Ninguno de los documentos hablaba de royalty al sector forestal, pero sí de la transformación “hacia patrones más sustentables”. La candidatura del hoy Presidente Gabriel Boric tuvo dos documentos matrices: el programa que inscribió en el Servicio Electoral de Chile (Servel) para la primaria que ganó a Daniel Jadue, y un programa que fue presentado como el del gobierno de Apruebo Dignidad, ya en la segunda parte de 2021. Ambos textos, extensos y detallados, tienen menciones al mundo forestal. Pero no incluye un royalty, una figura que este miércoles descartó la jefa de gabinete, Carolina Tohá, aludiendo a que se trata de una industria que tiene recursos renovables que no son propiedad del Estado.

“Se hace urgente transformar el actual sistema forestal hacia patrones más sustentables”, decía como declaración de intenciones el programa de primaria de Boric. “El actual modelo silvoagroexportador presenta consecuencias no solo a nivel económico y social. Existen actualmente procesos de deterioro ambiental, pérdida de biodiversidad y de riqueza genética, degradación de suelos y agotamiento de recursos naturales, debido a la ausencia de elementos de sostenibilidad en las políticas agropecuarias, pesqueras y forestales”, agregaba el texto.

El programa de Apruebo Dignidad, la coalición que reunió al Frente Amplio y al Partido Comunista (PC), prometía derogar el Decreto Ley 701 y “sustituirlo por un nuevo marco regulatorio de fomento forestal y generar normas de protección ambiental para plantaciones forestales, considerando regular el tamaño de cosecha y protección de la biodiversidad, con incentivos diferenciados para privilegiar la forestación y reforestación con especies nativas, y del mismo modo, elaborar instrumentos que protejan y valoren los servicios ambientales y productos forestales no madereros (PFNM) que entregan los ecosistemas naturales”.

El DL 701 no se ha derogado y según el mundo forestal, su anulación no tendrá efectos prácticos reales. “Todavía veo gente que habla del DL 701 para las grandes forestales, y no existen subsidios del Estado a grandes forestales desde antes del año 2000″, dijo el domingo en Pulso el gerente general de CMPC, Francisco Ruiz Tagle. Fuentes del sector forestal indican que, al contrario, su derogación traería perjuicios para la masa forestal: quienes se acogieron a los beneficios de ese decreto creado en 1974 se comprometieron a perpetuidad a replantar en los suelos ya cosechados. Y su derogación quitaría esa obligatoriedad.

En noviembre, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, se comprometió en la Expocorma a trabajar en 2023 una nueva ley de fomento a la madera. “Si somos capaces de tener una ley de fomento, sobre todo para pequeños y medianos, vamos a mejorar el manejo del bosque nativo y, a su vez, cómo logramos que la tributación, los incentivos para investigación de nuestro sistema global, tengan impacto en las regiones del centro sur, donde está la industria de la madera”, explicó en el evento.

“Incorporaremos tipologías de ingreso al SEIA que contemplen efectivamente proyectos forestales y agrícolas”, decía el programa de gobierno aludiendo a la tramitación de este tipo de iniciativas en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Sobre esa materia, en el Congreso se discute desde hace años una modificación legal que busca reducir el umbral actual, que obliga a someter a trámite ambiental la cosecha de superficies superiores a 500 hectáreas. En la discusión legislativa se ha planteado reducir ese límite a 250 hectáreas.

En la industria aclaran que no están excluidos de la tramitación ambiental los proyectos forestales de envergadura, como, por ejemplo, las grandes plantas industriales.

En los compromisos programáticos de Boric estaba, además, crear un Servicio Nacional Forestal público. Actualmente se discute la creación de un nuevo servicio con los guardaparques, que se llamará Servicio de la Biodiversidad y las Áreas Silvestres Protegidas. En noviembre, el ministro Esteban Valenzuela explicaba que, con ello, “el 80% de la actual Conaf sigue como Conaf, como Sernafor o como Conaf pública se va a llamar, pero el 20%, como lo hacen los países desarrollados, existe un servicio específico a cargo de los guardaparques”.