“El cambio climático, la crisis climática, no es una invención. Está acá, genera efectos directos sobre nuestras vidas y también sobre las futuras generaciones (...) No queremos más zonas de sacrificio, no queremos proyectos que destruyan nuestro Chile, que compran y destruyan a las comunidades. Y lo ejemplificamos en un caso que ha sido simbólico: no a Dominga”.

Así se refirió este domingo el presidente electo Gabriel Boric en su primer discurso tras las elecciones. Aunque fueron breves palabras las que dedicó al proyecto minero portuario Dominga, también fueron categóricas.

En este contexto, los expertos advierten que nuevamente se produce una intromisión política en temas que son técnicos, propios de la institucionalidad ambiental.

Para el jefe del área de medioambiente de Elías abogados, y exfiscal del Ministerio de Medio Ambiente y asesor legislativo del Senado para la reforma a la institucionalidad ambiental y la creación de los Tribunales Ambientales, Jorge Cash, “Boric parte con el pie izquierdo en materia ambiental, ya que está haciendo lo mismo que hizo Piñera con Barrancones en su primer gobierno: sepultarlo por secretaría. Con la actual institucionalidad ambiental, este tipo de declaraciones son la receta perfecta para ahuyentar cualquier inversión relevante en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”.

El exsubsecretario de Medio Ambiente durante el primer gobierno de Piñera, Ricardo Irarrázabal, cree que esta “es una declaración política respecto a un proyecto que está judicializado, esto es, en que la Corte Suprema ha de pronunciarse sobre la legalidad del actuar administrativo y sobre el fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta”.

El también exsubsecretario de Energía y Minería durante el actual gobierno de Piñera agrega que “un Presidente de la República está obligado a acatar los fallos judiciales. No tiene libertad para no ejecutar los mismos, ni él ni sus ministros”.

Cash dice lo mismo: ”El Presidente en esta materia no tiene atribución alguna. Estas declaraciones lo sitúan al margen de sus competencias. El Presidente debe dejar que las instituciones funcionen y en este minuto existe una conciliación ante la Excma. Corte Suprema que precisamente pretende equilibrar los factores que tensionan esta discusión”.

El exsubsecretario de Medio Ambiente de Bachelet y socio y director del área Medio Ambiente y Regulación de Moraga y Cía, Jorge Canals, sostiene que estas declaraciones “evidentemente tienen un efecto político sobre el proyecto mucho más que procedimental. El hecho de que el presidente electo se haya pronunciado tan claramente respecto a un proyecto que se encuentra, para bien o para mal, siendo evaluado ambientalmente de acuerdo a los procedimientos que establece la propia institucionalidad... Entonces, hay un efecto político súper importante, porque de alguna forma, un pronunciamiento así de categórico por parte de la primera autoridad de la República le pone una suerte de sello de inviabilidad a un proyecto, más allá de lo que termine siendo el pronunciamiento formal de la institucionalidad”.

Canals también comenta que “el Presidente de la República carece de atribuciones respecto a la evaluación ambiental de un proyecto que está radicada o bien en la Comisión de Evaluación Regional, o bien en las instancias que la ley ha dispuesto para conocer este recurso en cuanto a la decisión que tengan las instancias regionales (...) El Presidente de la República no tiene atribuciones específicas para la evaluación de proyectos, carece de esas atribuciones directamente, lo hace a través de las autoridades de su exclusiva confianza que designa y forman parte de estas instancias contempladas en la institucionalidad ambiental”.

Una visión distinta tiene el exdirector del SEA, Jorge Troncoso, quien afirma: “Que el Presidente haga ese planteamiento, necesariamente significa que la política ambiental del Estado de Chile sufrirá un vuelco sustantivo y de tremenda relevancia para los proyectos de inversión y para el modelo de desarrollo vigente en Chile”.

Troncoso explica que “este vuelco significativo en la política ambiental vigente a la fecha, necesariamente implica que el presidente electo y el equipo de medioambiente que se haga cargo, tendrán que hacer aquello que ninguno de los gobiernos de la Concertación y de la derecha anteriores quiso hacer o se atrevió a hacer; esto es, promover e instalar con fuerza y decisión el desarrollo de los otros instrumentos de gestión ambiental que, con el paso de los años, se han ido quedando rezagados y que precisamente han posibilitado la ocurrencia de problemas ambientales de distinta naturaleza, cuya expresión territorial más evidente está en las zonas de sacrificio”.

¿Y qué libertad tienen ahora sus ministros? Irarrázabal dice que “es una situación muy compleja, ya que representa una nueva intromisión política en temas esencialmente técnicos y respecto de los cuales existe una sentencia del Tribunal Ambiental de Antofagasta. Nuevamente la institucionalidad ambiental se ve erosionada por criterios políticos”.

En tanto, Cash detalla que “con estas declaraciones, todo recurso que se presente a favor o en contra de Dominga ante el Comité de Ministros deja a dicha instancia indefectiblemente condicionada luego de estas declaraciones. Ningún ministro votará a favor dicho proyecto cuando llegue al Comité de Ministros. Eso es una muy mala noticia para la inversión en general, más allá de Dominga”.

El doctor en economía, fundador de Plusmining y exdirector ejecutivo del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco), Juan Carlos Guajardo, dice que “efectivamente estas declaraciones dan una idea bastante clara de lo que sucederá con este proyecto. Lo más probable es que los ministros serán nominados teniendo en cuenta esta posición, lo que se verá reflejado a la hora en que se dirima”.

Por su parte, Canals señala que “la declaración del presidente electo complejiza la actuación que debiesen tener los ministros en las instancias en que les corresponda eventualmente conocer el procedimiento, dado que ya ha tenido un pronunciamiento fuera de la formalidad, en el marco de un acto político, pero que evidentemente compromete la actuación de los ministros cuando les corresponda conocer este proyecto, si es que les corresponde”.

Canals agrega que “uno esperaría que este tipo de cuestiones, más allá que se explican por la naturaleza del acto en que fueron proferidas, vayan declinando en favor de un fortalecimiento y robustecimiento de la institucionalidad ambiental que tenga la autonomía suficiente para poder resolver con alto estándares ambientales respecto a si un proyecto cumple o no con las normativas”.