Los médicos Javier del Río Alonso y Joaquin Lara Giménez presentaron una querella criminal en contra de Clínica Las Condes (CLC) por el presunto delito de apropiación indebida en el pago de sus honorarios.

Se trata de una nuevo litigio bajo la administración que encabeza Alejandro Gil Gómez, como presidente del directorio. Desde que asumió el cargo el 10 de diciembre de 2019, la clínica se ha visto envuelta en una serie de polémicas con sus trabajadores y la plana ejecutiva. En efecto, el propio directivo impulsó acciones legales en contra de dos de sus cuatro gerentes generales en los últimos dos años de pandemia y ambas terminaron siendo desestimadas.

Según la acción, patrocinada por el ex superintendente de Salud, Patricio Fernández, Clínica Las Condes incumplió sus obligaciones en forma dolosa, vulnerando el mandato que las sociedades médicas le habían otorgado, no sólo no cobrando la totalidad de las prestaciones médicas realizadas en la clínica, sino que pagándoles a los médicos y sociedades prestadoras, en fracciones menores y parciales, con el claro objeto de apropiarse de los dineros cobrados a las aseguradoras y pacientes, para poder afrontar el conocido escenario financiero desfavorable que presenta la clínica.

“Esta práctica de apropiación de dineros, se replica respecto de gran parte de los profesionales médicos que se desempeñan en la clínica, en efecto, la Clínica Las Condes S.A. y ninguna de sus filiales tienen derecho alguno respecto a esos montos de dinero, por cuanto se trata únicamente del encargo de una gestión de cobro”, consignó el documento.

La suma de dinero que a la fecha mantiene la clínica en su poder y que correspondía entregar a ambos médicos asciende a los siguientes montos:

En el caso de la Sociedad Médica L.A. SpA representada por el médico Joaquín Lara Giménez, asciende a la suma de $250.773.354.

Con relación a la sociedad ServicioS Médicos y Financieros Del Río Ibáñez SpA representada por el médico Javier del Rio Alonso, asciende a la suma de $102.915.446.

El 4º Juzgado de Garantía de Santiago acogió a tramitación la querella y la fiscalía de Las Condes encomendó una serie de diligencias a la Policía de Investigaciones. A la fecha la policía civil ha tomado declaraciones a una serie de médicos que confirman las acusaciones planteadas por sus colegas.

El abogado patrocinante de la querella, Patricio Fernández sostuvo: ““Son cientos los médicos afectados por las decisiones de la actual administración de CLC que no solamente han sido desvinculados de forma denigrante y sin ningún fundamento, sino que además han visto como el fruto de su trabajo de más de dos años, en algunos casos, no ha sido pagado por este prestador“.

”En ese contexto hay fundadas sospechas que los dineros pagados por las Isapres, FONASA y pacientes, que corresponden a los honorarios de estos profesionales podrían haber sido apropiados por la Clínica para asumir el cumplimiento de otras obligaciones, lo que podría eventualmente constituir un delito en el marco de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esperemos que la investigación permita aclarar y exigir las responsabilidades que correspondan para el caso que se acrediten“, concluyó.

En condiciones normales, según la querella, correspondía que mensualmente CLC emita una o más liquidaciones, con el detalle de la prestación, la fecha, el paciente y el monto total de los honorarios, emitiendo los querellantes la o las boletas respectivas para procesar el pago. Sin embargo, lo anterior solamente ocurre en forma parcial, desplegando la Clínica y sus ejecutivos, acciones encaminadas a impedir el pago de esos dineros y destinarlo probablemente a otros efectos, en vez de cumplir con la entrega a su mandante que entregó las prestaciones en tiempo y forma.

En éste sentido, el último pago parcial efectuado por la querellada a don Javier del Rio Alonso y Joaquin Lara Giménez, se realiza en el mes de abril de 2022 y a la fecha se adeudan dineros correspondientes a prestaciones quirúrgicas realizadas incluso el 2020 y 2021.

A contar de dicha fecha, y sin mediar ningún tipo de autorización de las sociedades mandantes, Clínica Las Condes dejó de cumplir, decidiendo unilateralmente cesar en los pagos, apropiándose de los dineros que recibió de parte de los pacientes, de Fonasa e Isapres, quienes pagaban las prestaciones médicas efectuadas por mis representados. “Es importante destacar que en esta misma situación se encuentran muchos profesionales médicos que han sido víctimas del actuar de la Clínica Las Condes”, consignó el escrito.

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