A pocas horas del término de expirar el plazo, varios grupos económicos manifestaron su posición frente al expediente de recomendación normativa que abrió el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, a petición de Conadecus, para analizar el peso de los grandes conglomerados en la economía chilena. Todos -sin excepción- solicitaron rechazar la petición de la agrupación de consumidores, señalando que carece de fundamento, destacando que la institucionalidad vigente tiene instrumentos para detectar las fallas del mercado que limitan la libre competencia.

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Conadecus, asesorada por el abogado Mario Bravo, quien trabajó en la Fiscalía Nacional Económica (FNE) durante 12 años, pretende que el TDLC proponga al Presidente de la República Gabriel Boric un proyecto de “Ley de Reducción de la Concentración Económica Agregada”.

Frente a la arremetida, que podría terminar incluso en la Corte Suprema -en la Tercera Sala, que preside el juez Sergio Muñoz-, los grandes grupos empresariales activaron sus equipos legales internos y diversos abogados especializados en libre competencia.

El grupo Luksic, a través de Quiñenco, conglomerado que se desarrolla en ocho sectores de la economía y emplea a más de 74.500 personas, contrató los servicios de Bering Asesores, oficina liderada por el ex fiscal nacional económico, Ricardo Riesco y el ex jefe de la División Estudios de Mercado de la misma agencia, Sebastián Castro. Laura Costabal y Andrea Amaro también forman parte del equipo que asesora al holding. La denominación Bering fue elegida como una alusión al estrecho del mismo nombre y alude a la unión de disciplinas en esa oficina.

El Grupo Angelini fichó los servicios de Pellegrini & Rencoret. El estudio boutique, especialista en libre competencia y litigios civiles, fundado por Julio Pellegrini y Pedro Rencoret, asumió la representación de Inversiones Angelini y Compañía Limitada. El conglomerado, que reúne a cuatro sociedades (Antarchile, Inversiones Siemel, Empresas Copec e Inversiones Nutravalor), también delegó poderes a Diego Ramos y Cristóbal Ureta.

El Grupo Matte es asesorado por Alfredo Alcaíno y Jaime De La Hoz, socio y asociado de Alcaíno Abogados, respectivamente. El bufete tiene más de 40 años de historia y se especializa, dice su página web, en prestar una “asesoría legal integral, que comprende la estructuración jurídica de los negocios y empresas de sus clientes e incluye su defensa judicial en cualquier clase de conflictos o litigios”. El conglomerado, a través de Minera Valparaíso y Bicecorp, expuso una serie de reparos a la propuesta de Conadecus.

En tanto, Empresas Juan Yarur es asesorada por los abogados Ignacio Larraín, Catalina Montero, Camilo Larraín y Tomás Alcalde del estudio Vial Larraín Femenías. También es una firma-boutique, especializada en la resolución de conflictos de alta complejidad. “Nuestra practica se concentra en el arbitraje, la libre competencia y la litigación civil, penal y administrativa”, se presentan.

Por su parte, Banco de Chile, es representado por los abogados Cristóbal Eyzaguirre, Santiago Bravo y Martín Fischer de Claro & Cía. En su página web dice que, “desde su fundación en 1880, es una de las oficinas más prestigiosas de servicios legales en Chile”. El estudio cuenta con amplia experiencia en litigios de alta complejidad. En su momento, el estudio asesoró a Empresas CMPC por la colusión de derivados de papel con SCA, y hoy representa a Isidoro Quiroga y su conflicto con los chinos por la compra de Australis Seafoods. También asesora a SQM en su alianza con Codelco.

Falabella, conglomerado controlado por las familias Solari, Del Río y Cúneo, es representada por la abogada Nicole Nehme, socia de FerradaNehme, quien posee una dilatada trayectoria en juicios de libre competencia. La jurista representó a Fasa en la denominada colusión de las farmacias, que enfrentó también a Salcobrand y Farmacias Cruz Verde en 2012. Raffaela Corte Antonelli, Diego Hernández, Sebastián Morales y Camilo Rojas participan en la defensa del retailer con presencia en México, Brasil, Uruguay y Argentina, Chile, Perú y Colombia.

Consorcio Financiero, controlado por las familias Hurtado, Garcés y Fernández León, encomendó su defensa a Marcelo Giovanazzi, de Alcaíno Abogados, el estudio que trabaja con los Matte, y Andrés Rioseco López, de González y Rioseco.

Por último, Inversiones La Construcción (ILC) es representada por Benjamín Grebe y Andrea Von Chrismar, de Prieto Abogados. Grebe tiene amplia experiencia en asuntos de competencia, especialmente en el manejo de casos ante el TDLC y la FNE.

Los gremios también manifestaron su rechazo a la petición regulatoria de Conadecus. En esa línea, la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) cuenta con la asesoría de Cariola Diez Pérez Cotapos. Su defensa es liderada por los abogados Juan Cristóbal Gumucio, Marcelo Mayor, Andrés Hananía y José Luis García.

En la misma línea, la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) fichó los servicios de Bordoli & Doren. Carla Bordoli y Cristián Doren se especializan en “en áreas complejas del derecho económico y de los negocios”. Ambos trabajaron en FerradaNehme. La oficina tiene 10 años de antiguedad y la conforman nueve abogados: todos estudiaron derecho en la Universidad de Chile.

La Asociación Gremial De Emprendedores de Chile es representada por Cristián Reyes, Óscar Gárate, Constanza Burgos y José Tomás Gutiérrez, de Aninat Abogados. Anteriormente, Reyes lideró la División de Litigios y la División Jurídica de la FNE.

Otra oficina que también tiene 10 años es Barros, Silva, Varela & Vigil, la cual a través de su socio el abogado José Manuel Bustamante, representa a Libertad y Desarrollo (LyD) en la discusión de conglomerados económicos. “Somos el estudio con el ritmo de crecimiento más rápido del mercado legal chileno”, afirman en su página web.

Mientras, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile (ABIF) no contó con asesoría externa de abogados y su fiscal Juan Esteban Laval asumió la representación.