El 22 de abril de 2024, Hernán Madariaga (CS), vocero de la Corporación ProDefensaViña, expresó su malestar en la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la región de Valparaíso, instando a los seremis a rechazar el proyecto “Urbanización y Loteo Costa de Montemar VI Etapa” de Reconsa, empresa urbanizadora, propiedad de las familias Soza Donoso, Cerda, Pérez Yoma, y de Confuturo.

“Disculpen si he incomodado con la presentación, pero estoy muy incómodo con el hecho de que este proyecto esté en una instancia como esta, sobre todo en este gobierno que se dice ecológico”, declaró.

Gabriel Muñoz, abogado y representante de Duna Viva, también se manifestó enérgicamente: “Deben rechazar, porque jurídicamente es impresentable, inviable e ilegal el proyecto. ¡Esto es depredación, depredación, depredación! ¡Que no caiga sobre sus cabezas el hecho de que pueda haber nuevamente un socavón! ¡Que no quede en la historia que tuvieron la oportunidad de hacerlo!”.

Pasaron pocos minutos y la delegada presidencial Sofía González (PC) y todos los seremis votaron en contra de la iniciativa, incluyendo aquellos que inicialmente habían dado su conformidad en la primera instancia del proceso de evaluación ambiental, los que se excluyeron de participar y los que no emitieron pronunciamientos en la evaluación. El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) se mantuvo a favor.

Hoy, esa sesión y otros antecedentes están siendo investigados por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich. Ello, por cuanto la semana pasada Reconsa presentó una denuncia por presunto delito de prevaricación administrativa, argumentando que la votación se realizó “sin fundamento legal ni técnico” y que “contraviene de manera infundada e inexplicable el Informe Consolidado de Evaluación, que explícitamente indicaba que el proyecto cumple con la normativa ambiental vigente y recomendaba su aprobación”.

El proyecto contaba con un Informe Consolidado de Evaluación que recomendaba su aprobación, ya que cumplía con la normativa ambiental aplicable. En la evaluación ambiental existían pronunciamientos favorables de los SEREMIs de Medio Ambiente, Salud, Energía, Obras Públicas, Vivienda y Transportes. Solo los SEREMIs de Minería y Agricultura se excusaron de participar en la evaluación, mientras que los de Energía y Desarrollo Social no emitieron pronunciamientos.

Esta es la segunda acción de la constructora, que también anunció una apelación al Comité de Ministros para revertir el rechazo.

Esta arremetida judicial de Reconsa cobra relevancia, puesto que tiene similitudes con lo ocurrido en el caso de Fundamenta y su proyecto Eco Egaña de Ñuñoa, con una inversión de US$300 millones. En dicho caso, un grupo de seremis acordó el rechazo de la iniciativa a través de WhatsApp y la empresa interpuso una querella por prevaricación.

Reconsa inició las gestiones en 2017 para urbanizar una superficie ubicada fuera del Santuario de la Naturaleza, una zona que ha sido urbanizada desde los años ochenta. La empresa es copropietaria junto con Inmobiliaria Montemar del inmueble ubicado en Las Pimpinelas Nº765, entre Concón y Viña del Mar. Las obras se ejecutarían a 73,3 metros del límite del Santuario de la Naturaleza Campo Dunar de la Punta de Concón.

La inmobiliaria ha enfrentado dificultades a pesar de sus esfuerzos para cumplir con las regulaciones ambientales y obtener los permisos necesarios para un proyecto casi completado. A pesar de invertir alrededor de US$ 2.9 millones y cumplir con las normativas, el proyecto fue rechazado, lo que podría resultar en una multa de hasta 20.000 UTA, equivalentes a casi $16.000 millones, por no cumplir con las condiciones del Programa de Cumplimiento aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

La empresa argumentó que el rechazo del proyecto es una vulneración inédita del ordenamiento jurídico y del proceso de evaluación ambiental, considerando que se trata de obras menores que ya están prácticamente completadas. “El nivel de ilegalidad y arbitrariedad en el ejercicio de la potestad pública indica, muy probablemente, una actuación concertada que responde a intereses ajenos a la regulación ambiental, por lo que solicitamos una investigación rigurosa”, concluyó la empresa asesorada por Mario Galindo, socio de VGC Abogados.

En la sesión, el seremi de Medio Ambiente, Hernán Ramírez dijo: “Considerando lo frágil del ecosistema dunar frente a impactos humanos, lo cual quedó evidenciado en la canalización de aguas lluvias y la provocación de dos socavones en los meses de septiembre y agosto del año pasado, así como la falta de coherencia del titular en acoger la implementación de un plan de manejo para la protección del santuario y su desistimiento de última hora, acoger la recomendación del SEA nos resulta sumamente complejo”.

“Quiero plantear una prevención de legalidad sobre la forma en que se ha tramitado este Estudio de Impacto Ambiental, porque hay una ausencia del cumplimiento de una norma legal que es bastante relevante para este Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Toda intervención a nivel de planificación urbana, como un loteo, requiere de un informe de mitigación de impacto vial, y eso está ausente en este proyecto”, añadió el seremi de Transportes, Edgardo Piqué (PPD).

Por su parte, Lorena Cofré, seremi de Salud (RD) dijo: “Buenas tardes a todos y a todas, nosotros rechazamos la propuesta del SEA”, al igual que Marcelo Arredondo, seremi de Economía.

“Disculpe delegada que interrumpa, pero para que no haya problema con la votación. Nosotros entendemos como SEA el voto de rechazo del seremi de Medio Ambiente, por lo tanto si es que hay otra autoridad que tenga por objetivo rechazar la propuesta técnica del SEA, debió haber justificado antes, pero los votos deben ser debidamente fundados”, destacó la directora del SEA Paola La Rocca.

Desde la Delegación Presidencial de Valparaíso señalaron: “La instancia de decisión regional ya adoptó una posición en base a informes técnicos. Tras la apelación, este procedimiento continúa, por ende, no es posible que la instancia regional se vuelva a pronunciar”.