Treinta días hábiles tendrá la empresa Andes Iron para reclamar ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, una vez que reciba la notificación oficial de la decisión del Comité de Ministros que este miércoles rechazó por unanimidad el proyecto minero y portuario Dominga. De lo que resuelva dicho tribunal, se puede recurrir a la Corte Suprema a través de un recurso de casación. El recurso también lo pueden solicitar cualquiera de los otros 11 reclamantes que están a favor del proyecto. La notificación formal del Comité de Ministros, cuya resolución fundada debe ser redactada, podría tardar entre uno y dos meses.

Eso es en términos simples el panorama que se ve en el futuro cercano esta historia judicial que comenzó el 2013 y tuvo este miércoles uno de sus principales capítulos con la decisión unánime de los jefes de las carteras de Medio Ambiente, Economía, Salud, Minería, Agricultura y Energía. “Esto ya ocurrió previamente con este proyecto que ha sido dos veces aprobado por la autoridad ambiental, y que dos veces el Consejo de Ministros lo ha rechazado por razones más políticas que técnicas”, comenta Luciano Cruz, experto en materias de energía del estudio Arteaga Gorziglia, quien agrega además: “Es importante para la certeza jurídica del desarrollo de proyectos en Chile, que se respeten las decisiones técnicas y que estas primen por sobre consideraciones políticas o de otra naturaleza”.

De la misma opinión es Carlos Claussen, abogado experto en derecho minero y medioambiente, socio de Claussen y Velasco, indicando que dicho tribunal “deberá resolver esa reclamación teniendo en consideración los antecedentes técnico-jurídicos que ha tenido en consideración el Comité de Ministros para rechazar el proyecto, de la misma manera que lo hizo en el anterior rechazo realizado por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo (Coeva) y ratificado por el Comité de Ministros”, indica.

Como era de esperarse, en un comunicado de prensa, Andes Iron anunció que recurrirá ante los Tribunales Ambientales para revertir lo resuelto, “instancia que analiza los proyectos en su mérito técnico y jurídico, donde hemos obtenido resultados favorables, por lo que estamos confiados en que al final del proceso imperará la justicia y la verdad”, indicó la empresa.

El proyecto Dominga cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada en agosto de 2021. Esto, luego de que se aprobara su Informe de Calificación de Evaluación (ICE) en su proceso de evaluación ambiental bajo el segundo gobierno de Michelle Bachelet.

Andrés Del Favero, Socio de Lavin Abogados y Expertos Consultores, estima que la judicialización de este caso podría prolongar su definición al menos en unos años más, “teniendo en consideración que los tribunales ambientales demoran alrededor de uno a dos años en resolver asuntos sometidos a su jurisdicción y aproximadamente el mismo tiempo toma la Corte Suprema en resolver las correspondientes casaciones en caso de ser interpuestas,” dice Del Favero.

Ahora bien, este es el camino en términos judiciales, pero pueden haber otros cambios más de fondo, como simplemente, desarrollar un nuevo proyecto e incluso, como se atreven aventurar algunos, modificar radicalmente el modelo de negocios. “Se abren muchas aristas”, dice Alex Godoy, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo (UDD), y agrega: “Obviamente, a nivel judicial, se pueden ir escalando muchas instancias, pero desde el punto de vista privado, Andes Iron puede modificar totalmente el proyecto, con otro nombre, otras formas de explotación, otra logística y otras variables d impacto que son más complejas, cambiando el presupuesto”. Incluso, Godoy dice que el cambio podría ser tan extremo como “crear un proyecto de turismo de conservación en el lugar”.

Sin embargo, al menos hasta ahora, Andes Iron ha sido clara: “Solidarizamos con toda la comunidad de La Higuera y Región de Coquimbo, hacia quienes reiteramos nuestro compromiso de sacar adelante este proyecto, que compatibiliza perfectamente el desarrollo y cuidado del medio ambiente gracias a su propuesta única en materia de sostenibilidad”, indicó la empresa.

Desde el sector minero, Manuel Viera Flores, expresidente de la Cámara Minera de Chile y CEO de Metaproject, señala que “la empresa que maneja Dominga debe salirse del actual escenario político. Aquí primó la izquierda versus la derecha como castigo y ahora debe recurrir al tribunal ambiental”, dice Viera, y agrega: “Chile no se puede farrear este gran proyecto en una región pobre que necesita inversión y empleos de calidad. La empresa (Andes Iron) debe aplicar a la brevedad la filosofía de ‘minería planetaria’, es decir, el irrestricto respeto por la naturaleza y los seres vivos que allí, viven dando dignidad al planeta a las comunidades y a la personas”.

Por su parte, Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plusmining, estima que el proyecto está muy estigmatizado, por lo que “será difícil que progrese bajo las actuales condiciones. Creo que seguirá habiendo recursos judiciales pero el futuro de este recurso minero probablemente tenga que encontrar otro camino para llegar a ser explotado comercialmente”, dice Guajardo.

Mientras Andes Iron baraja alternativas, el ministro de Economía, Nicolás Grau, dio a conocer un plan económico para las comunas de La Higuera, Andacollo, Vicuña y Río Hurtado, el cual implica una inversión de aproximadamente US$600 millones involucrando a más de 260 actividades de diversa índole, tales como cobertura de servicios básicos, conectividad, infraestructura, caletas, durante ocho años. “Queremos decir, de manera muy clara, quienes son de la zona, que no están solos. Nosotros como gobierno los vamos a apoyar”, afirmó Grau, quien aclaró además que la aprobación de este plan está pronto a ser dado por parte de la Dirección de Presupuestos.