El gobierno se ha comprometido a ingresar este año el proyecto de permisología y la reforma al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Ante este debate, Pivotes, el centro de incidencia pública creado por el expresidente de la Sofofa y actual vicepresidente de Colbún, Bernardo Larraín Matte, entregó su visión sobre estas materias, a través de una minuta donde plantea los aspectos positivos y negativos de lo que se está debatiendo, y sus propuestas.

“En estos días el Ministerio de Economía está redactando un proyecto para integrar a los permisos sectoriales no ambientales y enviaremos un proyecto antes de fin de año. Lo propio está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente sobre la reforma al Servicio de Evaluación Ambiental”, dijo el Presidente Boric ante el empresariado a fines de octubre.

Y luego agregó que “le he planteado a los ministros que se debe fortalecer la institucionalidad ambiental, pero a la vez disminuir los plazos, porque la reforma no es un éxito si no bajan los plazos, porque en Chile esto se ha constituido en un cuello de botella”.

En un seminario de Pivotes, el ex ministro de Medio Ambiente Pablo Badenier, sostuvo que “el proyecto de ley anunciado, y que uno lo conoce en titulares, está absolutamente desalineado con lo que ha dicho incluso el propio Presidente de la República. Yo no veo motivo alguno, si este proyecto de ley que hemos conocido en titulares se transforma en ley, de dónde va a haber una disminución de plazos de 30%”, planteó, agregando que hay potenciales casos donde “incluso podría hacerlo más complejo”.

Desde Pivotes, se refirieron en detalle a la reforma que impulsa la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas. Advierten de incertidumbre y plazos excesivamente largos. Entregan sus propuestas que apuntan a una evaluación ambiental en dos etapas.

En términos de participación ciudadana (PAC), esta se amplía y se establece una participación temprana.

La propuesta de Pivotes apunta a avanzar a una evaluación en 2 etapas para reducir la incertidumbre y definir la viabilidad del proyecto al inicio de la evaluación. En la primera etapa se debiera definir qué proyecto se va a implementar, y en la segunda etapa cómo se implementa y bajo qué condiciones específicas.

En él existiría una etapa inicial donde en base a una descripción general del proyecto, se definen tempranamente, entre otras materias, el área de influencia, la línea base ambiental requerida y la coherencia del proyecto con los planes regionales de ordenamiento regional. Pivotes plantea que en esta última materia tendría una participación las instancias políticas regionales (Coevas) o nacionales (Comité de Ministros) según corresponda, las que dejarían de participar en las instancias finales como es hoy. Estas definiciones tempranas serían sometidas a una instancia de participación ciudadana.

“Agregar una etapa de participación ciudadana temprana, que no termina con una resolución vinculante del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) sobre ciertas materias, difícilmente reduciría los plazos de la forma que espera el Ejecutivo”. Otro elemento abordado fue la eliminación de las instancias políticas en la evaluación e impugnación de proyectos, donde señaló que “si margina por completo a las autoridades políticas del proceso, se corre el riesgo que ejerzan influencia al margen de este”, dijo el director de Asuntos Legales e Institucionales de Pivotes, José Antonio Valenzuela.

Y además, plantean que el resultado de esta primera etapa sería una resolución del Servicio de Evaluación Ambiental con Términos de Referencia de carácter vinculantes, que acotarían la discusión en la segunda etapa a cuestiones técnicas. De esta forma, dicen en Pivotes, la viabilidad o inviabilidad del proyecto se define tempranamente.

Además, sostienen que en ambas etapas debiera haber un recurso de reclamación a ser resuelto en un plazo cierto, vencido el cual se aplicaría un silencio administrativo positivo eficaz.

En cuanto a la segunda etapa, sería una de carácter eminentemente técnico, donde, en base a una descripción más detallada del proyecto, se evaluarían los impactos específicos, así como las medidas de mitigación o compensación. Terminaría con la Resolución de Calificación Ambiental por parte del SEA.

Otro aspecto que abordan desde Pivotes, es que se eliminan los COEVAs y el Comité de Ministros. Al respecto, Pivotes dice que “este cambio apunta en la dirección correcta, permite disminuir la discrecionalidad política en las instancias finales de decisión, aumentar el carácter técnico del proceso de evaluación ambiental y reducir la incertidumbre”.

Pero desde el punto de vista negativo, señalan que “difícilmente las autoridades políticas van a mantenerse al margen, especialmente cuando se trate de proyectos emblemáticos. Eliminarlos del proceso de evaluación puede generar que ejerzan influencias al margen del proceso, lo que puede ser contraproducente”.