La subsecretaría de Minería abrió el jueves pasado un nuevo proceso de licitación a través del sistema de Mercado Público, esta vez en el marco de la estrategia nacional para el fortalecimiento de la capacidad estatal de fundición y refinería de cobre. El proceso busca contratar un servicio de propuesta metodológica para optimizar la localización de potenciales nuevas instalaciones industriales, considerando variables económicas, sociales y ambientales.

El proceso considera un estrecho calendario para su adjudicación. El inicio de la convocatoria a licitación, según consta en la plataforma Chile Compra, comenzó el pasado 24 de agosto y este martes concluyó el período de preguntas de parte de los interesados, cuyas dudas obtendrán una respuesta este viernes 1 de septiembre. Así, la fecha de cierre para recepción de ofertas está estipulada para el próximo jueves 7 de septiembre, y la adjudicación misma para el 10 de octubre.

El proceso considera un monto total máximo de $12.500.000, impuestos incluidos, para ser ejecutado durante un plazo de 80 días.

La licitación de esta propuesta metodológica forma parte de los aspectos definidos en la estrategia gubernamental en la materia, cuyo documento fue presentado el pasado 20 de julio. Allí, en el apartado que aborda el modo de realizar las evaluaciones económicas para nuevas fundiciones y refinerías, se señala que si bien existen diversos ejercicios para proyectar la rentabilidad que tendría una nueva instalación industrial de este tipo, entre ellos algunos de Cepal, Cesco, además de evaluaciones internas del propio Ministerio de Minería y de Cochilco, sus resultados “son muy distintos”.

También destaca “la importancia de realizar una evaluación social de proyectos, que corresponde a una metodología que nos permite ir más allá de la evaluación de rentabilidad privada al considerar la contribución real que tiene un proyecto de inversión en la sociedad”, aspecto que asegura no está considerado en las evaluaciones previamente catastradas.

“Dada la significancia de esta iniciativa de política pública minera, es fundamental considerar el análisis completo y no solo enfocado en la rentabilidad privada del negocio”, fundamenta dicho documento oficial, agregando que la necesidad de evaluar socialmente un proyecto de nueva fundición y refinería pasa por examinar “los costos y beneficios sociales que los proyectos evaluados le entregan a la sociedad”, además de las externalidades positivas y negativas.

En base a eso, se señala que las evaluaciones sociales de proyecto utilizan una metodología diseñada por el Ministerio de Desarrollo Social en 2013. Sin embargo, “dado que no se cuenta con una metodología específica para fundiciones y refinerías de cobre, sería necesario diseñarla y validarla ante el Ministerio y algún experto competente”, se agrega en el documento.

En el llamado a licitación, se especifica que “dada la sensibilidad del tema se hace necesario que estas locaciones se definan considerando los más rigurosos aspectos técnicos propios de una evaluación técnica-económica de un proyecto de esta envergadura, como por ejemplo minimización de costos operacionales, acceso a servicios y capital humano, como también integrando aspectos ambientales y sociales, los que consideran puedan elaborarse de forma participativa y objetiva, proceso que debe estar articulado a una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)”.

El proceso de licitación establece una serie de requisitos para la adjudicación. Al llamado pueden postular tanto personas naturales como jurídicas, lo que permite que puedan participar profesionales de modo individual, así como consultoras o centros de estudios. Incluso, se considera la participación de oferentes bajo la fórmula de unión temporal de proveedores, que agrupen a personas jurídicas o naturales, y que deben estar conformados bajo escritura pública o documento privado para dicho efecto.

Entre las condiciones que los postulantes deben cumplir están aspectos habituales, como no contar con vínculos de parentesco con funcionarios directivos del Ministerio de Minería, y estar libres de condenas por prácticas antisindicales, dentro de los dos años anteriores a la presentación de la oferta.

En cuanto a los criterios de evaluación, la licitación entrega una ponderación del 70% a la oferta técnica, un 25% a la oferta económica y un 5% a los aspectos formales.

Dentro de la oferta técnica, el mayor peso de la evaluación considera la experiencia del equipo de trabajo, asignando un 38% de ponderación. Luego, la propuesta metodológica en sí será un 30% de la evaluación, seguido de aspectos como la duración del trabajo, la carga horaria promedio, la formación académica y el enfoque de género, con ponderaciones de entre 10% y 5%.

Los equipos deberán contar como mínimo con dos profesionales, uno que asuma como jefe de proyecto y otro como asesor de evaluación ambiental estratégica, pudiendo complementarse con hasta tres asesores adicionales para las áreas de participación ciudadana, minería y fundiciones, y Sistemas de Información Geográfica.

Para el jefe de proyecto, se contempla la necesidad de acreditar experiencia ejerciendo cargos de jefatura en el desarrollo de instrumentos de interés especial para el estudio, como Planes Energéticos Regionales o Estudios de Franja en el que el Ministerio de Energía haya sido contraparte, según detallan la bases de licitación. También se considerará su experiencia en proyectos o asesorías técnicas en temáticas de ordenamiento territorial y/o instrumentos de planificación territorial.