Migrantes pagan arriendos tan caros –o más- que en Las Condes

Juan es trabajador peruano que vive en Santiago hace algunos años. Arrienda una pieza en una división informal en la comuna de San Bernardo. Paga $180 mil al mes por 19,7 metros cuadrados. Un compatriota destina $140 mil por 9 metros cuadrados en Independencia, debido a que está más cerca de su fuente laboral. En Cerro Navia, una pareja junto a la madre de uno de ellos tomó una habitación de 25 metros cuadrados, con baño privado, por $250 mil mensuales. A ello se agregan los gastos de luz y agua, que el dueño de las subdivisiones cobra por cada pieza, que pueden ir entre $10 mil y $15 cada 30 días. Desde ahí la mayoría se moviliza hacia Lo Barnechea, Las Condes, Providencia o, los que pagan más, se quedan en las mismas comunas donde duermen.

Esta es la realidad de un porcentaje no menor del mundo migrante en Chile. Realidad que se visibilizó más con la irrupción de mediados de esta década, la que en medio de la pandemia también ha sufrido algunas modificaciones. La Casen 2020 permitirá evaluar el subarriendo migrante en tiempos de pandemia.

Al aplicar un estándar de medición formal, se obtiene que los pagos pueden fluctuar entre 0,3 UF y 0,5 UF por metro cuadrado, un nivel similar a las de comunas pudientes de la Región Metropolitana, o incluso superior. Según un ranking elaborado por Arenas y Cayo, el arriendo por metro cuadrado fluctúa entre 0,21 UF en Puente Alto y 0,31 UF en Las Condes.

Esta realidad ya había sido puesta en evidencia por el estudio elaborado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile en el libro “Vivienda adecuada para migrantes vulnerables en áreas de alta accesibilidad a empleos. Bases para la discusión de un sistema de arriendo protegido”.

“Este proyecto apuntó en su génesis a llenar un vacío de instrumentos específicos de acceso a vivienda adecuada para miles de migrantes internacionales que llegaban a nuestro país y debían subarrendar una diversidad de tipologías de vivienda, muchas de ellas bajo condiciones muy precarias de materialidad y seguridad (conventillos, cités, galpones industriales, casonas antiguas), o bien viviendas en altura con materialidad adecuada, pero conformando guetos verticales, bajo condiciones de hacinamiento y precios abusivos”, introduce el libro editado por Camilo Arriagada y Tamara Jeri.

En especial, comentan en ese ejemplar, interesaba investigar y caracterizar en detalle el fenómeno del subarriendo “precario e informal de viviendas antiguas subdivididas por sus propietarios, especialmente ofertadas para migrantes, las cuales reportan condiciones de marginalidad sanitaria, inseguridad y hacinamiento bajo precios de arriendo excesivos, amparados en la necesidad de los migrantes de localizarse cerca de fuentes de trabajo, careciendo muchas veces de condiciones normativas para acceder a la oferta de arriendo regular”.

De la investigación concluyen que frecuentemente, los migrantes son víctimas de abusos por sus condiciones precarias e informales iniciales, y consiguen arriendos en lugares que les hacen pagar sumas altas por condiciones de alojamiento muchas veces denigrantes, en condiciones de hacinamiento, que incluso pueden atentar contra sus vidas.

“Muchas de estas familias, al no tener documentos, caen en un mercado negro absolutamente abusivos”, reconoce el subsecretario de Vivienda y Urbanismo, Guillermo Rolando.

Para hacerse una idea, la publicación caracteriza varios tipos de vivienda. Acá, una al costado del Parque Forestal. “Tiene un comercio en primer piso. En 10 habitaciones, 3 compartidas, viven 14 extranjeros y dos chilenos, 16 personas en total. Tiene cuatro baños en total, dos de los cuales son compartidos. Tiene tres cocinas, dos de ellas son compartidas. A pesar de ello, algunas habitaciones tienen artefactos como cocinillas, refrigerador, microondas, hervidor, etc. Las habitaciones son ‘piezas redondas’, es decir, estas ventilan y se iluminan natural y exclusivamente a través de sus puertas que dan a la galería del patio. Esto incrementa los problemas de ventilación, particularmente en las cocinas y los baños”.

