“En representación de Bupa Chile me dirijo a usted para manifestar nuestra profunda preocupación y sorpresa frente a la dictación, por parte de la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud, de sentencias que acogen las demandas arbitrales interpuestas por los afiliados de Isapre CruzBlanca, con ocasión del alza de precio base de los planes bases de salud de este año 2022”.

Eso comienza diciendo una carta que envió la semana pasada Antonio Cantó, gerente general de Bupa Chile S.A, controlador de isapre Cruz Blanca, al superintendente de Salud, Víctor Torres, donde principalmente se refiere a la decisión de primera instancia que adoptó la Superintendencia el mes pasado de rechazar el alza de planes de salud.

Ahí continúa diciendo que “el criterio establecido por la Intendencia en nuestra opinión contraviene directamente lo establecido por la Ley N°21.350, que regula el procedimiento para ajustar el precio de los planes y faculta a las isapres para ajustar los precios en los términos en que lo hizo Isapre Cruz Blanca. Esta ley, promulgada en 2021, fue aprobada con amplio respaldo en el Congreso Nacional y hoy a menos de un año de su implementación se está viendo quebrantada precisamente por quien es el encargado de aplicarla”.

La misiva que fue enviada con copia al Presidente de la República, Gabriel Boric; al ministro de Hacienda, Mario Marcel; a la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola; y a la ministra de Salud, María Begoña Yarza; agrega que “la decisión recientemente adoptada agudiza la incertidumbre que existe hoy en la industria de las Instituciones de Salud Previsional y debilita cada vez más la certeza técnica y jurídica de todo el sistema de salud, erosionando la confianza del país con los inversionistas nacionales y extranjeros”.

También señala que tal como le manifestaron el pasado 8 de junio mediante una reunión solicitada por ley del lobby, “las isapres se encuentran en un escenario económico sin precedentes, marcado por pérdidas históricas, producto de nuevas regulaciones, tales como la imposibilidad de realizar los últimos dos procesos de adecuación de precios de los planes, el financiamiento extraordinario de las Licencias Médicas Preventivas Parentales y la judicialización permanente y extendida a la tabla de factores”.

Y comenta que si a todo lo anterior se suma “la decisión de la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud, no solo se arriesga la viabilidad financiera de las Isapres en el corto plazo, sino que se afecta severamente toda la cadena financiera del ecosistema de salud, con un impacto enorme en los prestadores de salud en todos los ámbitos y magnitudes, del cual Bupa Chile también forma parte”.

En esa línea, la carta menciona que “la necesidad de reajustar los precios de los planes de salud es urgente y apremiante. Por más esfuerzos que realicemos para contener costos, la adecuación de precios sigue siendo la principal herramienta de la legislación actual para mantener la sostenibilidad y seguir garantizando el acceso a los beneficios de salud de los afiliados. En ese sentido, la Ley N°21.350 vino a regular este procedimiento para dar la objetividad y certeza jurídica que todas las partes involucradas requerían. El reciente fallo de la Intendencia lo desconoce y no hace más que profundizar la incertidumbre jurídica que enfrenta el sector en muchos ámbitos”.

El gerente general de Bupa Chile recuerda que “dicha incertidumbre y desprotección ha motivado que nuestro controlador active el procedimiento de resolución de controversias establecido por los tratados internacionales entre Chile y Reino Unido, para generar de manera urgente una instancia de diálogo con el Estado chileno. Este mecanismo, responde a la necesidad apremiante de exponer a las más altas autoridades la grave situación que enfrenta Isapre CruzBlanca y para buscar soluciones concretas que aseguren la viabilidad financiera en el corto plazo del sistema que atiende a más de 3,3 millones de personas. Todo, previo a la posibilidad de interponer una demanda arbitral en el Ciadi”.

La misiva concluye diciendo que “para Bupa Chile y CruzBlanca es imperativo avanzar en los cambios y reformas que puedan resolver los desafíos de salud de todos los chilenos, voluntad que hemos comunicado en distintas instancias. Sin embargo, para proyectarse en esos objetivos se hace urgente otorgar la certeza jurídica y regulatoria que permita a la compañía y a otros actores privados seguir operando en el corto plazo, aportando a la salud en el país”.