Mientras el gobierno empuja un pacto fiscal que comenzará su tramitación este mes en el Congreso, los gremios empresariales dieron a conocer un extenso documento con una propuesta alternativa que considera entre otras cosas una rebaja del impuesto corporativo, y que adicionalmente contiene 30 medidas para impulsar el crecimiento económico.

Algunos de los puntos tratados en el documento tiene que ver con los permisos sectoriales. Es así como los gremios proponen reducir los tiempos de tramitación de proyectos para la obtención de una RCA identificando causas de suspensión de la evaluación, aplicación gradual de guías, instructivos y criterios (sin retroactividad), generar indicadores de desempeño y de cumplimiento, ordenar las competencias del SEA, entre otras materias.

Asimismo, apuntan a limitar el alcance de materias objeto de la evaluación ambiental, robusteciendo el rol del SEA y emitiendo un instructivo de limitación de pronunciamientos de las direcciones regionales y los Organismos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental. Además, proponen incorporar mayor proporcionalidad, mesura y costo-efectividad en la evaluación ambiental ajustando los estándares de información en función de la envergadura y monto de inversión del proyecto.

Otras de las medidas que apuntan en esta misma dirección son: Agilizar la elaboración de líneas base, particularmente en la obtención de permisos asociados al levantamiento de información. Asegurar un mejor proceso de elaboración de los Informes Consolidados de Evaluación para evitar interpretaciones.

En la misma línea de la permisología, el documento propone evitar contradicciones entre direcciones nacionales y regionales en reclamaciones administrativas en el SEIA vía instructivo, además de implementar recomendaciones de consultores ambientales, e incorporar el concepto de flexibilidad en la interpretación de la vida útil de los proyectos.

Y también indican que se debería incorporar la idea de evitar iteraciones innecesarias que extienden plazos de evaluación, anticipando preocupaciones, contratando profesionales externos para reducir stock de permisos pendientes, establecer criterios de evaluación unificados, etc.

En el documento, también se detallaron medidas hacia las pymes, y para reducir la informalidad financiera.

Una de las propuestas dice relación con ampliar la definición de empresa mediana a 1.000.000 UF de venta anual efectiva para construir un nuevo destinatario de políticas públicas de fomento productivo, mientras que a la vez formularon que se debiera establecer un fondo de financiamiento tripartito para las pymes y eximir del impuesto a la renta a las ganancias por intereses y venta de los derechos en el fondo por parte del inversionista.

En cuanto a la informalidad, plantearon reducir la informalidad financiera, considerando, entre otros, revisar la metodología de la Tasa Máxima Convencional. En otras materias, sostuvieron la idea de activar concesiones y obras públicas mediante acuerdos complementarios y otras medidas.

Dentro de las 30 medidas que proponen los gremios empresariales, destacan algunas que apuntan a la inmigración y la transición energética.

Una de las medidas es facilitar la evaluación de proyectos que aumenten la disponibilidad de agua, ampliando el límite de 50.000 m3 para que los embalses para riego y agua potable no requieran pasar por el SEIA. Otra medida tiene que ver con incluir proyectos vinculados a la transición energética como necesidades públicas impostergables, para que así reduzcan su tiempo de tramitación.

Fomentar las exportaciones y la imagen país, además de impulsar la atracción de turistas extranjeros, y fortalecer el ingreso reglado de inmigración extranjera y ampliar el porcentaje máximo de extranjeros que pueden trabajar en una empresa, son otras de las medidas.

Otro de los focos a los que apuntan las medidas de los gremios tienen relación con la minería. Es así como una de ellas plantean redefinir la pequeña minería en el SEIA, homogeneizando el umbral de ingreso al SEIA con definición utilizada en ley de Royalty.

Además, proponen incentivar la exploración para la pequeña minería, particularmente en su fase de mayor riesgo, que es la exploración. Crear fondos para el fomento de la pequeña minería adecuada al universo actual de actores en el rubro. Mejorar el uso de propiedad minera de ENAMI vía opciones de compra, arriendos y joint ventures. Por último, señalaron simplificar procedimientos para proyectos mineros que extienden su vida útil, evitando o simplificando el reingreso al sistema de evaluación ambiental, y destrabar pagos a empresas contratistas a través de la constitución de mesas de trabajo público privadas sectoriales y regionales.

En otros sectores como pesca y agricultura también hay una serie de medidas que esperan se puedan considerar para impulsar el crecimiento económico.

Uno de los puntos es prorrogar la vigencia de permisos de edificación que vencerán en 2024, y agilizar el procedimiento de recepción definitiva ante la DOM (Dirección de Obras Municipales), permitiendo llevar adelante procesos en paralelo.

En el sector agrícola están: Incentivar el Registro Voluntario de Contratos Agrícolas, y Acortar los tiempos para la acreditación y pago de los proyectos de riego.

Por último, el documento plantea estas medidas: Establecer como criterio para compensaciones ambientales, soluciones técnicamente idóneas, en ciclos productivos distintos, y considerando el equilibrio económico del proyecto. Mantener para las concesiones de acuicultura existentes en áreas protegidas las actuales condiciones de operación y tramitación, en tanto no se verifique la implementación total y definitiva de la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), y resolver administrativamente aspectos que pueden impulsar un crecimiento sostenible de la industria de la salmonicultura.

Para este martes a las 16 horas está agendada una reunión de la Sofofa y el Partido Socialista, luego que el gremio solicitara reunirse con los distintos partidos políticos, donde abordarán temas de crecimiento económico y pacto fiscal.