La salmonera de capitales noruegos Nova Austral, que sigue una fuerte batalla para salir a flote y evitar la quiebra, interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) en contra de uno de los artículos de la Ley 18.392, que busca el desarrollo económico de zonas extremas y aisladas de la Región de Magallanes.

En concreto, el artículo noveno de la normativa dispone que el ingreso de las mercancías al territorio contemplado por dicha ley “debe verificarse y certificarse por el Servicio de Aduanas”. Dada la contingencia geográfica antes indicada, Nova Austral empleó todos los esfuerzos razonables para, entre los años 2017 y 2022, ponerse en contacto con la autoridad competente para dar cuenta de esta realidad y concordar un régimen de control adecuado a la realidad de la empresa.

La compañía, que solicitó su reorganización concursal, busca acogerse a exenciones tributarias que establece la Ley Navarino, pero se enfrentó, acusa, a una serie de dilaciones entre 2017 y 2020 por parte del Servicio Nacional de Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos.

“El problema es que esta grosera indefinición del Estado chileno perjudica a una persona a quien dicho Estado está constitucionalmente llamado a servir. Esta confusión no es servicialidad, sino todo lo contrario”, advirtió el requerimiento de inaplicabilidad constitucional de Nova Austral patrocinado por el abogado Patricio Zapata.

“Mucho se discute actualmente sobre los costos económicos de la llamada permisología (caracterizada por ser un régimen de permisos sobreabundante, lento y descoordinado), la cual llevada al extremo, no es solamente un problema de eficiencia, sino que puede llegar a constituir una verdadera afectación de derechos fundamentales. El artículo 9° de la Ley Navarino, el precepto impugnado en este libelo, es un ejemplo icónico de los males que puede traer aparejado una regulación ineficiente y descoordinada”, añadió.

La arremetida constitucional de la salmonera se produce en el marco de una disputa en contra del SII ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas y que actualmente sigue pendiente de sentencia. Esto, debido a la negativa del servicio de reconocer a Nova Austral su derecho al crédito fiscal correspondiente al pago del Impuesto al Valor Agregado por algunas operaciones comerciales del período 2017-2019.

El conflicto radica en la discusión sobre la legalidad de las liquidaciones realizadas por el Servicio de Impuestos Internos el 11 de enero de 2021. Se trata de 26 liquidaciones emitidas por la autoridad tributaria en las que asume la improcedencia del crédito fiscal de IVA utilizado por Nova Austral durante los períodos tributarios de agosto de 2017 a diciembre de 2019. Considerando reajustes, intereses y multas, a diciembre de 2023, el monto total disputado asciende a $ 33.146 millones.

“La situación descrita merece ser calificada también como absurda. Para efectos de negar el derecho al crédito fiscal, el SII califica ciertas operaciones como exentas. El mismo SII sabe que, en la realidad, sin embargo, las operaciones en cuestión pagaron IVA (lo cual sabe en forma precisa, toda vez que percibió el impuesto pagado). En este sentido, la única razón por la cual Nova Austral se ha visto inmersa en esta compleja y perjudicial situación resulta de la incapacidad de los órganos estatales competentes en la materia para dar adecuada aplicación al régimen de certificaciones establecido bajo la Ley Navarino (como ya se había realizado para otras situaciones análogas)”, consignó el escrito.

En junio de 2023, la salmonera de capitales noruegos, Nova Austral, pidió su reorganización, y el pasado miércoles, la empresa indicó que el proceso finalizó de manera exitosa y que la propiedad se traspasará a los principales acreedores.

“Nova Austral valora que el proceso de reorganización judicial culmine de manera positiva con un acuerdo entre las partes, con el que se reestructura la deuda y traspasa la propiedad de la compañía a los principales acreedores. Sin duda, este es un paso más en el proyecto que busca darle viabilidad a esta empresa, una tarea en desarrollo que esperamos se consolide a futuro para que Nova Austral siga contribuyendo a la actividad económica y a la comunidad de Porvenir, con una producción de salmón de calidad comprometida con el respeto por el medioambiente y el entorno”, dijo la empresa en una declaración pública.

El acuerdo fue aprobado por el 92% de los acreedores, y por el 86% de los acreedores preferentes. Nutreco votó contra la propuesta.

La empresa inició el proceso a mediados del año pasado, para reestructurar sus pasivos, asegurar la continuidad operacional de la compañía y el servicio de su deuda financiera.

El desempeño de la empresa que opera en la región de Magallanes y la Antártica Chilena desde hace más de 15 años, se ha visto afectado por una serie de factores, que le han impedido el normal desarrollo de su giro.