Las dudas de los senadores de oposición sobre el proyecto de Ley Fintech

A pesar de la rápida tramitación de la Ley Fintech en el Congreso, el funcionamiento y regulación del sistema de finanzas abiertas parece estar empujando los primeros cuestionamientos al proyecto, aunque sólo sea en lo relativo a la protección de los datos personales.

El proyecto, que a principios de mayo aprobó el Senado y que ahora debe verse en particular, no sólo establece regulaciones especiales para estas tecnológicas financieras, sino que también avanza en lo que se conoce como open banking, es decir, se permitirá a las entidades financieras entregar aquella información autorizada por sus clientes a otras instituciones financieras, lo que llevará a los receptores de ella a poder competir ofreciendo mejores condiciones.

El miércoles se llevó a cabo la sesión de la Comisión de Hacienda del Senado donde empezó la discusión de las indicaciones al proyecto, oportunidad en la que asistieron la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza, y los comisionados de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Bernardita Piedrabuena y Kevin Cowan.

En la cita, el senador José García Ruminot (RN) planteó que “una de las inquietudes de finanzas abiertas es cuál es la información que se va a tener que compartir, con autorización del titular de los datos. Lo que leo es que se trata de información financiera. Uno de los temores que existe es que esto iría más allá y se trataría de información sobre consumo. No sé si eso para ustedes como gobierno está claro, que se trata sólo de información financiera, de comportamiento de pago o si se puede, por alguna norma, extender al tipo de consumo, a las preferencias, porque creo que ahí existe la suspicacia o temor. Saber hasta dónde sabrán qué medicamentos compro o donde me operé”.

En esa línea, el senador Felipe Kast (Evópoli) sostuvo que “si se compartirá el nivel de ahorro consolidado o de gasto consolidado, está bien, pero que accedan a la cartola, me parece delicado. No sé si me beneficia en lo más mínimo que sepan el número de transacciones que tengo. Si bien es con el consentimiento de las personas, la verdad es que sabemos cómo funciona, las personas no leen los términos y condiciones. Estoy a favor que se compartan los datos, pero no es tan evidente que quiera que la cartola se pase de un lugar a otro”.

A su vez, el senador Juan Antonio Coloma (UDI) comentó que “lo relevante son los saldos, ese el dato que puede ser útil. La ley debe ser muy precisa en no llegar a un Estado que sea como un gran hermano que mire hasta lo que se gastó en una peluquería. En ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado. Distinto, para finanzas abiertas, son los saldos, esa es la información relevante, pero con lo otro hay que tener mucho cuidado para lo que se puede prestar. Tenemos que ser cuidadosos que la información sea útil, pero no termine siendo invasiva. Me parece bien que se establezca el consentimiento expreso y la capacidad de revocar el consentimiento, pero no me pierdo que eso puede ser música cuando existe algún grado de urgencia. Es lo que más preocupa que seamos capaces de cautelar”.

Al respecto, Sanhueza respondió que “es sólo información financiera la que se comparte”, mientras que Piedrabuena comentó que el sistema de finanzas abiertas se basa en que las personas son dueñas de sus datos, y que en la información que se entregará no está el detalle de su consumo, por ejemplo, pero si “las transacciones que se hicieron en el mes, pero bajo el supuesto de que está la autorización del titular. Eso es lo que protege al titular, que está su consentimiento y que además se puede revocar en cualquier minuto. Además, están las medidas de seguridad, confidencialidad, reporte de vulneración de antecedentes y los principios de finalidad, es decir para que se usarán los datos y por cuánto tiempo”.

Además, Piedrabuena comentó que según el proyecto de Ley, la CMF regulará el tipo de información que se podrá pedir. No obstante, los senadores Coloma y Kast presentaron sus reparos respecto de que sea una norma que defina qué información se podrá traspasar sin que el Congreso intervenga.

¿Por qué hemos visto defensa de no entregar esta información?, se preguntó Piedrabuena, y señaló que “esa información tiene valor, y si tiene valor para las instituciones que no la quieren entregar, significa que tiene valor para aquellos que quieren evaluar la capacidad crediticia para entregar productos nuevos y mejores a las personas”.

Además, Sanhueza llamó a los senadores a mirar con detención el acuerdo marco firmado por la Asociación de Bancos, BancoEstado y FinteChile, pues ahí hay se “responde a varias de estas inquietudes”.