41Abogados es el nombre del estudio que ocupa actualmente la oficina de 338 metros cuadrados que Luis Hermosilla, imputado por presuntos delitos tributarios y lavado de activos, ocupó desde 2017 hasta fines de 2023, cuando explotó el escándalo. En una de sus salas de reuniones, el 22 de junio de 2023, Leonarda Villalobos grabó una conversación en la que Hermosilla y Daniel Sauer discutían la planificación de pagos de coimas a funcionarios públicos. Esto ocurrió en medio de la arremetida de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) contra STF Capital, corredora de bolsa de propiedad de los hermanos Sauer y Rodrigo Topelberg.

El estudio de abogados que arrendó las oficinas a sociedades ligadas al grupo Patio se encuentra en etapa de formación e inscripción de su razón social y está compuesto por 33 miembros, de los cuales 12 son socios. Entre ellos están Cristián Vistoso, especializado en litigación de alta complejidad tributaria; Francisco Diez, enfocado en el ámbito inmobiliario y corporativo; y Eduardo Huidobro, con experiencia en derecho corporativo y tributario. También forman parte del equipo Andrés Gidi, experto en derecho laboral, y Sebastián Huidobro, dedicado al área corporativa y minera.

En el ámbito penal económico, el bufete cuenta con Ilan Russo, Ilan Eck e Ítalo León. Además, Pablo Araya Zacarías, quien participa en la litigación de delitos económicos de alta complejidad, mientras que Diego Khamis se enfoca en derecho corporativo y relaciones internacionales. Finalmente, Nicolás Jiménez, centrado en litigación civil, y Nicolás Oxman, experto en derecho penal económico, completan el equipo de socios.

En conversación con Pulso, cuatro de los socios relataron su llegada a esa oficina.

“No reconocemos ningún tipo de carga delictual ni que se hayan realizado actos ilícitos, porque no tenemos ningún vínculo con los anteriores ocupantes. Somos una oficina nueva y rompemos con las tradiciones. Esta oficina antes se llamaba Hermosilla & Compañía y buscamos ser rupturistas en la estructura jurídica tradicional chilena, donde los apellidos tienen demasiada relevancia”, explicó Araya Zacarías.

Actualmente, Pablo Araya Zacarías es abogado de Daniel y Ariel Sauer en el denominado caso Audio. También asesora a Matías Muñoz, exsecretario de la Asociación de Farmacias Populares (Achifarp), que liderara el edil de Recoleta Daniel Jadue. También representa al excandidato presidencial de la Lista del Pueblo, Diego Ancalao, quien se encuentra imputado por los presuntos delitos de fraude, estafa y lavado de activos. Araya Zacarías comenzó su carrera a los 20 años cuando ingresó al estudio Asesoría e Inversiones Luis Hermosilla, Andrés Chadwick y Álvaro Morales. El litigante destaca entre sus logros el haber obtenido la primera sentencia condenatoria en Inverlink en la Corte Suprema.

Además, Araya Zacarías es un activo defensor de la causa de Palestina. Recientemente viajó a Suiza, Egipto y Turquía para recoger los testimonios de palestinos que debieron salir de Gaza en medio de los ataques del ejército de Israel.

“A ninguno de nosotros nos ha interesado la figuración publica por sí solos. Y personalmente en los años de ejercicio que llevo, junto a mi equipo, y debido al perfil de mis clientes, siempre he mantenido un perfil bajo, pues a ellos siempre han preferido un tratamiento más boutique por el tipo de defensas mediática que me ha tocado conducir”, añadió.

El estudio está ubicado en el cuarto piso del edificio Alonso, by Grupo Patio, en Avenida Alonso de Córdova 3788, comuna de Vitacura. El inmueble cuenta con al menos 15 despachos, dos de los cuales, los de mayor tamaño ocupadas, son ocupados por Araya y Diez.

El abogado Sebastián Huidobro dice que, “más allá de la carga que pudiera haber, para nosotros el inmueble tiene un carácter netamente utilitarista y práctico por su ubicación. Nosotros teníamos que fusionar dos estudios de abogados y este espacio nos acomodaba a la perfección por la cantidad de oficinas”, añadió.

Según Francisco Diez, 41Abogados nació de la fusión de parte de los abogados de DS Abogados y León Abogados. A ellos se sumaron Pablo Araya y Cristian Vistoso, quienes ejercían la profesión de manera independiente.

“Cada uno de nosotros traía un muy buen historial profesional y académico, proveniente de muy buenas universidades. Nos unimos con el objetivo de crear una oficina nueva, donde no queríamos que uno sobresaliera por sobre el otro, sino que fuera la oficina la que destacara, con el compromiso subyacente de brindar un buen servicio a nuestros clientes”, explicó Cristián Vistoso.

Araya y Vistoso habían coincidido durante su paso por el Servicio de Impuestos Internos entre los años 2008 y 2012. Araya se desempeñó en la oficina de litigación penal y Vistoso, en defensa judicial y fiscalización de medianas y grandes empresas.

“Con Sebastián (Huidobro) fuimos compañeros de universidad y conocemos a nuestras familias. Y el equipo humano es lo importante. Desde el junior hasta el socio con más años de experiencia, todos estamos al servicio de nuestros clientes”, comentó Vistoso.

“Nosotros veníamos con protocolos de conflictos de interés desde la otra oficina. Es el ABC de las oficinas de abogados, porque cada uno ejerce en su área de especialidad. Eso lo tenemos. Pero tomamos otras medidas también, tenemos la libertad de decir si queremos o no trabajar con un cliente”, asegura Vistoso.

Araya también menciona que tienen normativas internas de conflictos de interés. Un ejemplo de ello es que si un abogado toma un cliente, debe comunicarlo a sus socios, para cubrirse y evitar problemas que pongan en riesgo la ética profesional.

“Hacemos un filtro previo y, en algunos casos, hemos perdido clientes bastante importantes, pero preferimos no cruzar esa línea”, afirmó.

Diez agrega: “El estándar ético en nuestra profesión es mínimo. Lo que está pasando hoy no tiene parangón. Se ha sobrepasado todo límite. El concepto del nombre del estudio también va asociado a eso. Esto es un tema de confianza. Si te va bien con un cliente, ese cliente te trae seis más. Si te va mal, ese mismo cliente te quita a veinte”.