La discusión sobre elevar los impuestos a las personas de alto patrimonio volvió a la palestra a nivel mundial debido a las drásticas consecuencias de la pandemia.

Esto también se ha dado en Chile, con un proyecto que avanza en el Congreso, pese a que desde el mundo técnico tiene detractores o, al menos, algunas críticas.

Acá, el economista francés Thomas Piketty junto a Ignacio Flores, coordinador para América Latina del World Inequality Lab, entran a la discusión particular de nuestro país en una columna.

El sistema tributario chileno recauda poco y es poco progresivo comparado con países desarrollados. En consecuencia, el financiamiento de servicios públicos necesarios es escaso, mientras que la contribución de las familias más ricas es limitada, en proporción a los ingresos que acaparan. Este impuesto contribuirá a revertir la situación, recaudando entre 0,8% y 1,5% del PIB, si se diseña correctamente.

En el largo plazo, un impuesto permanente -que recomendamos- aumentaría la circulación del capital, evitando que se estanque en unas pocas dinastías rentistas. Sin embargo, cualquiera sea su frecuencia, tenemos que considerar los puntos siguientes para evitar que fracase.

La autoridad fiscal debe estimar montos de forma independiente y proponer declaraciones prellenadas. Esto disminuirá la evasión, facilitará el pago y permitirá que la recaudación dependa de datos sólidos, en vez de buenas voluntades.

Para lograrlo, los gestores de patrimonio (bancos, fondos de inversión, bolsas, corredores, conservadores y notarios) deben reportar información de forma segura y automática, tal como lo hacen empleadores e independientes al declarar trabajos.

El secreto bancario es un gran obstáculo a esta medida. Se requiere, entonces, escribir la normativa para un traspaso fluido de la información, mejorando, de paso, las estadísticas nacionales.

Jorratt y Martner (2020) estiman que el fisco pierde cerca de 7,5% del PIB al año en evasión. Al cruzar datos patrimoniales y de ingresos, el SII tendrá herramientas para reducir esta cifra, en varios impuestos a la vez.

Para evitar que los individuos evadan el impuesto patrimonial, la experiencia internacional ha demostrado que la base imponible debe ser amplia y sin espacio a exenciones, ya que facilitan la disimulación.

Por supuesto, los chilenos son libres de llevar su capital al extranjero. Sin embargo, el Estado también puede gravar el patrimonio de sus ciudadanos en otros países, si estos no han cobrado un impuesto igual o mayor. Si los individuos prefieren renunciar a su nacionalidad para no pagar, se puede cobrar un exit tax, dependiendo del monto expatriado.

Hoy en día, una persona que invierte sus ahorros en un bien inmobiliario, paga el impuesto territorial. El mismo monto, invertido en acciones no tributa. Según el principio de equidad horizontal, esta situación es injusta, especialmente al saber que la clase media invierte -endeudándose- principalmente en viviendas. En el corto plazo, para evitar la doble tributación, es necesario integrar ambos impuestos. Es decir, considerar las contribuciones como un crédito no reembolsable al impuesto a los super ricos.

En el mediano plazo, se debe formular un impuesto general más equitativo, sobre el patrimonio neto de deudas, reformando también el financiamiento de las municipalidades, que hoy dependen directamente de las contribuciones.

La experiencia internacional muestra que los super ricos invierten mayormente en activos fáciles de valorar, cómo son las acciones transadas regularmente en bolsa. Aunque existen excepciones, activos con precios más opacos, en cuyo caso el SII llamará a expertos, que calcularán precios, basados en datos sobre stocks y flujos de dinero.

Quienes consideren que el valor de sus bienes fuera exagerado, deben poder pagar con títulos de propiedad (convendría si el precio es demasiado alto), abriendo así un mercado para estos títulos, en el cual podrían participar compradores privados. Esta fórmula permite, de paso, resolver el problema de liquidez.

Para evitar el efecto de burbujas especulativas y no obstaculizar el crecimiento de empresas jóvenes, se debe considerar el valor promedio de los activos en varios períodos a la vez.

Implementado correctamente, este impuesto generará recursos necesarios para invertir en un futuro más justo, estable y con más oportunidades.