Los cambios al modelo económico que está delineando la Convención: un Estado social y con el medioambiente como eje rector

El pleno de la Convención Constitucional rechazó en general, hace poco más de una semana, el segundo informe de la comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico, por lo que este lunes esta última instancia votará los cambios para poder enviar un nuevo texto al pleno, documento que, entre otras cosas, contiene normas sobre modelo económico.

¿Cuál es, preliminarmente, el modelo económico que habría en Chile con la nueva Constitución, a partir de lo que ya se ha aprobado en el pleno y lo que falta por discutir en la comisión de Medio Ambiente?

El profesor de Derecho UC y miembro del Foro Constitucional UC, Arturo Fermandois, cree que “el texto originalmente aprobado por la comisión de Medio Ambiente, afortunadamente rechazado por el pleno, era un violento reflote de la más intensa economía sesentera de países socialistas, altamente estatizada, centralmente planificada, dirigida. Sus principios inspiradores hacían inviable el más básico espacio al sector privado. Y violento, porque de entrar a regir, entraría tan a contrapelo del actual orden basado en libertad, que se desatarían infinitos conflictos jurídicamente violentos”.

Fermandois repasa algunos principios e instrumentos: “La reserva estatal de bienes o servicios, sin otro requisito que el interés nacional -que no es otra cosa que abrir la puerta a monopolios estatales objetivamente dañinos para una economía libre y próspera-; la inspiración de justicia social e intergeneracional para el sistema -muy sanas como objetivos generales de bien común, pero peligrosas como instrumento económico justificante de intervención estatal-; la existencia de consejos de planificación, el uso reiterado de conceptos como planificar, fomentar, la invocación de objetivos propios del pensamiento, pero extraños en lo técnico a la economía, como el ´pluralismo económico´, entre otros, deviene en un entorno constitucional profundamente estatista y antipático con el emprendimiento privado, que tendría que sobrevivir sujeto a enormes espacios de discrecionalidad de la autoridad, alejado de las certezas jurídicas más básicas”.

Por su parte, el abogado constitucionalista Tomás Jordán (DC), que trabajó en la redacción del proyecto constitucional del segundo gobierno de Michelle Bachelet, se refiere al modelo económico que habría en Chile, pero no necesariamente en base a este informe de la comisión de Medio Ambiente, sino más bien según cómo se ha ido formando la nueva Constitución.

“Sí, hay un cambio sustancial en el modelo económico, en el modelo de desarrollo incluso”, dice Jordán. Al respecto, cree que está determinado por varios factores. Primero, “es por la impronta o el eje rector del borrador de la Constitución sobre el medioambiente y la protección de la naturaleza. Me parece que ese es un eje rector que va a moldear lo que viene en cuanto a que la libertad de empresa y la propiedad, que son derechos y libertades claves para la economía, van a tener que equilibrarse con la naturaleza propiamente tal”.

Ahí Jordán detalla, por ejemplo, que “una de las razones del límite de la propiedad, no solo es la función de carácter social, sino también ecológica, es decir, la forma en que impacta la naturaleza, el medioambiente o el planeta, es un factor de limitación. También en materia de libertad de desarrollar actividades económicas, en la cual se reconoce siempre que sea compatible con la protección de la misma naturaleza junto a otros derechos y, al mismo tiempo, la propia naturaleza se define como un elemento rector en los primeros artículos, en un carácter de interdependiente entre las personas, los pueblos y la naturaleza, y se le reconoce como sujeto de derecho”.

Por lo tanto, Jordán señala que en la legislación y en los tribunales, seguramente, se van a ir generando una jurisprudencia y una normativa que vaya en ese sentido. “Entonces, muchos proyectos de inversión van a tener límites o restricciones más fuertes que lo que existe hoy día, en que la regla es la inversa: la libertad económica y la propiedad son preeminentes por sobre la naturaleza y la ecología propiamente tal. La única regla que existe es el límite al medioambiente, que puede limitar el derecho de propiedad, pero la naturaleza, su protección, es mucho más amplia y más profunda que una mera cuestión medioambiental, que tiene que ver con los factores humanos o naturales que alteran el habitat, el ambiente propiamente tal”.

Como segundo punto, Jordán dice que también va a haber un cambio en el modelo económico con los llamados bienes comunes naturales. El abogado considera que ahí también habrá un nuevo eje rector. En particular con los que se declaran como inapropiables, como el agua, “y por lo tanto, la forma en que van a interactuar los privados tiene que ver con los permisos o autorizaciones administrativas que van a estar sujetas a ciertas restricciones, limitaciones, como la caducidad, la extinción y la revocación. Y entre esas obligaciones que se imponen, está la conservación de esos bienes naturales, por lo tanto, estos permisos administrativos siempre van a tener que estar justificados en el interés público, en que se conserve la protección de la naturaleza y en el beneficio colectivo”.

Como tercer punto, Jordán menciona el estado social, “en particular, cómo el estado social y la idea de estado social va a impactar en los derechos sociales, en materia de seguridad social, y por lo tanto, vamos a caminar hacia un modelo más mixto de integración, seguramente en las cotizaciones por ejemplo. Pero también en lo que se ha aprobado en relación a estado social en materia laboral: cómo hoy día el modelo se sostiene en la libertad de trabajo y libertad de empresa, y ahora va a ser más bien basado en la idea de protección del trabajo, en la participación de los trabajadores en las decisiones de las empresas, y por lo tanto, el estado de carácter social va a impactar en una legislación mas protrabajador y tutela en el ámbito de lo laboral”.

La profesora de la Universidad Católica y también economista, María Elina Cruz, dice que “evidentemente, pase lo que pase, vamos a avanzar desde un modelo que es más de mercado, hacia un modelo más centralmente planificado. Eso es evidente. De alguna manera la economía social de mercado, si llega a existir y quedar, va a ser más social que de mercado”. En ese sentido, sostiene que esto se ve reflejado en que por ejemplo hay libertad de emprender, pero con una serie de limitaciones.

La abogada también señala que a lo que se está avanzando es hacia un modelo en que “se condena el extractivismo per se, y eso queda claro por ejemplo, en que han tratado de nacionalizar las mineras, aunque ese articulo no se aprobó. Pero por ejemplo, al declarar que las aguas son bienes de uso público, las plantas desalinizadoras no van a poder existir, aunque sean para consumo humano, porque eso no va a pertenecer a nadie, son de uso público (...) Es un modelo yo creo probablemente más propio de Sudamérica, no de otros lugares”.

La abogada también recalca que “hay una frase que se repite mucho en toda la parte del medioambiente y modelo económico, que es ´el buen vivir´. En la práctica no está definido lo que significa, pero ese es un principio del que hay distintas interpretaciones sobre dónde surgió, pero se usó en la Revolución Bolivariana en 1888, ahí se utilizó, y luego, hace como 19 o 20 años, lo usó por primera vez Hugo Chávez para hacer la Constitución venezolana, y después de eso pasó a la Constitución ecuatoriana con Rafael Correa (...) Aunque es interpretable, el ‘buen vivir’ en esencia significa privilegiar el medioambiente, la naturaleza, por sobre el ser humano”.