Los otros “caballazos” de los ministros de Hacienda: desde los “señores españoles” hasta el “menos lloriqueo”

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, esta semana respondió con dureza a CMPC, luego que el presidente de la empresa, Luis Felipe Gazitúa, afirmara que la empresa no tenía inversiones y proyectos en Chile “porque es imposible hacerlos. El secretario de Estado, sin mencionar a Gazitúa ni siquiera el nombre de la empresa, recordó el caso colusión en el que se autodenunció CMPC y dijo que la posición de la compañía contrasta con lo que percibe de otros inversionistas.

“Ellos dicen que no quieren invertir más en Chile. Por temas de los permisos, bueno, por supuesto una decisión de esa empresa. (Pero) La verdad es que contrasta un poco con lo que uno ve en otros inversionistas chilenos y extranjeros”, dijo el ministro en un punto de prensa este jueves.

Y luego agregó: “creo que en el caso de una empresa que protagonizó uno de los episodios más graves de colusión en Chile, uno esperaría un poco más de prudencia y un poco más de compromiso con el país”.

La respuesta de Marcel a una empresa específica, o al sector empresarial en general, tiene otros ilustres ejemplos pasados.

En 2004, cuando gobernaba Ricardo Lagos y su ministro de Hacienda era Nicolás Eyzaguirre, algunos empresarios españoles manifestaron que Chile era un país menos confiable para invertir, debido a la crisis energética en Argentina, que derivó en cortes de suministro de gas. Eyzaguirre se despachó, entonces, una de sus más recordadas frases: “Este país es un ejemplo de transparencia y los señores españoles, si no les gusta como se hacen las cosas aquí, tienen la puerta abierta”, señaló el jefe de billetera fiscal en los seis años de Lagos.

“Ya les gustaría a las empresas españolas que en España hubiese la transparencia y celeridad de la regulación que hay en Chile, en el pedir no hay engaño, pero no nos movamos a error, somos chilenos y como tales tenemos que defender nuestro patrimonio y el derecho de los chilenos, y no comenzar, como se dice, a que nos tiriten las cañuelas”, agregó.

A Eyzaguirre lo sucedió Andrés Velasco, como ministro de Hacienda del primer gobierno de Michelle Bachelet, entre 2006 y 2010. Cuando llevaba más de un año en el cargo, Velasco criticó con dureza el discurso del entonces presidente de la CPC, Alfredo Ovalle en la Enade de 2007. “Parece vivir en otro país”, dijo tajante.

“Es muy importante, antes de hacer ese tipo de declaraciones, contar con la información necesaria”, dijo Velasco en conversación con Radio Duna. Y agregó, en referencia a Ovalle, que “él habla de las condiciones para invertir, pues bien, cuáles son los hechos: los hechos son que este año en Chile vamos a tener una inversión igual al 25% del PIB, la más alta, escúcheme bien, la más alta desde que tenemos registros comparables. Más alta de esta década más alta de la década pasada”. Al día siguiente y tras los dichos de Velasco, Ovalle admitió: “pude haber exagerado en la forma”.

Casi una década más tarde, y en la segunda administración de Michelle Bachelet, fue Rodrigo Valdés quien lanzó duros cuestionamientos a los empresarios, mientras se tramitaba la reforma laboral. Su llamado fue a “más trabajo y menos lloriqueo”.

“Más trabajo y menos lloriqueo. Hay innumerables oportunidades en Chile para hacer buenos negocios. Queremos invitar a todos a hacer esos negocios que usan el Estado para que les podamos proveer ayuda”, sentenció en 2016 el secretario de Estado, en una actividad en Quilicura a propósito de la Agenda de Productividad impulsada entonces por el gobierno.

Tras las declaraciones de Valdés hubo respuesta del mundo empresarial. Ricardo Mewes, que en ese entonces estaba a la cabeza de la Cámara Nacional de Comercio, y hoy preside la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), dijo: “Es complejo, porque cuando vemos que hay una reforma laboral que desde un inicio la calificamos como una mala reforma, que además va con un fallo del Tribunal Constitucional que nos va a llevar a judicializar muchos procesos de negociación con los trabajadores, cuando vemos que hay un aporte de una reforma constitucional, todo esto genera un ambiente poco apto para la inversión”, sostuvo Mewes.

Y el presidente de Asimet, Juan Carlos Martínez, se mostró desilusionado con las palabras de Valdés. “Nos pide más trabajo y creo que estamos trabajando a full. No hay nadie que esté mirando para el techo. Lo que hemos hecho ha sido indicar cuáles son los problemas que nosotros vemos”.

En 2021, ya en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, el ministro de Hacienda que reemplazó a Felipe Larraín tras el estallido social, Ignacio Briones, apuntó contra un empresario en particular: Julio Ponce Lerou, accionista de SQM. A propósito del caso cascadas, el titular de Hacienda indicó que el empresario “en EEUU estaría preso, sin duda”.

“Lo relevante es aplicar sanciones draconianas a quienes defraudan la fe pública, porque no solo están cometiendo un delito que afecta a un tercero, sino que también tiene un efecto sobre el resto, sobre la imagen, sobre la legitimidad percibida del mercado y por eso es que hay países donde delitos que no son penados en Chile, o tienen penas bajas comparadas a EEUU. Allá los gallos se van presos y eso está bien”, dijo en una entrevista entonces con Via X. Ponce había sido sancionado por la Corte Suprema de cometer varias infracciones a las leyes de Sociedad Anónima y de Mercado de Valores.

Y volviendo a Marcel, el actual titular de Hacienda ya tuvo palabras duras hace un año, cuando se rechazó la idea de legislar la reforma tributaria y Marcel evidenció su enojo en una larga enumeración de quienes celebrarían. Entre ellos, dijo, los grandes capitales. “Comenzó la celebración por los partidos más a la derecha del espectro político. Estoy seguro, que van a celebrar quienes evadan impuestos y quienes asesoran a los contribuyentes para eludir impuestos, porque van a tener, por lo menos un año completo más, para poder seguir usando los mismos mecanismos de elusión tributaria”, disparó Marcel. Y prosiguió: “Vamos a tener, seguramente, también una celebración de los grandes capitales, que ya no van a estar afectos al impuesto al patrimonio. Seguramente van a celebrar también los lobistas, que, hasta el último minuto en la tramitación de este proyecto, estuvieron enviando comunicaciones a los parlamentarios, con una serie de afirmaciones que, pese a que las descartamos cada una de ellas, particularmente, a las afirmaciones referidas a los perjuicios a la pyme y a la clase media”.