Minera Tres Valles en problemas: mientras pide permiso para extender vida útil, provoca alerta ambiental

La Compañía Minera Tres Valles, una empresa de mediana minería controlada por la canadiense Three Valley Cooper, pidió permiso a la autoridad ambiental para darle continuidad a la operación de una mina subterránea hasta el año 2037 en la región de Coquimbo. Sin embargo, mientras solicitaba esta licencia, sufrió justamente un accidente ambiental, luego de que la superintendencia del ramo acreditara una fuga de material lixiviado ocurrido a inicios de la semana pasada que fue a dar a una quebrada vecina, afluente del río Choapa.

Minera Tres Valles cuenta con operaciones ubicadas entre los valles de Chalinga, Cárcamo y Chuchiñí, situados en las comunas de Salamanca e Illapel. Centran su operación en explotar el llamado Rajo Don Gabriel y el depósito subterráneo Papomono.

El proyecto presentado ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) busca “dar continuidad operacional a la producción de cátodos de cobre” hasta el año 2037, “mediante la extracción de mineral propio desde la mina subterránea Papomono y mineral externo del poder de compra; para ello se utilizarán las actuales instalaciones habilitadas, las cuales se enmarcan dentro de lo evaluado y tramitado ambientalmente” a través de las resoluciones de calificación ambiental que le permiten operar y que fueron aprobadas en 2009 y 2019.

Fue el 25 de junio cuando la minera presentó su iniciativa de extensión de vida útil de su yacimiento, que considera una inversión de US$30 millones. Pero sólo un día antes, en la madrugada del 24 de junio, se produjo un deslizamiento de material lixiviado de cobre, que alcanzó a la quebrada Quilmenco, que confluye en el río Choapa, el curso de agua más relevante de la zona, pues se utiliza para consumo humano y para riego en un valle que enfrenta serios problemas de escasez hídrica.

Ante esta emergencia ambiental, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) ordenó medidas provisionales pre-procedimentales contra la compañía por su proyecto “Tres Valles”, ubicado en la comuna de Salamanca, Región de Coquimbo.

“A raíz del incidente -que fue reportado por el titular a la SMA y que, por otra parte, cuenta con una denuncia ingresada por la Junta de Vigilancia Río Choapa-, fiscalizadores de la superintendencia se constituyeron en el lugar y confirmaron que la fuga de lixiviados habría alcanzado el cauce de la quebrada. El 27 de junio, por otra parte, se realizaron muestreos de aguas superficiales, constatando la presencia de cloruro de sodio -compuesto utilizado para el proceso químico de lixiviación para la obtención de cobre- en las aguas del río Choapa”, dice un reporte de la SMA.

Los inspectores de la SMA constataron que el proyecto minero contaba con varias piscinas en el sector de las pilas de lixiviación, las “que habrían sido construidas sin la debida autorización del organismo sectorial”. Asimismo, acusaron que la empresa utilizó estas piscinas para un proceso no permitido pues se realizaba lixiviación por inundación y su permiso consideraba únicamente el uso de riego por goteo.

“Por esta razón, existen antecedentes suficientes para identificar una situación de riesgo inminente a los cursos de agua cercanos al proyecto, por los efectos adversos que tendría el vertimiento de solución lixiviada en la quebrada de Quilmenco, además de la identificación de compuestos industriales en el río Choapa”, advirtió el órgano fiscalizador.

Ante el escenario adverso, la superintendencia ordenó que la compañía adopte medidas urgentes para aminorar el impacto del incidente, como la reparación del talud de contención del pozo de acumulación dañado, así como todo el sistema de contención de líquidos que puedan haber resultado dañados por las últimas lluvias; la limpieza del suelo y de los cursos de agua afectados; llevar a cabo monitores de calidad del agua tanto a nivel superficial como subterránea de la quebrada de Quilmenco, del río Choapa y las napas que existan aguas abajo del incidente, e informar los resultados de estas evaluaciones al fiscalizador. Las medidas deberán ser implementadas en 15 días hábiles.