Lecciones que Perú le entrega al gobierno entrante de Gabriel Boric

“Después de una primera vuelta presidencial en donde resultaron vencedores dos candidatos alejados del centro político (uno a la izquierda y otro a la derecha), el candidato de izquierda se impuso en la segunda. Sin embargo, la configuración del congreso resultó fragmentada y poco favorecedora para el gobierno entrante”. Estas líneas resumen el proceso electoral que vivió Perú durante la primera mitad del 2021, pero sus similitudes con lo ocurrido en Chile a fines del año pasado saltan a la vista.

Pedro Castillo asumió como Presidente de Perú el 28 de julio del 2021. Una campaña llena de promesas, en donde el candidato, que provenía de las afueras del mundo de la política tradicional, anticipaba un giro a la izquierda en las políticas del Estado, con particular atención a los temas de educación y salud. Sin embargo, a seis meses de inicio de su gobierno, hemos visto pasar tres presidentes del Consejo de Ministros (el cargo, después del de Presidente, con mayor importancia política dentro del ejecutivo) y dos ministros de Economía y Finanzas (el equivalente en Chile a una fusión de los ministerios de Hacienda y Economía), por mencionar algunos de los cambios.

Esta inestabilidad en el gabinete peruano, particularmente aguda (comparada con los gobiernos anteriores), es principalmente el resultado de la tensión que existe dentro de éste (y sus aliados), respecto a lo que quisieran alcanzar en estos cuatro años, y lo que realmente es viable lograr técnica, jurídica y políticamente.

Y las consecuencias de esta tensión entre el “querer” y el “poder” no solamente se refleja en la inestabilidad del gabinete, sino también en la falta de concreción de las reformas que ellos mismos consideran relevantes para llevar a cabo su proyecto país (lo que también es alimentado por la poca experiencia del gobierno en algunas áreas). Uno de los ejemplos más notorios es el de la reforma tributaria: Pedro Francke, el ex ministro de Economía y Finanzas, solicitó al congreso a finales de octubre del año pasado la delegación de facultades legislativas en materia tributaria y fiscal para poder realizar cambios legislativos en estas materias (una práctica muy usada en Perú a inicios de los gobiernos, que denota un voto de confianza del congreso al entrante). Sin embargo, el congreso, ante la falta de claridad respecto al detalle de los cambios que se planeaban realizar, en un entorno en donde la oposición tiene un rol relevante en el órgano legislativo, decidió no otorgárselas, lo que implicó un retraso relevante en los cambios en materia impositiva que podrían extenderse al menos un año. Y no está demás decir que la falta de reforma tributaria implica falta de nuevos recursos para implementar parte relevante del resto de los planes para su gobierno.

Aquí, en Chile, el nuevo presidente Gabriel Boric tomará posesión el 11 de marzo, pero ya los nombramientos de su gabinete (tanto ministros como subsecretarios) dan cuenta de un entendimiento del futuro ejecutivo de la existente tensión entre sus planes de gobierno y su real posibilidad de ejecución (de hecho, este gabinete sería un reflejo de la necesidad de búsqueda de consensos, en un entorno en el que Boric obtuvo únicamente 26% de los votos, y tan solo el 53% de los electores votaron por alternativas que no son de derecha o centroderecha).

Perú, en sus primeros seis meses de gobierno, nos enseña las consecuencias de no lograr este equilibrio: perderse en esta tensión puede conllevar a inestabilidad en su interior, parálisis legislativa e ineficiencias en las políticas públicas en general (lo que, por cierto, viene acompañado de volatilidad en los mercados financieros). Esperemos que el nuevo Gobierno de Chile no pase por alto esta lección.

*El autor es economista jefe en LarrainVial Research