El empresario Pedro Pablo Larraín Mery, presidente de Sartor Finance Group, lanzó una nueva ofensiva judicial en el marco del caso Sartor. La semana pasada presentó una querella por denuncia calumniosa en contra de un grupo de inversionistas que lo acusaron de delitos financieros. La acción ingresada al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago apunta a Paulina Flores, Sandro Garimani, Mariana de Peña, Gabriela de Peña, Macarena Valdés, Bruno Francia, Eugenio Cruz, Guillermo Irarrázaval y Francisco Subiabre.

Se trata de la segunda acción penal presentada por el empresario en menos de un mes. El 24 de febrero, interpuso querella contra otro inversionista, Gonzalo Echeverría, acusándolo de denuncia calumniosa luego de que este lo denunciara a fines de enero por estafa, apropiación indebida y negociación incompatible.

En su nuevo libelo, patrocinado por los abogados Jaime Winter y Jorge Cabrera, Larraín sostiene que los querellados cometieron una denuncia calumniosa al presentar una acción judicial sin fundamentos, imputándole delitos que, a su juicio, no cometió.

Según el escrito, los inversionistas denunciaron en febrero de 2025 haber sido víctimas de fraude tras invertir en Emprender Capital Servicios Financieros SpA (eCapital). Sin embargo, la defensa de Larraín argumenta que “dichas afirmaciones son falsas y tergiversan la relación que mantenían con la empresa”, ya que no eran inversionistas, sino prestamistas que entregaban capital a la sociedad a cambio de intereses.

En su presentación, el presidente de Sartor enfatizó que “no existe un solo documento o antecedente en la querella presentada por los imputados que permita sostener que estos tenían la calidad de inversionistas que alegan”.

Por el contrario, sostiene que los querellados estarían “aprovechándose del revuelo mediático del caso Sartor para obtener un tratamiento preferente en la recuperación de sus acreencias”.

Para la defensa del empresario, la acción de los inversionistas no solo carece de sustento legal, sino que busca presionar a la justicia para ser considerados acreedores privilegiados en el proceso de liquidación de eCapital.

La crisis de Sartor Finance Group, un holding financiero encabezado por Larraín, estalló en diciembre de 2024 cuando la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) revocó la autorización de existencia de Sartor Administradora General de Fondos (AGF). Según el regulador, se detectaron irregularidades en la gestión de fondos y conflictos de interés, lo que desató una serie de querellas de inversionistas contra la firma.

En este contexto, varios acreedores de eCapital interpusieron una acción penal contra Larraín y otros ejecutivos, acusándolos de haber captado inversiones bajo engaño. Sin embargo, su defensa insiste en que “esta acusación carece de sustento y fue formulada con el objetivo de distorsionar la naturaleza de los acuerdos financieros que mantenían con eCapital”.

La querella recalca que los querellantes no eran inversionistas, sino prestamistas, y que la acción judicial en su contra “es una maniobra jurídica para posicionarse como víctimas en un proceso que es de carácter estrictamente civil”.

En su querella, la defensa del empresario sostiene que “esta evidente tergiversación de los hechos es una manifiesta manipulación del sistema penal que, por sí sola, realiza el tipo penal de denuncia calumniosa y, de forma refleja, afecta la honra de nuestro representado con el único fin de mejorar la posición de los querellantes como acreedores de eCapital”.

El documento enfatiza que “los imputados han actuado con la clara intención de engañar a la justicia, formulando imputaciones sin base alguna y omitiendo información crucial que demuestra que no eran inversionistas, sino simples prestamistas”.

Sobre la presunta falsedad en la denuncia, la querella recalca que “no es cierto que nuestro representado, ni nadie por él, haya hecho representaciones sobre la solvencia de eCapital a los querellantes que hayan sido motivo principal de estos para otorgarle créditos”.

En cuanto a la tipificación del delito de denuncia calumniosa, el texto sostiene que “los hechos contenidos en la querella presentada por los imputados configuran el delito previsto en el artículo 211 del Código Penal, ya que imputan falsamente delitos inexistentes con el propósito de obtener un beneficio económico”.

La querella solicita que el Ministerio Público inicie una investigación formal contra los querellados y, en caso de que se acrediten los hechos, proceda con la formalización y posterior acusación.

Además, se solicita que los imputados sean formalizados y acusados por este delito, dada la gravedad de las imputaciones falsas en su contra y que los querellados sean condenados al pago de indemnizaciones civiles y costas procesales.

El caso también ha salpicado a Azul Azul, la sociedad que administra el club Universidad de Chile, debido a la participación accionaria que el grupo Sartor mantenía en la concesionaria.