Licitación de pasaportes llega a la justicia: presentan querella contra director del Registro Civil por “privilegiar” a Aisino

El viernes poco antes de las 21:00 horas el Registro Civil comunicó que adjudicó finalmente el desarrollo de los pasaportes y cédulas de identidad al consorcio liderado por la empresa china Aisino. Habían pasado la barrera técnica y económica, por lo que su triunfo era esperable. Mientras en el organismo redactaban la resolución final, en el 7° Juzgado de Garantía se fraguaba otro capítulo de la licitación de pasaportes.

Durante la tarde ingresó una querella contra el director del Registro Civil, Sergio Mierzejewski, que acusa supuestos privilegios asociados a la compañía asiática. La acción no sólo recae sobre la máxima autoridad del organismo, sino también sobre el jefe de Tecnología y Servicios de Identificación, Ricardo Salgado, y el ex coordinador del proceso de licitación e implantación del Sistema de Identificación de Chile en 2010, Luis Fuentes.

El querellante es el informático Bruno Opazo Ruiz. Según su descripción de Linkedin es consultor internacional en sistemas de identificación y migración, documentos de identidad y viaje; asesor hasta agosto de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI); ex gerente de Programa de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la Información (ACTI); y anterior jefe de desarrollo informático del Registro Civil entre 2006 y 2013.

Opazo fue parte del equipo que armó el organismo para monitorear y aprobar los informes bimestrales y avances del proyecto de la francesa Morpho, hoy Idemia, que se adjudicó justamente el anterior proceso para desarrollar los pasaportes y las cédulas, y es quien opera el sistema actualmente. Incluso -en 2010- actuó como testigo de Morpho en un proceso de impugnación de esa licitación. Y entre 2014 y 2016, en calidad de gerente general de la empresa de tecnología TSProvider, Opazo participó en reuniones con autoridades junto a los representantes de Morpho, según se lee en la plataforma del Lobby. En Idemia, aseguraron desconocer la querella.

Contactado el abogado de Opazo, Angelo Dini, declinó hacer comentarios respecto a la acción en cuestión. Precisó, eso sí, que su cliente está actuando a título personal y no representa a ninguna empresa. Hoy Idemia, y otro de los competidores, Sonda-Thales, mantienen vigentes impugnaciones al proceso ante el Tribunal de Contratación Pública.

Doce páginas tiene la querella que el sábado fue declarada admisible por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago. En ella se imputan cuatro delitos: negociación incompatible, tráfico de influencia, violación de secreto y uso de información reservada.

La acción parte resumiendo la licitación anterior iniciada en 2008. Ese proceso generó una serie de reclamaciones que terminaron con la destitución del director del Registro Civil de la época. En 2010, la Contraloría ordenó al organismo iniciar un sumario administrativo para determinar -se lee en la denuncia- por qué Luis Fuentes había participado del proceso sin estar contratado para ello. En diciembre de ese año terminó el contrato de Fuentes. Tras el sumario, también fue destituido el subdirector de Estudios y Desarrollo del Registro Civil, Rodrigo Seisdedos.

“El contexto anterior, sirve para informar la reiteración de situaciones o modus operandi”, señala la demanda. Añade: “Conforme a los antecedentes que posee esta parte, los que serán oportunamente aportados al Ministerio Público, existen indicios que claramente apuntan a concluir que en el proceso de licitación del año 2020 se han cometido una serie de irregularidades que dan cuenta de la perpetración de los delitos que más adelante se indican”.

La querella da cuenta de que Luis Fuentes fue recontratado en el Registro Civil entre junio y diciembre de 2018, siendo parte de la elaboración de las bases del nuevo proceso de licitación. “Luego de haber tenido conocimiento de ellas, realizó gestiones a nombre de la empresa Aisino Corporate, solicitando presupuestos a distintas empresas, entre ellas Entel, eSign y Solem, además de hacer un requerimiento vía ley de transparencia pasiva al Registro Civil e Identificación, en el mes de noviembre de 2020, todo con el fin de preparar la oferta que posteriormente será presentada al mismo Registro Civil e identificación”.

Subrayan haber advertido que Rodrigo Seisdedos también trabajaba para Aisino. Citan un grupo de WathsApp donde revelaría esta vinculación, y un twitter de éste último, cuyo usuario sería el mismo tras el que aparece presentando la oferta del conglomerado asiático.

“Todo lo anterior evidencia el eventual vínculo existente entre ex funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación y la Unión Temporal de Proveedores (UTP) integrada por la empresa Aisino Corporate”, se lee.

Respecto al director de la entidad, la querella apunta básicamente a declaraciones dadas por la dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Registro Civil, Nelly Díaz, quien en sesión de fecha 27 de septiembre de 2021 de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados aseguró que “los operadores están instalados en el servicio”. Que han oficiado al director Sergio Mierzejewski al respecto y no han obtenido respuesta. Acusa -se consigna en la querella- que “lo único que le interesa a él es el negocio. ¿Por qué ahora estoy fuera del servicio? Porque se lo denuncié, se lo denuncié en su cara, porque yo vi a los señores paseándose, yo trabajaba a una puerta del director nacional (…) yo veía las visitas que tenía el director”.

La querella asegura que tales dichos “hacen referencia principalmente a lobistas que actúan dentro del Registro Civil a sabiendas del director nacional, con la finalidad de influir en el proceso de licitación”.

A juicio del querellante, los hechos denunciados serían constitutivos de los delitos ya mencionados.

En su presentación, afirma que la violación de secreto y uso de información reservada se habría cometido en la medida que existirían indicios que demostrarían que actuales y exfuncionarios públicos tuvieron acceso a información reservada o secreta y, posteriormente, develaron o entregaron dicha información a terceros, lo que -se lee- “habría tenido como efecto que, en la licitación ya antes mencionada fuera privilegiada una empresa en particular”.

Añade que el tráfico de influencia se sustentaría en el hecho de los querellados habrían ejercido presiones para que otros funcionarios públicos decidieran el proceso de licitación en favor de una de las empresas participantes.

Si bien el tribunal aseguró el sábado que las diligencias las determinará el fiscal que sea asignado al caso, las partes pidieron que se despache orden de investigar a la Brigada Investigadora de Delitos Funcionarios de la Policía de Investigaciones, junto con pedir declarar al querellante Bruno Opazo; y al abogado Matías Aránguiz y al ingeniero Juan Bennett, ambos respecto a su intervención en el desarrollo de las bases.

A ello se suma una petición de autorización para obtener los correos emanados del mail personal de Luis Fuentes y del correo institucional del director del Registro Civil entre 2018 y 2021. Y que se oficie a la CMF para que informe las instituciones bancarias en las que los querellados mantenían productos en ese período.

Hasta el cierre de esta edición, el Registro Civil no se había referido a la querella.