Se llaman parques rurales de conservación. Son macrolotes de terrenos privados, sujetos a una serie de prohibiciones para resguardar su riqueza natural, y que cada día ganan más adeptos, en Chile. Solo en Biosfera Austral, que comercializa parcelas en la Patagonia, más de 200 personas ya han optado por esta modalidad para comprar terrenos en esa zona.

Amparados en una figura legal que promete la protección o reparación del ecosistema, así como promover la bioeconomía y fomentar la ruralidad, los parques rurales de conservación han comenzado a emerger como una nueva tendencia inmobiliaria que conecta el interés de la segunda vivienda con la conservación y la promesa de mantener inalterable los espacios, gracias a las normas que permiten la protección a perpetuidad del terreno.

Por eso, las reglas de convivencia son estrictas: no se puede tener una mascota, subdividir el terreno, o plantar lo que se quiera. Ni hablar de poner cercos o hacerse una piscina. “A diferencia de muchos desarrolladores de la industria, nosotros nos adaptamos a la naturaleza y no ella a nuestros proyectos. Generamos una línea de base que nos entrega las directrices para habitar resguardando el suelo agrícola y generando conservación a través de instrumentos técnicos y jurídicos como el derecho real de conservación, planes de manejos de conservación, manuales de habitabilidad rural sostenibles, restricciones y normativas ambientales en pro de la biodiversidad” explica Diego Varela, socio fundador y gerente general.

Biosfera Austral nació en 2019 como una idea de un grupo de profesionales multidisciplinarios, varios de los cuales habían trabajado en la fundación Tompkins. Todo, con el propósito de generar un modelo de negocio que conserve el paisaje. Se aliaron con la ONG Conservación Sur y se apoyaron en el Derecho Real de Conservación, vigente desde 2016 (ver recuadro).

Hace algunas semanas, la firma fue certificada como una empresa B, por B Lab, una organización internacional sin fines de lucro, que avala la existencia de estándares verificados de desempeño social y ambiental, transparencia y responsabilidad.

Varela cuenta que ya tienen aproximadamente más de 2 mil hectáreas para la conservación y restauración distribuidas en cinco parques rurales, uno de los cuales fue el primero en el país que generó un derecho real de conservación a perpetuidad, “con fines de conservación y habitabilidad rural sostenible”, destaca. Se trata del Parque Río Palena, ubicado entre la Junta y Raúl Marín Balmaceda, en Aysén.

Frente a ese parque, en la ribera sur del Río está Parque Austral, luego viene el Parque Valle Frío Figueroa, entre la Junta y Lago Verde, que es el primer parque rural del país con destino de restauración y donde hoy se está reforestando con más de 60 mil árboles nativos. El cuarto es Reserva Escondida, cercano a Puerto y el Fundo Las Rosas en El Amarillo, un campo que perteneció al propio Douglas Tompkins.

Los proyectos de Biosfera Austral consideran la habitabilidad de las personas, pero sin consumir el patrimonio natural de la tierra, sino que conservándolo o reparándolo. “Nos hacemos cargo de prácticamente todas las amenazas que existen cuando hay una coexistencia entre el ser humano y la naturaleza”, resume Varela. “A su vez, mediante normativas ambientales de tratamiento de aguas negras, grises, generación de residuos y protección del paisaje. Y por último, fomentando la innovación a través de biorremediación, cosecha de agua lluvia, electrificación solar, eficiencia energética y agricultura regenerativa”, añade.

Los precios van entre las 1.000 UF y las 4.000 UF para generar macrolotes de entre 2 y 8 hectáreas.

-¿Cómo enfrentan la expansión de loteos de parcelas de agrado y la discusión para restringir las subdivisiones de terrenos?

-Mostrando que las cosas se pueden hacer de mejor manera. La única influencia que tenemos sobre los demás es el ejemplo y hoy, sin duda, que lo estamos dando. De hecho, hemos estado presentes en la discusión legislativa y pre legislativa de esta nueva normativa, y hoy creemos que lo más importante es que haya una actualización a la ley lo más pronto posible, para resguardar la naturaleza y también el derecho que tienen las personas de vivir en un entorno rural.