En 2023, el Tribunal de Defensa de La Libre Competencia (TDLC), un organismo clave en la promoción del libre mercado en Chile, cumplirá 20 años.

Se trata de una institución que guarda un especial significado por sus sentencias históricas. La colusión en la carne fresca de pollo de Agrosuper, Ariztía y Don Pollo (2014), y el cartel de Cruz Verde, Salcobrand y Farmacias Ahumada en el precio de medicamentos (2012) son sólo algunos de sus fallos más relevantes de la institución que hoy enfrenta cambios.

Hace unos días la Corte Suprema abrió un concurso público para proponer candidatos para el cargo de presidente del TDLC, posición que hasta el 12 de mayo de 2022, cuando vence su período, ocupará el abogado y ex fiscal nacional económico Enrique Vergara.

Entre los estudios especializados tres son los nombres que más se repiten como posibles candidatos: Javier Velozo, socio de Contreras Velozo Abogados; Francisco Agüero, director del Centro de Regulación y Competencia de la Universidad de Chile; y Daniela Gorab, ministra titular del TDLC.

Javier Velozo es un experto en materias de derecho económico y regulatorio. Entre 2004 y 2012 se desempeñó en el TDLC, primero como relator y secretario abogado y luego como ministro titular. Es asesor de Movistar y árbitro de NIC Chile.

Francisco Agüero tiene experiencia en regulación de la energía (electricidad, renovables, combustibles, gas natural, energía nuclear), como formulador de políticas públicas (Comisión Nacional de Energía) y asesor de diversas reparticiones públicas. Además, fue secretario abogado del Panel de Expertos de la Ley General de Servicios Eléctricos y ha asesorado a empresas como Colbún, Telmex, Claro, Essbio e HidroAysén.

Daniela Gorab es abogada de la Universidad de Chile (2007), master en administración pública y políticas económicas de la London School of Economics (2011) y LLM en competition law del University College of London (2012). Es ministra titular del TDLC y también es directora académica del magíster en derecho de los negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI).

Los tres cuentan con amplia experiencia en libre competencia y los dos primeros han reconocido a sus cercanos que están evaluando postular al proceso, que avanza con una quina que es escogida por la Corte Suprema y que luego es presentada al Presidente de la República, quien tiene la última palabra. El DL 211 establece que el presidente del TDLC debe ser abogado y “sólo podrán participar en el concurso quienes tengan una destacada actividad profesional o académica especializada en materias de libre competencia o en derecho comercial o económico, y acrediten a lo menos 10 años de ejercicio profesional”.

Pero no es el único cambio que podría tener el sistema de libre competencia. El 10 de diciembre de 2022 vence el periodo al mando de la Fiscalía Nacional Económica, el abogado Ricardo Riesco, quien fue nombrado por el presidente Sebastián Piñera en 2018. El presidente Gabriel Boric podría confirmarlo por un nuevo periodo más de cuatro años o escoger a su reemplazo.

Pulso contactó a diez abogados de libre competencia y consultó sobre los desafíos del nuevo presidente del TDLC.

Lorena Pavic, socia de Carey, cree que “debe mantenerse el perfil técnico e independiente que ha sido un sello del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y de su actual presidente. Al final, es una mezcla de sólidos conocimientos en regulación y competencia y experiencia que permita generar consensos, consistencia y, en lo posible, previsibilidad en las decisiones del Tribunal y en la revisión posterior de la Corte Suprema”.

Para el director del CentroCompetencia (CeCo) UAI y exfiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, “la institucionalidad de libre competencia, y el TDLC en específico, han funcionado bien en estos años, a pesar del deterioro institucional generalizado de nuestro país. Como cualquier institución, el tribunal tiene desafíos importantes a futuro. A mi juicio, se debieran dar mayores certezas en los procedimientos no contenciosos, tanto en la admisibilidad, como lo discutido y sus posibles resultados. También, se debieran acelerar los procesos contenciosos, concentrando los trámites y agilizando las discusiones sobre confidencialidad y dictación de sentencias”.

Por su parte, Mario Ybar, counsel de Garrigues Abogados, sostuvo que el nuevo presidente del TDLC debe contar con “con conocimiento en libre competencia y derecho general, ya que este es un tribunal donde los temas procesales son cada vez más relevantes. También debe tener el menor conflicto de interés posible”.

Vanessa Facuse, socia de Bofill, Escobar Silva añadió que “el próximo presidente tiene como desafíos institucionales seguir siendo un foro de decisiones altamente técnica, desde la perspectiva jurídica como económica, frente a los cambios regulatorios que se sometan a su consideración, dada la relevancia de cautelar la libre competencia para garantizar el buen funcionamiento de los mercados. Por su parte, en términos de gestión, el desafío es dar respuesta oportuna a los asuntos de libre competencia, agilizando la tramitación de los procesos, que se han visto afectados por la crisis sanitaria y el incremento de peticiones que conoce el tribunal”.

Mabel Ahumada, socia de Ferrada & Nehme, opina que “en cuanto a los desafíos que enfrentaría, me parece que uno de los mayores será la gestión y tiempos de tramitación. Cada vez más las causas que ingresan al TDLC han ido en aumento y, sin duda, la agilidad con que estas se resuelvan será un punto relevante. Hoy en día el Tribunal cuenta con un determinado número de funcionarios, relatores y ministros, y con presupuesto específico, que no necesariamente son el reflejo de la mayor cantidad de trabajo que existe en la actualidad. Por ello, la labor que pueda realizar el nuevo presidente del TDLC en este ámbito será esencial”.

Según Cristián Reyes, senior counsel de Aninat Abogados, “lo mejor para la estabilidad del sistema de libre competencia en Chile es que independiente quien sea elegido sea alguien que cuente con experiencia y trayectoria para entender la institucionalidad y la jurisprudencia. Si es alguien de afuera, pareciera ser algo poco recomendable para cualquier Presidente de La República”.

María José Henríquez, socia de Morales & Besa añadió que el nuevo presidente del TDLC “tiene que tener una mezcla entre altas habilidades ejecutivas y políticas. Ejecutivas porque luego de consolidarse como autoridad de libre competencia, el TDLC se ha recargado con un gran número de casos y de alta complejidad, lo que ha redundado en mayores tiempos de tramitación, eso necesita alguien que pueda manejar y administrar esa carga eficientemente. Habilidades políticas porque, derivado de lo anterior, es evidente que el TDLC necesita más recursos y profesionales, tal vez incluso otra sala”.

Para Juan Cristóbal Gumucio, socio de Cariola, el nuevo presidente del TDLC “debiera ser un muy buen jurista, independiente y versado en la disciplina de libre competencia, y con competencias blandas para poder gestionar una adecuada convivencia en el tribunal”.

Mientras, Pedro Rencoret, socio de Pellegrini & Rencoret sostiene que “la nueva presidenta o presidente debe tener un perfil técnico, ojalá bastante experiencia en el área, pero también la capacidad de gestión para permitir al TDLC reducir los tiempos de los juicios y sentencias, que se han visto afectados por su creciente carga de trabajo”.

Jorge Grunberg, socio de Grunberg & Puyol Abogados, dice que “quien sea elegido o elegida Presidente tendrá interesantes desafíos al liderar el TDLC que está pronto a cumplir 20 años desde su creación. Entre ellos, aparecen la resolución de los primeros casos asociados a facultades que le agregó al Tribunal la reforma de la Ley 20.945, como la decisión de demandas colectivas de indemnización de perjuicios y de recursos de revisión especial cuando la FNE prohíbe operaciones de concentración”.