El pasado 7 de febrero, la ministra del Interior, Carolina Tohá, respondió una carta a las asociaciones de la industria del alcohol, que reúne a los principales gremios de la cerveza, espirituosos y el vino, en respuesta a una misiva que ellos le enviaron el 31 de octubre de 2023, en la que detallaban una serie de complicaciones con la puesta en marcha de la Ley de Etiquetado que empezará a regir al sector a partir del 7 de julio próximo.

En su carta, la Asociación de Productores de Cerveza de Chile (ACECHI), Vinos de Chile, Espirituosos Chile y Pisco Chile explicaron a la secretaria de Estado que “el Manual de Normas Gráficas expedido por el Minsal y que detalla la correcta aplicación de las advertencias y la información del valor energético, se publicó recién el día 6 de octubre de 2023. Sin este manual no era posible enviar a hacer las nuevas etiquetas o envases, toda vez que anticiparse podría haber significado aplicar incorrectamente el reglamento, con los costos que esto significaría para la industria. Es decir, la industria cuenta legalmente solo con 9 meses para implementar las nuevas etiquetas, no 12 meses como se fija en la ley”.

Adicionalmente, plantearon que “grandes distribuidores (supermercados), anticipando la entrada en vigencia de la norma, están solicitando la entrega de productos con las nuevas exigencias de etiquetado a partir del mes de marzo de 2024, lo que deja un plazo efectivo para implementar las nuevas normas de tan sólo 6 meses”.

Por lo mismo, solicitaron “establecer las condiciones para poder cumplir con la nueva normativa y que se considere como criterio de fiscalización la comercialización hasta agotar stocks o existencias, de aquellos productos etiquetados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del reglamento.. Para que esto pueda ser efectivo, sería necesario también que dicho criterio de fiscalización fuera comunicado oficialmente a los retailers y a toda la cadena de distribución, para su conocimiento y aplicación”.

Frente a la carta, la secretaria de Estado precisó los alcances de la regulación y acogió la petición de los gremios de la industria del alcohol. También destacó que los responsables del etiquetado de advertencia serán los productores, fabricantes e importadores y del etiquetado que contiene el valor energético de los productores de bebidas alcohólicas, serán los productores, fabricantes, importadores y distribuidores.

“En tal sentido, los sujetos obligados antes mencionados deberán dar cumplimiento al etiquetado respecto de los productos que estén bajo su esfera de custodia y que no hayan sido puestos en comercialización a contar del 7 de julio de 2024. Ahora bien, cabe precisar que, por dicha razón, no sería exigible para los obligados responsables del etiquetado de advertencia el cumplimiento de dicha obligación para todos aquellos productos que actualmente se encuentran en circulación o en stock en el mercado nacional, como tampoco efectuar el retiro -desde los puntos de venta- de los productos que ya hayan salido de su esfera de custodia, por cuanto la obligación en comento se agotó al momento en que los productos fueron comercializados con anterioridad a la entrada en vigor de la mencionada obligación”, explicó Tohá.

La Ley de Etiquetado comenzó a regir a partir de 2016, y obliga a colocar sellos de “Altos en”, a alimentos que sobrepasan los niveles máximos en calorías, sodio, grasas saturadas y azúcar. Pero con la Ley 21.363, a estos productos se sumarán las bebidas alcohólicas que se comercializan en el país. De acuerdo a la ley, las bebidas alcohólicas igual o mayor a 0.5 grados deberán contener las siguientes etiquetas, conforme al nuevo reglamento:

“No beber al conducir” (con un dibujo tachado de un automóvil).

“Riesgo para tu bebé” (con un dibujo tachado de una mujer embarazada bebiendo).

“No beber menores de 18 años” (con un dibujo tachado que indica “-18″).

En su carta, los gremios de la industria del alcohol explicaron a la ministra Tohá que “hay un impacto económico asociado al recambio de etiquetas y al que eventualmente algunos productos no lleguen a tiempo con el nuevo sistema de etiquetado a góndola”. En esa línea, la misiva consignó que se proyecta que, dado el escaso tiempo de implementación, se generarán al menos siete pérdidas y/o costos adicionales, como la obsolescencia de envases y etiquetas; impresión de stickers; faenas de etiquetado y reetiquetado manual (en bodega y/o góndola); recall de productos (retiro de producto desde el punto de venta); stress logístico; costos ambientales (huella de carbono, pérdida de material, aumento de residuos, etc.), y costos adicionales a casas matrices.

En el marco del proceso de implementación de la normativa, los gremios de la industria del alcohol activaron una serie de reuniones por lobby con el objetivo de explicar los nocivos efectos que provocaría el retiro de productos de las góndolas de supermercados. El 19 de enero las asociaciones se reunieron con la ministra del Interior, Carolina Tohá en La Moneda.

Los dirigentes gremiales acudieron a la reunión destacando el rol del Ministerio del Interior, ya que fue el encargado de dirimir las discrepancias entre los ministerios que estuvieron a cargo de la confección del reglamento.

“Creemos importante el poder reunirnos con ustedes - como industria - para presentarles algunas preocupaciones que tenemos respecto al manual de fiscalización (el cual se está confeccionando) y que creemos que afectaría gravemente a la industria (fundamentalmente a las PYMES y a la gran cantidad de trabajos directos e indirectos que da el sector), debido a la intención de la autoridad de que exista un recall (retirada de productos en los puntos de venta), cosa prácticamente inédita para la industria”, consignó el acta de la reunión, que se extendió por una hora.

“Creemos que modificando los criterios de fiscalización por medio del manual del mismo, podemos hacer que se cumpla lo establecido en la ley y en el reglamento, pero sin afectar a la industria y especialmente a las PYMES”, concluyó.