Nueva ley de antievasión: el plan del SII para lograr la meta de recaudación que fijó Hacienda para el 2025

La responsabilidad de que la ley antievasión logré la recaudación que el Ministerio de Hacienda espera de US$1.200 millones en 2025 recae exclusivamente en el Servicio de Impuestos Internos (SII) y las medidas que adopte para conseguir reducir la evasión.

Y es por esto que el director (s) del SII, Javier Etcheberry, detalló cómo espera conseguir los US$1.200 millones que Hacienda ya tiene el bolsillo presupuestario del 2025.

Lo primero que dijo el director fue que “la institución utilizará con responsabilidad, pero con mucha decisión, todas sus facultades y atribuciones para combatir la evasión y el comercio ilícito, apoyando al mismo tiempo la lucha contra el crimen organizado, que tanto daño le hace al país”.

En su presentación señaló que la fiscalización se dividirá en tres ejes: grandes empresas, evasión e informalidad y crimen organizado.

En el primer eje detalló que la norma general antielusión permitió “fortalecer la norma ante planificaciones tributarias agresivas, haciendo más expedita la notificación y su sanción”.

Asimismo, mencionó la norma actual “sólo incluía rentas pasivas generadas por empresas en el extranjero entre personas relacionadas de manera patrimonial y con la ley se incorporan las relaciones familiares hasta segundo grado de consanguineidad.”.

En cuanto a los cambios para los precios de transferencia, Etcheberry dijo que “esta ley otorga mayores atribuciones para impugnar los precios, valores y rentabilidades declarados por los contribuyentes en operaciones entre partes relacionadas en el extranjero”.

Otro eje que destacó el director es el proceso de fiscalización de grupos empresariales. “El cuerpo legal permite una fiscalización unificada a todos los Grupos Empresariales, considerando sus características particulares, lo que podrá ser realizado por cualquier Dirección Regional del país”.

También destacó que la multijurisdicción es una norma que “permite especializar a grupos de fiscalizadores en temáticas de mayor complejidad, y también distribuir en forma eficiente las auditorías en los casos más relevantes”.

En cuanto al IVA exportador, afirmó que “la ley establece una nueva causal que permite un procedimiento especial previo de fiscalización de IVA exportador, para evitar abusos”.

En el segundo eje sobre evasión e informalidad, uno de los temas que destacó el SII es el IVA a la compra de bienes importados a través de plataformas digitales. Junto a ello, la eliminación de la exención de US$41 y la incorporación a un sistema simplificado de pago de IVA de productos importados de hasta US$500, eliminándose los aranceles en este tramo para agilizar estas importaciones.

Otro punto a destacar fue la exigencia de inicio de actividades y cumplimiento de sus obligaciones tributarias. “La administración del Estado, los gobiernos regionales y las municipalidades deben exigirlo a los contribuyentes con los que contraten algún producto o servicio, así como las plataformas digitales. Los proveedores de medios de pago electrónicos solo deberán exigir inicio de actividades”, sostuvo Etcheberry.

También resaltó la norma que hace que las Instituciones bancarias deban entregar información sobre transacciones que involucran más de 50 abonos de personas distintas, a un mismo contribuyente, dentro de un mes, o de 100 abonos en 6 meses, informando el monto agregado abonado.

Otro punto relevante, según el SII es que se reforzarán las instrucciones administrativas para evitar la emisión de facturas a empresas por compras de consumo personal en supermercados y Restaurantes.

Relevó la importancia de tener una mayor presencia en terreno para fiscalizar. “Se incrementará en forma sustantiva la fiscalización en terreno a lo largo de todo el país para combatir la evasión y la informalidad”.

Y el último eje de este plan es el combate al crimen organizado.

En este punto, destacó el procedimiento judicial Simplificado para el levantamiento del Secreto Bancario, que será sin oposición del contribuyente en delitos tributarios. Mencionó que “se acortan los plazos, agilizando el procedimiento judicial general, y se suspenden los plazos de prescripción para el SII”. También relevó el rol del denunciante anónimo, “el cual facilitarán las denuncias y se incentivarán con una retribución del 10% de las multas que correspondan, siempre que el monto defraudado supere las 100 UTA ($80 millones aproximadamente)”.

Una norma que se aprobó hacia el final de la discusión legislativa fueron las operaciones en efectivo. “Las operaciones de compra y venta en efectivo superiores a 135 UF ($5 millones aproximadamente) deberá identificar al comprador”, dijo el director.

Otro punto que destacó fue la creación de una oficina de Crimen Organizado. “Esta oficina perseguirá legalmente la evasión tributaria de estas mafias, como robo de automóviles, salmones, abastecedores del comercio ambulante, cables de cobre, entre otros. Se coordinará con otros organismos competentes, para el combate efectivo contra estos delincuentes”.

Y por último Etcheberry mencionó “la persecución Penal de Delitos Tributarios. Hemos fortalecido el trabajo coordinado con el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, logrando querellas mucho más efectivas”.