El 2 de marzo de 2023, la Corte Suprema rechazó la reclamación contra el proyecto Egaña Comunidad Sustentable de Inmobiliaria Fundamenta, cerrando así una extensa disputa sobre el permiso ambiental de esta iniciativa, que contempla una inversión de US$300 millones. Actualmente, la empresa controlada por el empresario Pablo Medina, enfrenta al Fisco, exigiendo el pago de US$28,6 millones en una demanda de indemnización de perjuicios iniciada el año pasado, la cual fue respondida por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en julio de este año.

Fundamenta acusa al Estado de Chile de haber actuado con negligencia, ordenando la paralización del proyecto Plaza Egaña-Comunidad Sustentable a través de una decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana, basada en lo que consideran una “intervención política partidista deliberada”. Alegan que esta decisión fue ilegal, ya que no se basó en criterios técnicos ni jurídicos coherentes con lo resuelto previamente por la Corte Suprema y los órganos técnicos.

La inmobiliaria responsabiliza directamente al Estado, al considerar que la decisión de la paralización fue infundada, arbitraria y contraria a lo dispuesto en la normativa ambiental vigente, lo que configura una falta de servicio que debe ser indemnizada conforme a lo establecido en el Código Civil chileno.

En la contestación del CDE respecto a los montos exigidos por Fundamenta, el Consejo de Defensa del Estado argumenta que estos son “absolutamente excesivos” y los califica como “caprichosos”. El CDE sostiene que la indemnización no debe ser utilizada como una forma de enriquecimiento indebido, y que las cifras presentadas no están justificadas de manera adecuada. Además, el CDE menciona que las demandas de lucro cesante se basan en hipótesis sin sustento, mientras que el daño moral reclamado por una empresa con fines de lucro, como Fundamenta, es improcedente, ya que una sociedad de este tipo no puede reclamar daño extrapatrimonial en los mismos términos que una persona física o una organización sin fines de lucro.

En la contestación del CDE se defiende la actuación de Sebastián Aylwin, abogado del Ministerio del Medio Ambiente, señalando que su participación en la elaboración de una minuta sobre el proyecto Egaña-Comunidad Sustentable fue solicitada por la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) del Medio Ambiente de la Región Metropolitana. El CDE argumenta que, aunque Fundamenta cuestiona su intervención, dicha minuta fue utilizada como uno de los fundamentos para la votación negativa del proyecto, lo cual estaba dentro de los procedimientos legales. El CDE niega cualquier irregularidad o falta de competencia por parte de Aylwin, afirmando que su participación fue adecuada y conforme a las normas que rigen la evaluación ambiental.

Para entender la trama hay que remontarse a octubre de 2017, cuando Plaza Egaña SpA presentó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ante el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Tras ser admitida en noviembre, el proyecto inició su proceso de evaluación ambiental, el cual incluyó la respuesta a varios informes y observaciones técnicas, dando lugar a que el SEIA emitiera un informe favorable en abril de 2019. Este informe fue ratificado por la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana en una sesión celebrada en abril de 2019, que aprobó el proyecto y emitió la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) N°222/2019 .

A pesar de la aprobación inicial, el proyecto enfrentó una fuerte oposición por parte de vecinos y organizaciones ciudadanas. A fines de 2019 y 2020, varios grupos presentaron recursos de reclamación ante el Tribunal Ambiental, argumentando que el proyecto afectaría la calidad de vida de los residentes cercanos debido a la reducción de luminosidad causada por la construcción de las torres. En noviembre de 2021, el Segundo Tribunal Ambiental acogió parcialmente estos reclamos, anulando la RCA en lo referido al efecto de la sombra y la refractación de la luz, ordenando que se retrotrajera el proceso para una nueva evaluación.

En medio de este ambiente de tensiones, surgió la intervención de Sebastián Aylwin, abogado del Ministerio del Medio Ambiente. Aylwin redactó un informe que argumentaba que el proyecto no había demostrado suficientemente que la pérdida de horas de luz natural en las edificaciones circundantes no afectaría significativamente la calidad de vida de los residentes. Este informe sirvió como base para la decisión de varios funcionarios que integraban la Comisión de Evaluación Ambiental, quienes finalmente rechazaron el proyecto el 18 de abril de 2022, en una sesión extraordinaria. El rechazo se materializó en la Resolución Exenta N°202213001232, contraviniendo la recomendación técnica del Servicio de Evaluación Ambiental, que había aprobado el proyecto .

Un elemento clave en el rechazo fue la creación de un chat de WhatsApp denominado “Comisión Ambiental”, gestionado por Matías Concha, exjefe de gabinete de la entonces delegada presidencial Constanza Martínez. En este grupo, altos funcionarios del gobierno, como Sonia Reyes (SEREMI de Medio Ambiente), Rocío Andrade (SEREMI de Vivienda), y la propia Martínez, coordinaron y discutieron cómo rechazar el proyecto, incluso cuando algunos reconocían no tener argumentos técnicos sólidos para justificar dicha decisión. Andrade, en particular, manifestó en el chat su falta de razones técnicas para rechazar el proyecto, pero sugirió alinearse con el rechazo general promovido por otros miembros del grupo.

A pesar de estos obstáculos, Plaza Egaña SpA presentó recursos de casación ante la Corte Suprema. En marzo de 2023, la Corte resolvió en favor del proyecto, anulando la decisión del Tribunal Ambiental y dejando firme la RCA N°222/2019. Esto permitió que el proyecto EcoEgaña continuara su curso, aunque tras haber sido paralizado durante casi un año.