Los 30 “no sé” de la gerenta general de Engie Chile en juicio que la enfrenta a una firma minera

La gerente general de la eléctrica Engie en Chile, la francesa Rosalinde Corinthien Pivetta, se presentó el pasado martes 20 de febrero a declarar ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta para responder a las consultas de Green Canyon Spa, sociedad que denunció a la generadora de energía por instalar un parque eólico en una zona donde la minera chilena, propiedad de Raúl Araya y la familia Cienfuegos, tiene concesiones mineras.

La “denuncia de obra nueva”, como se llama el procedimiento establecido en el Código de Minería para proteger los derechos de un concesionario, fue presentada por Green Canyon ante el Juzgado de Garantía de Calama en enero, “por la construcción del Parque Eólico Calama en un terreno sin la autorización ni el acuerdo de los concesionarios del subsuelo”, dijo la minera en una declaración.

Sin embargo, este litigio viene desde el 2019, por el supuesto incumplimiento de la generadora de un acuerdo de confidencialidad aparentemente firmado entre ambas partes. Green Canyon ha señalado que Engie se había acercado a ellos “sabiendo” que tenían concesiones mineras en el lugar y que les habrían ofrecido comprar o arrendar tales concesiones, para lo cual se habría firmado un supuesto acuerdo que, según los denunciantes, nunca se llevó a efecto.

Con ese antecedente, la minera acudió al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio en Santiago, el que determinó que existió incumplimiento por parte de Engie, con cuyo antecedente presentó la denuncia de obra nueva ante el Juzgado de Garantía de Calama, que ahora se encuentra en manos de la Corte de Apelaciones regional.

Bajo este contexto, la actual CEO de Engie acudió el martes pasado a la instancia de “absolución de posiciones” acompañada por sus abogados Elías Soto, José Miguel Hernández, Manuel Hinojosa y Eliseo Levicán. Por el lado de la demandante, se presentó el abogado Waldo Parra y el gerente general de Green Canyon y uno de sus socios, Cristián Cienfuegos. E incluso estuvo un perito traductor en inglés, pues el interrogatorio a la ejecutiva francesa fue en ese idioma.

El cuestionario de la demandante constaba de 35 preguntas. De ellas, a 30 la gerenta de Engie respondió “no sé” o “no tengo la información”.

Entre las preguntas a las que respondió de manera distinta, afirmativamente, fueron sobre si Engie efectivamente había iniciado la construcción de su proyecto, situado a unos 12 kilómetros de Calama, en 2019, o si el parque eólico estaba en funcionamiento y entregaba energía al sistema.

Sin embargo, en lo referido al litigio mismo, optó por declarar que no tenía conocimiento. Dijo no saber, por ejemplo, si el proyecto opera en la comuna de Calama, si cuenta con la recepción final de obra o con su patente comercial entregada por el municipio local. Estas consultas eran relevantes para Green Canyon, pues a inicios de febrero la minera presentó a la Corte antecedentes que apuntaban a que la firma no contaba con tales permisos.

Ante la pregunta de si Engie había extraído carbonato de calcio para instalar su proyecto, la gerenta respondió que no sabía pues en el momento de las obras residía en Francia. De acuerdo a la versión de la minera demandante, ese material le pertenece pues se encuentra dentro de su concesión. También se le consultó si Engie tiene concesiones mineras, llamadas Oasis I y Oasis II, en una zona adyacente a su proyecto y a las que reclama Green Canyon, y dijo no saber.

A Rosalinde también se le consultó por la Declaración de Impacto Ambiental presentada por el proyecto, en la que Engie indica que instalará 36 aerogeneradores y que cada uno requiere una excavación de 1.593 metros cúbicos. Aquí reconoció la existencia del documento e indicó que se atenía a lo que en él se afirmaba.

Además, sostuvo conocer vagamente la existencia de un acuerdo de confidencialidad para arrendar o comprar las concesiones mineras propiedad de Green Canyon Spa, llamadas “Cañón Verde I 1-20″, “Cañón Verde II 1-10″ y “Cañón Verde III 1-32″, que se habría suscrito en abril del 2019 entre Engie y Raúl Araya, presidente y socio principal de Green Canyon. “Estoy consciente de que el contrato existía, pero no de su contenido, dado que no es objeto de este juicio”, sostuvo. “No sé del contenido del contrato y no sé de la ubicación de las concesiones”, agregó.

También se le consultó si sabía de la existencia de una demanda arbitral en contra de Engie en el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santiago por no haber cumplido el acuerdo de confidencialidad firmado entre ambas partes, y dijo estar enterada del juicio, pero que no conocía las razones de la demanda y los detalles del juicio.