El pasado 1 de agosto entró en vigor la Ley Karin, que actualiza la normativa chilena sobre acoso, discriminación y violencia en el ámbito laboral. Esta legislación obliga a empresas y organismos del Estado a implementar protocolos de prevención frente al acoso laboral, acoso sexual y la violencia en el trabajo.

Hasta el 18 de noviembre, la Dirección del Trabajo (DT) ha asignado a 397 funcionarios para la resolución de denuncias ingresadas en el marco de la Ley Karin, tanto con dedicación exclusiva como no exclusiva, según informó la institución a Pulso en respuesta a una solicitud de acceso a la información pública.

La DT detalló que su dotación total asciende a 2.326 personas, de las cuales 1.207 son contratadas, 1.115 pertenecen a planta y 4 tienen suplencia de planta. Esto significa que las 397 personas destinadas a labores relacionadas con la nueva normativa impulsada durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric equivalen al 17% del personal.

La institución entregó una tabla que abarca las 16 regiones del país, desde Arica y Parinacota hasta Magallanes y la Antártica Chilena, dividiendo la Región Metropolitana en zonas Oriente y Poniente. Además, distingue entre funcionarios con dedicación exclusiva y aquellos con dedicación no exclusiva.

A nivel nacional, 94 funcionarios en total, 35 abogados y 59 fiscalizadores, tienen dedicación exclusiva para atender denuncias relacionadas con la Ley Karin, es decir el 4% del total de funcionarios de la Dirección del Trabajo. Mientras que 127 abogados y 176 fiscalizadores trabajan en estas materias sin exclusividad.

Las cinco zonas con mayor cantidad de trabajadores asignados -de forma exclusiva y no exclusiva- a la resolución de denuncias relacionadas con la Ley Karin son: Biobío (47), Metropolitana Poniente (45), Los Lagos (41), Metropolitana Oriente (36) y Coquimbo (29). Por el contrario, las cinco regiones con menor número de funcionarios asignados son: Magallanes (4), Arica y Parinacota (6), Tarapacá (10), Ñuble (15) y Los Ríos (18).

En cuanto a la distribución de abogados con dedicación exclusiva, las regiones de Antofagasta, Arica y Parinacota, Aysén, Los Ríos, Magallanes, Maule y O’Higgins no cuentan con ningún profesional en esta categoría. Asimismo, Ñuble carece de fiscalizadores con dedicación exclusiva para abordar denuncias relacionadas con este nuevo cuerpo legal.

Según cifras del Ministerio del Trabajo, entre el 1 y el 31 de agosto se registraron 4.820 denuncias calificadas bajo la normativa de la Ley Karin. De estas, 3.844 corresponden al sector privado y 976 al sector público.

En el sector privado, de las 3.844 denuncias ingresadas, 2.928 (76%) se encuentran en etapa de análisis jurídico, mientras que las restantes 906 están en trámite de fiscalización. De estas últimas, 795 (87,8%) corresponden a casos de acoso laboral; 64 (7%) a acoso sexual; y 47 (5,2%) a violencia en el trabajo.

Pulso consultó al director de la Dirección del Trabajo, Pablo Zenteno, sobre su balance de la implementación de la Ley Karin hasta la fecha.

“Esta es una ley que implica un cambio de paradigma en las relaciones laborales al introducir la prevención del acoso laboral, el maltrato y la violencia como un elemento central. Esto ha generado una mayor concientización y ha llevado a que los trabajadores ejerzan sus derechos presentando denuncias. Esto, a su vez, ha implicado una carga significativa de casos que estamos recibiendo, evaluando y derivando a investigación. Esperamos que, en el futuro, esta situación se normalice a medida que las empresas implementen las acciones preventivas que exige la normativa”, explicó.

Sobre posibles ajustes a la normativa, Zenteno señaló: “Es una ley que lleva muy poco tiempo en implementación. Estamos recopilando información, reuniéndonos con equipos regionales y recibiendo retroalimentación de organizaciones y asociaciones de funcionarios para diagnosticar esta primera fase. Por ahora, es demasiado pronto para proponer ajustes específicos; debemos seguir evaluando el proceso”.

Al ser consultado sobre la posible sobrecarga laboral para los funcionarios, Zenteno admitió que la cantidad de denuncias ha supuesto un desafío institucional. “Hemos adoptado medidas como la asignación de dedicación exclusiva a ciertos funcionarios para atender denuncias e investigaciones bajo la Ley Karin, complementado por otros que apoyan los procesos en distintas áreas de fiscalización. Esperamos que, con el refuerzo presupuestario en discusión, podamos aumentar nuestra dotación de personal mediante nuevos concursos públicos para atender esta ley, que fue aprobada de manera transversal”, sostuvo.

Zenteno concluyó destacando que “el foco principal de esta normativa es la prevención. Es allí donde todos los actores del sistema, particularmente las empresas, deben concentrar sus esfuerzos”.