La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó la semana pasada un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra las empresas Dreams, Enjoy y Marina del Sol, acusándolas de colusión en las licitaciones de permisos de operación de casinos. El caso culminó con una solicitud de multas que suman US$152 millones y la revocación de los permisos obtenidos mediante prácticas anticompetitivas entre 2020 y 2021.

Las sanciones incluyen 126.806 UTA (US$112 millones) para Dreams y 41.498 UTA (US$37 millones) para Enjoy, mientras que Marina del Sol quedó exenta por colaborar con la investigación. También se solicitaron multas individuales para los directivos involucrados: Jaime Wilhelm, exgerente general de Dreams, enfrenta una sanción de 1.218 UTA (US$1 millón); Claudio Fischer, presidente del directorio de Dreams, 941 UTA (US$834 mil); Claudio Tessada, exgerente de administración y finanzas de Dreams, 761 UTA (US$674 mil); y Henry Comber, presidente del directorio de Enjoy, 130 UTA (US$115 mil)

Según la acusación, estas fueron las razones de la Fiscalía para fijar los montos:

La FNE enfatizó que la colusión no solo alteró los resultados de los procesos de licitación, sino que también perjudicó directamente a las municipalidades donde se encuentran los casinos, dado que los permisos vigentes por 15 años afectan los ingresos públicos. Según la Fiscalía, “la conducta afectó el resultado de los procesos de licitación… lo cual no solo se traduce en mayores ganancias… sino que además implicó la afectación de fondos públicos de las respectivas municipalidades” .

La Fiscalía afirma que “la conducta afectó el resultado de los procesos de licitación... lo cual no solo se traduce en mayores ganancias... sino que además implicó la afectación de fondos públicos de las respectivas municipalidades en que se encuentran ubicados los casinos, perjuicio que podría perdurar por todos los años que restan hasta que expiren los permisos”.

La FNE subrayó que las multas deben ser lo suficientemente severas como para disuadir futuras prácticas similares. La entidad resaltó que las sanciones buscan asegurar que las empresas no encuentren incentivos financieros en este tipo de comportamientos. “Es del todo relevante el efecto disuasivo que se espera de la sanción que se imponga”, agregó la Fiscalía, justificado por el daño causado y la naturaleza prolongada de la colusión .

La Fiscalía justificó la magnitud de las multas en base a la gravedad del ilícito y su impacto económico, y señaló que el objetivo de las sanciones era “velar por que las empresas no vean en estas prácticas un incentivo financiero en el largo plazo”.

La metodología para calcular las sanciones incluyó un ajuste en la multa base, incrementándola en un 35% con el fin de reforzar el efecto disuasivo. Esto fue especialmente necesario dada la duración del daño causado y la naturaleza del ilícito (cartel duro). La Fiscalía también consideró necesario imponer “un ajuste adicional sobre el valor antes calculado, hasta llegar al doble del beneficio económico”.

El cálculo de las multas incluyó un análisis detallado del beneficio económico que las empresas obtuvieron mediante la colusión. La Fiscalía explicó que se consideró “el doble del beneficio económico reportado por la infracción”, en referencia a las ganancias indebidas obtenidas gracias a las bajas ofertas presentadas. Estas ofertas, en algunos casos, representaban menos del 1% de los ingresos brutos anuales de los casinos, en contraste con el 20% habitual en un entorno competitivo .

La metodología empleada para calcular el beneficio económico se basó en los flujos de ingresos anuales generados por las empresas, estimando un valor conservador. La Fiscalía señaló que “el cálculo del beneficio económico se ha realizado en base a los flujos anuales de las empresas, determinando un monto conservador considerando la duración de los permisos”. Estos permisos de operación de casinos, que se extienden por 15 años, aseguraban ingresos sustanciales para las empresas, lo que amplificó el impacto económico de la colusión.

El hecho de que las empresas acusadas de colusión lograran renovaciones de permisos sin competencia permitió que presentaran ofertas más bajas de lo que habrían hecho en un escenario competitivo. Esto significó, según la Fiscalía, un ahorro significativo para las empresas y un perjuicio para los ingresos municipales. En este sentido, se enfatizó que las sanciones económicas debían reflejar “el daño causado no solo a la libre competencia, sino también a las arcas fiscales, las cuales se vieron directamente afectadas por las ofertas reducidas”.

La FNE también destacó los esfuerzos de los ejecutivos por ocultar las pruebas de su conducta ilícita, lo que incluyó el uso de aplicaciones como Confide para borrar mensajes automáticamente y la eliminación de mensajes clave de WhatsApp. La Fiscalía acusó a Jaime Wilhelm exgerente general de Dreams de haber borrado mensajes antes de que su domicilio fuera allanado, lo que complicó la recolección de evidencia .

Además, se señaló que las reuniones no se realizaban en lugares de acceso público o en horarios comunes, sino que se optó por “realizar reuniones en estacionamientos, precaviendo sostenerlas en horas donde no hubiese otras personas en las oficinas, o prefiriendo llevarlas a cabo en sus domicilios particulares”. Este tipo de precauciones demuestra el alto nivel de secretismo con el que operaban los ejecutivos, intentando minimizar la posibilidad de ser descubiertos por parte de sus competidores, las autoridades o cualquier otra entidad que pudiera investigar sus prácticas.

En el contexto de la investigación, se reveló que “eliminaron evidencia de teléfonos móviles y utilizaron aplicaciones de mensajería de duración temporal”, un método que permitió que los mensajes intercambiados entre los ejecutivos desaparecieran después de ser leídos. Este uso de tecnología diseñada para evitar la conservación de registros fue un componente clave en la estrategia de ocultamiento, y se destacó que todas estas acciones se tomaron “con el objeto de ocultar y alterar antecedentes relevantes de la existencia del acuerdo anticompetitivo”.

El sistema de incentivos dentro de las empresas fue otro factor clave que la Fiscalía tuvo en cuenta. Los ejecutivos recibieron bonificaciones sustanciales vinculadas a la renovación de los permisos, lo que propició el acuerdo colusorio. Jaime Wilhelm, por ejemplo, recibió un bono de 1.051 UTA, mientras que Claudio Tessada recibió 631 UTA, ambos -indica la FNE- directamente relacionados con el éxito de la colusión.

Para la FNE la existencia de estas bonificaciones no solo recompensaba la renovación de los permisos, sino que también “propició el acuerdo colusorio” al alinearse con los intereses personales de los ejecutivos para asegurar que no existiera competencia durante los procesos licitatorios. Este sistema de incentivos se configuró como uno de los elementos que facilitó y perpetuó la colusión entre las compañías involucradas, indica la FNE.