Un caso emblemático fue el conocido en el Censo de 2017, cuando en un galpón se encontraron entre 200 y 300 personas en 100 habitaciones, principalmente de nacionalidad haitiana.

El libro publicado en 2020 sigue totalmente vigente, e incluso podría haberse agravado la situación durante esta pandemia. Camilo Arriagada, editor del libro, dice que la pandemia generó expulsiones de arrendatarios por mora que se vieron en la condición de calle y, hubo un brote de campamentos que los ocupantes varios venían de arriendos impagables.

De hecho, cifras del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) muestran que existen a 2021 81.643 familias en campamentos, de las cuales el 30% corresponde a extranjeros. En 2019 el total de familias era 41.050 y 30% migrantes.

Pero, adicionalmente, se produjo un cambio. Por el teletrabajo, más inmigrantes pudieron migrar hacia comunas periféricas en busca de un canon menos oneroso. “Datos más nuevos de migrantes por comuna muestran movimientos de comunas centrales a periféricas. Además, las ventajas de localización para fines de empleo informal que tenía el centro - y era lo que pagaban además de la informalidad arriendo - se modificó bastante. También creo están apareciendo opciones de arriendo en comunas periféricas que antes no habían, porque la gente de esas comunas necesita liquidez”, enfatiza Arriagada.

De acuerdo los números elaborados por Arriagada en base a Extranjería y el INE, algunas comunas que más que duplicaron el número de migrantes entre 2017 y 2019 fueron Puente Alto (128,9%), Quinta Normal (112,6%), San Miguel (150%), San Bernardo (134,5%), La Cisterna (115%).

No obstante, la misma fuente de datos indica que las comunas con mayor número de extranjeros también evidenciaron un fuerte dinamismo. Santiago, con 221 mil migrantes en 2019 lidera el ranking, con un alza de 91% en dos años. La segunda del listado es Independencia que con un incremento de 83% alcanzó más de 55 mil migrantes.

Encontrar una salida a esta situación, más aún después de conocidas las cifras de la encuesta Casen, que evidenció un incremento en la pobreza 10,8%, es relevante, coinciden los expertos.

Los autores del libro proponen la compra y rehabilitación de inmuebles para arriendo protegido público, lo que se ha aplicado –cuentan- en Barcelona y Nueva York, y en paralelo una reforma de una ley de arriendo que califican de “muy antigua y obsoleta”.

Carlos Figueroa, director de Incidencia y Estudios del SJM, coincide. Dice que es fundamental impulsar políticas de intermediación que fomenten el arriendo de viviendas o habitaciones bajo estándares mínimos de formalidad y habitabilidad. “En ello, los gobiernos locales pueden cumplir un rol central como articuladores entre eventuales arrendadores y arrendatarios. Los municipios han sido un actor fundamental en la respuesta del Estado a la población migrante, dada su cercanía territorial y el conocimiento de las características de las comunas. Estos programas, a su vez, pueden establecer incentivos concretos para promover arriendos que cumplan con determinadas características de habitabilidad, formalidad y precio justo”.

También subraya la importancia de establecer mecanismos legales efectivos para fiscalizar las condiciones de arriendo.

En el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ya están tomando algunas medidas, aunque reconocen que son limitadas.

En esta pandemia, detectaron un conjunto de familias viviendo en una especie de caballerizas con altos cobros. “Sacamos a 360 familias y le pedimos ayuda a las comunas para lograr traslados a departamentos con subsidios de arriendo, dice el subsecretario Guillermo Rolando.

Agrega que si bien no es una política exclusiva para inmigrantes, existe un programa de arriendo que consta de un subsidio de hasta $133 mil al mes para arriendos de hasta $330 mil. Hay disponibilidad de unos 14 mil arriendos todos los años. Cerca del 5% son familias migrantes, quienes pueden acceder solo teniendo su carnet de identidad en la página del Minvu.

También durante este año se iniciará una inédita construcción de viviendas sociales públicas destinadas exclusivamente a arriendos protegidos. “Por eso compramos suelos bien ubicados. En el plano de Valparaíso, cerca de la plaza de Valdivia y de Talca, más otros terrenos en Santiago. Compramos seis terrenos a nivel nacional y licitaremos la construcción de viviendas”.