Nueva Constitución ¿incendiando la pradera?

En lo que va de febrero, diversas Comisiones de la Convención Constitucional han apostado por la radicalidad, aprobando normas que, de ratificarse en el pleno, terminarán con 200 años de tradición y evolución constitucional, borrando los avances logrados en las últimas décadas, en lo que parece una suerte de proyecto de anti-constitución, que asume como erróneo todo lo consagrado en la Carta vigente.

Los cimientos de nuestro Estado de Derecho se remecen ante las definiciones preliminares de la Convención. En cosa de días, la Comisión de Sistema Político aprobó una propuesta presidencialista y un Congreso unicameral; a lo que la Comisión de forma de Estado agregó que seremos un Estado regional, plurinacional e intercultural. En tanto, la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico rechazó el estatuto Constitucional de la Minería y, como contrapartida, aprobó “la naturaleza como sujeto de derechos”, además de la nacionalización y expropiación de todas las empresas estratégicas, por mencionar solo algunas de las normas más inquietantes votadas a la fecha.

Es inviable continuar con el debate constitucional desde el extremismo jurídico y el afán refundacional -o revolucionario- imperante. Si bien las votaciones de normas han sido en general y queda espacio para presentar indicaciones y realizar enmiendas a los textos, lo cierto es que el desafío asociado a la obtención de los 2/3 para su aprobación, puede terminar transformando la discusión en el pleno en una “cocina” de transacciones y bloqueos que respondan al sectarismo, la intransigencia y los criterios identitarios.

La Convención ha olvidado sus límites, sin sopesar que con ello genera daños colaterales que afectan directamente las oportunidades y el bienestar de la ciudadanía. La creciente incertidumbre que gatilla con sus definiciones golpea fuertemente los esfuerzos por avanzar en la recuperación económica, incentivar la inversión y promover la creación de empleos formales, factores de los que también depende la materialización de los derechos sociales que se consagren en la nueva Constitución. Además, socava la certeza y seguridad jurídica, amenazando décadas de jurisprudencia constitucional que se perderían.

No se trata de oponerse a los cambios, romantizando la visión de la institucionalidad históricamente construida, sino más bien, la necesidad de apreciar objetivamente la solidez de un sistema normativo que ha permitido importantes transformaciones y mejoras sustanciales para nuestro país y que no deben ser arrojadas por la borda sin antes sopesar responsablemente lo que se está desechando.

No hay plazo que no se cumpla y la desmesura mostrada hasta aquí por algunos convencionales solo aleja a la Convención del cumplimiento de su mandato, pone en juego nuestro Estado de Derecho, debilita el orden democrático y afecta la legitimidad del proceso constituyente. No es posible pensar en una nueva Constitución incendiando la pradera.

*La autora de la columna es investigadora principal en Clapes UC y profesora adjunta en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas UC.