Ley REP: exitoso modelo de colaboración público privada

En enero de 2023, las empresas que instalan envases y embalajes en el mercado deberán no solo hacerse cargo de los residuos que estos generan una vez que terminan su vida útil, sino que además deberán reciclarlos hasta llegar progresivamente a una meta que -en conjunto- alcanza el 60% de reciclaje para este tipo de productos, permitiendo que Chile lidere entre los estándares OCDE más altos en esta materia en apenas una década.

Esto es producto de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP), promulgada en 2016 y que establece esta alta exigencia para quienes venden cada año millones de productos de consumo masivo. Sin embargo, su origen se remonta a más de 10 años y va mucho más allá de una decisión legislativa o gubernamental. La Ley REP, considerada la legislación ambiental más importante de la última década, es fruto de largas conversaciones y acuerdos entre múltiples actores para acordar una normativa de reciclaje que nos llevará a los más altos estándares globales.

En 2006, tras la primera evaluación ambiental de la OCDE a Chile, país que aspiraba a integrarse a esta organización, se inició un proceso de discusión que convocó a especialistas, la industria, gestores de residuos y autoridades, para luego realizar los primeros estudios respecto de algunos productos. La información sobre cuánto material se disponía en el mercado, y cuánto de eso se reciclaba, era entonces prácticamente inexistente.

Tras algunos intentos fallidos de elaborar una legislación al respecto, en 2012 las conversaciones se activaron a partir de algunas mociones parlamentarias y del trabajo llevado adelante por el Comité Pro Reciclaje del Empresariado, creado en octubre de 2011 con 10 gremios y 193 empresas. Este trabajo conjunto llevó a un proyecto de acuerdo unánime en la Cámara de Diputados en 2013, solicitando al gobierno el envío inmediato de la Ley REP al Congreso, con el objeto de avanzar en forma rápida en su discusión y tramitación legislativa. Ese mismo año, el proyecto entró al Congreso incorporando la mayor parte de los aspectos que hoy están contenidos en la ley.

Desde entonces, y hasta su promulgación, se realizó un trabajo arduo, coordinado y colaborativo entre el Ejecutivo, el Congreso, gremios, empresas, gestores de residuos, la academia, los recicladores de base y diversas organizaciones ciudadanas. Lo mismo ocurrió luego, al definir los decretos de metas para cada uno de los productos prioritarios establecidos en la ley, con la creación de los denominados Comités Operativos Ampliados, donde todos los actores colaboraron con estudios, puntos de vista y diálogo, para llegar a acuerdos y enriquecer las propuestas que originalmente se ponían en la mesa.

Hoy, cuando la Ley REP está ad portas de su implementación definitiva, que se hará finalmente una realidad en los hogares del país a través del retiro de los productos reciclables desde sus domicilios, podemos decir que la Ley REP no solo es la política ambiental más importante, sino que la experiencia de colaboración público-privada más relevante, de mayor impacto y alcance de los últimos años.

En un país que pretende avanzar hacia un desarrollo sostenible, donde hoy se suman nuevos retos como la descarbonización, el avance de la economía circular y la adaptación al cambio climático, los gremios -y sus empresas asociadas- tienen un rol cada vez más importante que cumplir. Hoy nuestras empresas, de diversos sectores, están asumiendo un rol proactivo en la sociedad que va mucho más allá de los dividendos, y que se plasman en exigencias de sostenibilidad social y ambiental en todos los sectores de la actividad económica.

Por ello, creemos que tenemos mucho que aportar en la discusión de las nuevas políticas que definirán el futuro del país, y que el diálogo y la colaboración serán la base para que estas perduren en el tiempo. Justamente, este aspecto cobra vital importancia en el contexto de la discusión constitucional que se está dando en el país, donde es fundamental representar a los distintos sectores de la sociedad, bajo un trabajo colaborativo en común que permita construir una Constitución para todos.

La Ley REP fue un primer ejercicio de un amplio trabajo conjunto entre diversos sectores económicos, el Ejecutivo, la sociedad civil y la academia. Un modelo colaborativo de construcción de la ley que llevó a una normativa consensuada pero exigente, acorde con los estándares más altos a nivel global, y de la que todos nos sentimos parte. Por ello, su éxito será el éxito de todos nosotros.