El Ministerio Público y tres asociaciones que reúnen a instituciones financieras, como bancos, cooperativas y empresas de innovación manifestaron al Tribunal Constitucional (TC) sus reparos con la puesta en marcha de la Ley de Protección de Datos Personales. La iniciativa, despachada por el Congreso a fines de agosto, crea la Agencia de Protección de Datos e impone sanciones a las empresas que incurran en infracciones de hasta 20.000 UTM (U$1.418.000), las que en caso de reincidencia podrían multiplicarse por tres.

En su presentación el Ministerio Público advirtió una posible intervención de la Agencia de Protección de Datos en su labor. Según el escrito firmado por el fiscal nacional Ángel Valencia, este asunto es clave porque pone en riesgo la autonomía constitucional de la Fiscalía, la que es fundamental para que pueda operar sin interferencias externas en la investigación de delitos.

Valencia explicó que “el tratamiento de datos personales constituye una actividad esencial para el ejercicio de las atribuciones y funciones del Ministerio Público” . Precisó que el uso de datos es crucial, especialmente en el funcionamiento de sistemas como el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI), que utiliza información para identificar patrones delictivos y mejorar la investigación penal. Sostuvo que la capacidad de manejar estos datos sin interferencias es fundamental para su trabajo.

El fiscal nacional también subrayó que cualquier intento de regular o fiscalizar el manejo de datos por parte de la Agencia sería un “grave atentado a la autonomía constitucional” del Ministerio Público . Este tipo de intervención, dijo, afectaría la capacidad de la institución para manejar información clave en la investigación de delitos y podría comprometer su eficiencia en la persecución penal. “La medida cautelar de supervisión de los datos por parte de la Agencia, en este caso, es desproporcionada y podría interferir en investigaciones sensibles”, aseguró.

En este sentido, planteó que los beneficios de proteger la privacidad no justifican el potencial daño que podría causar a la investigación criminal. La Fiscalía argumentó que ya cuenta con controles internos y procesos que garantizan la protección de los datos, sin necesidad de intervención externa, por lo que una supervisión adicional sería innecesaria y podría generar más problemas que soluciones.

En el caso de la presentación enviada al Tribunal Constitucional por la Asociación Gremial de Cooperativas de Ahorro, la Asociación de Empresas de Innovación Financiera de Chile y la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, en este escrito los gremios manifestaron su preocupación por las sanciones, a su juicio excesivas, contempladas en la nueva ley. Afirmaron temer que estas restricciones sean desproporcionadas y afecten negativamente a sectores que dependen del uso de datos personales, como el comercio y el marketing digital.

Uno de los principales puntos de alerta que levantaron, es que las sanciones podrían “crear un entorno restrictivo para las actividades empresariales”. Ven las medidas propuestas como demasiado severas y difíciles de cumplir para algunas empresas que necesitan manejar datos para operar de manera efectiva. La inquietud, señalaron, es que la ley, tal como está planteada, imponga cargas desproporcionadas a las empresas, limitando su capacidad de interactuar con clientes o de ofrecer servicios eficientes.

“Las sanciones severas pueden poner en peligro el desarrollo de sectores clave, afectando directamente a empresas que necesitan hacer uso legítimo de datos personales”, indicaron. Para ellos, es crucial que la ley considere excepciones o ajustes que permitan un manejo más flexible y adecuado a las necesidades del sector. .empresarial.

En el ámbito de los expertos, la abogada Macarena Gatica, socia de Alessandri y directora de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio (AmCham), explicó a Pulso sobre la materia: “Las multas contempladas en el proyecto de ley de protección de datos personales pueden llegar a ser las más altas del ordenamiento jurídico, especialmente en caso de reincidencia de grandes empresas y pueden tener efectos relevantes para la salud financiera de las empresas. La sola provisión de multas puede impactar significativamente los estados financieros de una empresa. Pensemos en aquellas empresas que, a pesar de tener grandes ingresos, su margen o utilidad sea bajo, multas asociadas a porcentaje de los ingresos podría afectarlas gravemente”.

“Los efectos económicos como consecuencia de infracciones a la nueva regulación de datos personales pueden ser graves para las empresas y todo dependerá de los recursos financieros con los que cuenten para cubrir dichas pérdidas. De lo contrario, podríamos enfrentarnos a casos de insolvencia de empresas”, añadió.

En tanto, Marcelo Drago, expresidente del Consejo para la Transparencia, planteó dos dimensiones clave respecto al control del Ministerio Público en el marco de la Ley de Protección de Datos Personales. Según él, el Ministerio Público argumenta que, por su autonomía constitucional no debería estar sometido a la Agencia de Protección de Datos. Drago recordó que inicialmente se aprobó en la Cámara de Diputados que la Agencia tendría control sobre todos los órganos del Estado, incluidos los autónomos. Sin embargo, en la Comisión Mixta este punto cambió, excluyendo a estos organismos del control de la Agencia.

Drago destacó que esta exclusión fue truncada cuando no se alcanzó el quórum necesario, lo que ha generado incertidumbre. Señaló que el Tribunal Constitucional enfrenta un reto, ya que no puede legislar, solo declarar inconstitucionalidades. Aunque podría hacer declaraciones interpretativas que dejen claro que el Ministerio Público no está bajo la competencia de la Agencia, Drago subrayó que eso no es definitivo.

También fue enfático en que la autonomía constitucional no implica una autarquía sin control: “Las autonomías constitucionales no son autarquías constitucionales que no tengan ningún control de ningún tipo”, sostuvo. Añadió que según la ley aprobada, con el rango necesario, el Ministerio Público y otros órganos autónomos podrían estar bajo la autoridad de la Agencia de Protección de Datos. Finalizó diciendo que aunque la Fiscalía ha sido celosa de su autonomía, no debería excluirse de toda fiscalización, ya que esto sería negativo para cualquier autonomía constitucional.