Personas en situación de insolvencia económica se disparan en enero

El escenario económico 2023 no fue el mejor. La actividad cayó 0,2% según cifras preliminares y el desempleo cerró en 8,5% en el trimestre octubre-diciembre, mientras el promedio fue de 8,7%. La creación de empleo no ha logrado absorber la demanda por puestos de trabajo, lo que ha impactado en los ingresos de las personas. Este factor, sumado al cambio en la legislación, que simplificó los requisitos para iniciar los procesos de liquidación y renegociación de las personas con deudas, generó una fuerte alza de quienes se encuentran en situación de insolvencia en esta partida de 2024.

Así, de acuerdo al informe mensual de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, en enero hubo 285 solicitudes de quiebras de personas, el mayor número desde junio de 2021, y que significó un incremento de 57% en 12 meses.

En el desglose de la cifra, 15 de estos procesos fueron bajo la antigua Ley (N.° 20.720) y 270 bajo la Ley N.° 21.563 (simplificado), por tanto, en la Superintendencia explican que para fines estadísticos y de transparencia de la información de datos, se decide presentar la información diferenciada. En cuanto a las solicitudes de renegociación, estas subieron 182%, llegando a 124 procesos.

El superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez, sostiene que esta alza se debe, en primer lugar, a la entrada en vigencia de la Ley 21.563, desde el 11 de agosto de 2023. “Esta normativa otorga mejores oportunidades para renegociar sus deudas y que la ciudadanía ha visto como un procedimiento accesible y eficaz que le permite tomar nuevamente el control de su carga financiera ajustado a su realidad”, dice el personero de gobierno.

Lo segundo que plantea Sánchez es que, debido a esta modificación legal, “ahora personas que han emitido boletas de honorarios previo a la solicitud, que antes eran consideradas empresas por la antigua ley, pueden acceder a la renegociación, cumpliendo con los requisitos que establece la nueva ley”.

Sánchez sostiene que “se debe seguir informando las liquidaciones del proceso ordinario y simplificado, pero en el tiempo debieran ir primando las liquidaciones simplificadas de personas de acuerdo a la nueva Ley”.

Como contrapartida a lo que está sucediendo con las personas, las empresas registraron una caída de 35% en enero versus igual mes de 2022 , totalizando 60 procesos. En este periodo 40 fueron bajo la antigua ley y 20 bajo el régimen simplificado, que es principalmente para micro y pequeñas empresas. Por lo mismo, las de compañías grandes y medianas deben seguir siendo tramitadas bajo la Ley N° 20.720, que es la antigua legislación.

Esteban García Nadal, abogado y socio fundador de García Nadal & Cía, sostiene que “uno de los grandes factores que podría estar influyendo en el aumento indicado es la reforma en el procedimiento incorporadas por la Ley 21.563 que comenzó a regir el 11 de agosto de 2023, ya que, aunque se siguen contemplando requisitos y un control de admisibilidad estricto para evitar que se pueda generar un abuso de la normativa vigente por parte de los deudores, la reforma acelera estos procedimientos, dado que se disminuyen los trámites en los nuevos procedimientos concursales de liquidación simplificada de personas deudoras, siendo beneficioso para quienes se encuentran en situación de sobreendeudamiento”. No obstante, añade que “no debemos ignorar los factores económicos a nivel país, ya que el desempleo ha aumentado considerablemente durante el último año y la inflación se mantiene en niveles elevados, impactando negativamente en el presupuesto de las personas y dificultando el pago de los créditos otorgados”.

Pedro Eguiguren, socio de Eguiguren Abogados, subraya que “con los retiros de los fondos de pensiones y el IFE, había más dinero circulante, las personas compraron más y también pidieron muchos créditos a las instituciones bancarias, a los cuales hoy ya no pueden hacer frente, puesto que, o perdieron su fuente laboral, o por la inflación no les alcanza para pagar, provocando un sobreendeudamiento y que tengan que acogerse a un procedimiento de renegociación o liquidación”.

Misma visión entrega Alfredo Niklitschek, asociado de Palma Abogados, quien puntualiza que “el término del apoyo gubernamental, como el IFE, sumado al fin de los retiros de los fondos de pensión y el mal momento del empleo en Chile, son los motivos más poderosos que llevaron a este aumento en la liquidación y renegociación de las deudas de las personas”.

Sobre cómo seguirán evolucionando los procesos de insolvencia de las personas, los expertos se mantienen cautos y lo condicionan a la evolución que tendrá la actividad y el empleo.

Uno de ellos es Diego Messen, abogado y socio de Moraga & CIA, quien argumenta que “todo dependerá de cómo evolucione la situación económica del país, ya que de haber un crecimiento en los índices de oferta laboral y de ingresos para las empresas, especialmente las pequeñas, debería provocar una disminución en la falta de liquidez de las personas”.

En cambio, Alfredo Niklitschek dice que “de mantenerse las condiciones y tendencia con las que finalizó el año 2023 y se inició este 2024, el aumento debiese seguir en curso”.

Benjamín Jordán, abogado y coordinador de la Red de Expertosendeudas.cl también tiene una visión más negativa, puesto que anticipa que “deberían aumentar las liquidaciones y las renegociaciones, en vista a que no se ve la forma en que se va a revertir el problema de la desocupación en Chile, y en ese sentido, el aumento del IVA a las empresas de servicios y las otras cargas tributarias impuestas ha provocado que se disminuya por las empresas costos fijos, siendo el principal el despido de trabajadores”.