuestro servicio”, acotó el mismo documento.

Pulso consultó a Metro de Santiago a qué se debe el proceso de embargo al que está sujeta la empresa, y cuáles son los mayores motivos de conflictos laborales que enfrenta Metro actualmente.

Al respecto, la empresa, que opera el ferrocarril metropolitano, respondió a través de una declaración por escrito que “Metro de Santiago sostiene regularmente reuniones con diferentes autoridades. En dicho contexto, se sostuvo una reunión con la Dirección del Trabajo el pasado 11 de enero en la cual se abordaron diversas materias. Entre ellas, Metro clarificó a la DT que ciertas multas interpuestas por dicha autoridad en contra de Metro no le habían sido notificadas, lo que derivó en un embargo que está siendo alzado por parte de la Tesorería General de la República”.

Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2022, Metro acumuló pérdidas por $455.075 millones, lo que se compara negativamente con igual periodo del año anterior, cuando registró una merma por $406.901 millones. Durante los primeros nueve meses del año anterior, anotó ingresos por $278.337 millones, una cifra superior a los $167.234 millones registrados en igual periodo de 2021.

En la reunión, los ejecutivos de Metro también pusieron acento en la baja del flujo de usuarios posterior a la pandemia, el actual estado de avance en la línea 3 uniendo las comunas de Quilicura, Conchalí e Independencia en el norte de Santiago, con el centro y luego Ñuñoa y la Reina por el Oriente, que en su primera etapa fue inaugurada en el año 2019, mientras se estima estar listos con la etapa final para mediados de este año.

En ese mismo orden, informaron a la Dirección del Trabajo el proceso de construcción de la línea 7, proyectando su término para el año 2028, y de los proyectos de línea 8 y 9, con un estimativo de 9 años para su fase de construcción.

Según el acta de la reunión, Metro destacó que “es una empresa que posee un gran número de trabajadores contratistas, hoy con aproximadamente 7.000 trabajadores que se desempeñan en los procesos de construcción y ampliación de las diferentes líneas, por lo que la empresa ha tomado la decisión de, a través del área de subcontratación, implementar un control a las empresas contratistas que prestan servicio a Metro S.A., con la finalidad de velar que en aquellas se cumpla con la normativa laboral vigente”.

“Nos indican que recientemente la Empresa ha optado por instaurar el diálogo permanente con sus organizaciones sindicales, constituyendo así un Comité de Empresa, integrado por representantes de la empresa y representantes de la Federación y cada sindicato que es parte de aquella. Este comité tiene la finalidad de tratar problemáticas continuas de los trabajadores de metro, así como avanzar en las 40 horas semanales y modelos de trabajo flexibles”, consignó el mismo documento.

La empresa también destacó, según el acta, que “ha puesto en marcha una mesa de seguridad, la que se integra por aquellas organizaciones que mantienen dentro de sus afiliados a guardias y cajeros. Lo anterior, se hizo necesario por cuanto los niveles de violencia se han incrementado estos últimos años, siendo un foco no menor la problemática que mantienen con los vendedores ambulantes que se instalan dentro de las estaciones”.

“Nos informan que como Empresa se ha avanzado en la participación femenina, llegando al 24% de mujeres que se desempeñan como guardias y avanzando en área de mantenimiento”, concluyó.