Permisología: empresariado pide fortalecer institucionalidad y una mayor rendición de cuentas ante el Congreso

El proyecto de permisos sectoriales, más comúnmente conocido como permisología, está actualmente en segundo trámite legislativo en la Comisión de Economía del Senado en la fase de exposiciones.

Una de ellas es la que realizó el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, quien este martes expuso la visión que tiene el gran empresariado sobre la iniciativa. Y si bien, en general, ella es favorable, planteó algunas propuestas para ser consideradas en el debate, con el objetivo de hacer más expedita la aprobación de proyectos.

Entre ellas está el dotar a la institucionalidad que velará por el avance de los permisos en los plazos, de una mayor expertise técnica sobre los otros órganos sectoriales respecto de la implementación de la Ley.

Cabe recordar que una de las modificaciones principales que realizó el Ejecutivo al proyecto original, fue cambiar la institucionalidad, lo que permitió destrabar el debate. La propuesta inicial creaba un nuevo organismo para coordinar la tramitación sectorial, que tenía como objetivo velar por el cumplimiento de las normas de tramitación, y liderar y guiar a los servicios en la constante mejora del marco normativo de los permisos sectoriales. Esa nueva agencia iba a estar integrada por 39 personas y sería independiente del gobierno de turno. El principal reparo que hubo al respecto por parte de la oposición, fue que se seguían generando organismos públicos, lo que significaba mayores recursos.

Ante ello, el gobierno cambió esa institucionalidad por una más acotada. Lo primero que se hizo fue optar por el fortalecimiento de una repartición interna del Ministerio de Economía. Así, será una sección dependiente y alojada dentro de esa secretaría de Estado la encargada ahora. Esto permitió que el proyecto avanzara. A esa institucionalidad de refirió Mewes.

Sobre este mismo punto, enfatizó en la necesidad de que “la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión deba rendir cuenta ante el Congreso”.

También planteó el incluir que “los órganos de la Administración del Estado, en el cumplimiento de su objetivo, promuevan la protección del bien jurídico que les compete con los menores costos de transacción posibles, tanto para el Estado como para los titulares de proyectos de inversión, sean públicos o privados”.

Otro eje que expuso es que actualmente “muchos permisos no cumplen sus plazos legales, que son más holgados que los plazos propuestos en el proyecto. Por ello, un sistema de priorización de proyectos debiera considerarse en la medida que esta ley entre en régimen y propendiendo a que se estén cumpliendo los plazos legales para los demás proyectos”.