Ocho meses lleva paralizado el proyecto Eco Egaña Comunidad Sustentable, un proyecto que considera una inversión de US$300 millones y cuyo estudio de impacto ambiental fue calificado desfavorablemente el 18 de abril por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental, entidad integrada por funcionarios nombrados bajo la administración de Gabriel Boric. La decisión, además, llevó a las constructoras a cargo del proyecto a despedir a más de 200 trabajadores. Hoy a la inmobiliaria le resta confirmar el respaldo del SEA en la Corte Suprema para reiniciar las obras.

La decisión colegiada -por cinco votos a dos- se produjo tras un intercambio por WhatsApp en el que participaron diversos seremis de gobierno y que fue revelada ayer por Pulso.

En esos intercambios, la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, y la Seremi de Medio Ambiente, Sonia Reyes, respectivamente, se mostraron partidarias de rechazar el proyecto y esta última solicitó ayuda a su cartera para que le revisaran una minuta que había elaborado para fundar su negativa.

El abogado que chequeó el escrito fue Sebastián Aylwin, Jefe de la Oficina de Evaluación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente y así lo confirmó a Pulso: “Revisé dudas técnicas que la Seremi nos consultó relativo al efecto sombra y refractario de la luz. La oficina que dirijo no interviene en la decisión que le corresponde a la región, solo asesora técnicamente. Personalmente, no tengo relación con la decisión de fondo, la cual corresponde a los órganos regionales”.

Desde el Ministerio del Medio Ambiente dijeron que “las seremi son las que elaboran los pronunciamientos en las Comisiones de Evaluación Ambiental de las regiones, basado en los argumentos técnicos. No existió en este u otro caso intervención por parte del Ministerio del Medio Ambiente en el pronunciamiento. Las Seremi pueden solicitar apoyo técnico a profesionales del Ministerio del Medio Ambiente, ya sea en aspectos jurídicos o de otra índole”.

El arribo de Sebastián Aylwin al Ministerio del Medio Ambiente se concretó el 11 de marzo de 2022, cuando asumió la nueva administración de gobierno. Se trata de un joven jurista de 33 años, cercano al presidente Gabriel Boric, a quienes los une su paso por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, además de su rol como dirigentes estudiantiles. Ambos fueron voceros de la toma del emblemático edificio de Pío Nono de la facultad el 2009.

Según el portal de Transparencia, el abogado Sebastián Aylwin en el Ministerio del Medio Ambiente cuenta con un cargo grado 2 y posee una remuneración bruta mensual de $4.029.942.

Aylwin postuló fallidamente como candidato a constituyente por el Distrito 13, que reúne a las comunas de Alhué, Buin, Calera de Tango, Paine, Curacaví, Melipilla, Peñaflor y Padre Hurtado. Es especialista en derecho ambiental y en 2016 fue miembro de la fundación del Frente Amplio. En 2017 fue parte de la creación del Partido Comunes. “Mientras la elite se daba palmadas en la espalda, la olla a presión estaba a punto de estallar, y cuando los estudiantes secundarios saltaron los torniquetes del Metro para protestar contra una alza de 30 pesos, entonces estalló. No son 30 pesos, son 30 años, todos lo sabíamos sin la necesidad de que nos lo dijeran, pero en ‘Las tres comunas’ alguien dijo: cabros, esto no prendió. ¿Cómo dirigir tanta rabia para construir algo nuevo?”, se preguntó Aylwin en su propuesta programática.

A raíz de la conversación que sostuvieron los seremis vía WhatsApp, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Ricardo Mewes sostuvo a Pulso que “es una situación inaceptable. Tenemos una institucionalidad que busca que los proyectos sean aprobados o rechazados exclusivamente por razones técnicas, de manera profesional y responsable, y no por razones políticas. En este caso, primó la ideología por sobre la técnica, poniéndose de acuerdo un grupo de personas para perjudicar de forma premeditada y por razones políticas, a un proyecto que considera una inversión de 300 millones de dólares y que había obtenido todos los permisos requeridos. Hechos como este solo profundizan el nivel de incertidumbre y atentan gravemente contra la certeza jurídica que los inversionistas y emprendedores requieren para desarrollar proyectos que generan empleo, crecimiento y bienestar a las personas”.

“Creo que es razonable que existan grupos de WhatsApp solo para coordinaciones operativas de los miembros de la comisión y siempre que sea exclusivamente dentro del marco que da la Ley y el proceso público de evaluación ambiental. Lo que es improcedente es que en esos espacios se viertan argumentos elaborados ex profeso para rechazar o aprobar un proyecto, que contraríen lo que los propios servicios han dicho en el proceso, o a lo señalado en el informe calificado de evaluación que emite el SEA”, añadió Jorge Canals, ex subsecretario del Medio Ambiente del Segundo mandato de Bachelet.

Desde la academia, el profesor de la Universidad Católica y experto en derecho ambiental, Jorge Femenías, explicó que “el rechazo o la aprobación de un proyecto debería pasar única y estrictamente por los antecedentes técnicos y de mérito de éste y no por consideraciones políticas. Estas situaciones, lamentablemente, ponen de manifiesto que existen errores estructurales y de diseño en nuestra ley 19.300, que ocasionan que la calificación ambiental no responda a esos criterios”.

“De ser efectiva la conversación, me parece de mucha gravedad. Buscar argumentos para rechazar un proyecto que tenía recomendación técnica de aprobación es realmente muy grave. No se respeta al SEA en su calidad técnica ni tampoco a sus funcionarios, y mucho menos al titular del proyecto. A eso, sumado la supuesta participación activa del MMA a través de un abogado, realmente grave. Más incertezas y desconfianzas en como se están desarrollando las calificaciones de los proyectos, especialmente cuando se rechazan. Ejemplo: El soldado en Valparaíso, de Anglo American”, concluyó Javier Naranjo, director de medio ambiente JDF y ex ministro del Medio Ambiente del segundo mandato de Piñera.