La última vez que el Comité de Ministros se reunió para evaluar las reclamaciones en contra de grandes proyectos de inversión tramitados en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) fue el 23 de febrero de 2022. A sólo 17 días del fin del mandato de Sebastián Piñera, en la sesión se aprobaron proyectos emblemáticos como la Línea 7 de Metro de Santiago, que unirá Vitacura con Renca, pero también el encuentro quedó marcado por la discusión entre los ministros del Medio Ambiente y Energía, Javier Naranjo y Juan Carlos Jobet, respectivamente, por la Central de Ciclo Combinado Los Rulos en la Región de Valparaíso.

Este lunes, nuevamente la instancia, que corresponde a un cuerpo colegiado -integrada también por los ministerios de Economía, Salud, Agricultura, Salud y Minería-, se volverá a reunir, pero las caras serán distintas. El Comité de Ministros ya no será presidido por Naranjo, sino que será su sucesora, Maisa Rojas, quien asuma el mando de la reunión y su par de Energía no será Jobet, sino que Claudio Huepe.

Durante la administración del gobierno anterior quedaron pendientes de someter a votación 14 proyectos que suman una inversión total de US$6.155 millones. Esto, de acuerdo a un informe al que accedió Pulso y que detalla no sólo las iniciativas pendientes, sino que también el número de reclamaciones que presenta cada uno.

En la primera sesión del Comité de Ministros del gobierno de Gabriel Boric, el Servicio de Evaluación Ambiental -entidad que dirige la abogada Valentina Durán- citó el jueves a los titulares de las carteras mencionadas para este lunes a las 8:30 horas en las oficinas del Ministerio del Medio Ambiente. El objetivo es someter a votación las reclamaciones presentadas en contra y a favor de Andes LNG y del Centro de Manejo Ambiental Ñuble Sustentable.

El primero es un megaproyecto que contempla un terminal gasífero, un gasoducto y una central generadora, compuesta por 30 motores de 18 MW cada uno, y que se ubica en la Región de Atacama.

La iniciativa, que considera una inversión de US$650 millones, acumula una serie de cuestionamientos de organizaciones ambientalistas como Greenpeace Chile y la ONG FIMA, ascendiendo a 15 los recursos que deberá analizar el Comité de Ministros y que surgieron a través de procesos de participación ciudadana (PAC).

En paralelo, el proyecto que cuenta con el respaldo de Shell, Mitsui y la finlandesa Wärtsilä, también se enfrenta a los reparos de las municipalidades de Caldera y Copiapó. Ambas corporaciones edilicias han lanzado cuestionamientos al titular por los impactos que provocaría la iniciativa en materia arqueológica y también a las especies marinas.

Otro de los reclamantes es la ONG de Desarrollo Qarapara Tortugas Marinas Chile. La entidad, que es dirigida por la bióloga marina Carol Medrano, apunta sus dardos en contra del proyecto debido a que -a su juicio- la evaluación ambiental de la iniciativa “no consideró los impactos en tortugas marinas”.

El 13 de junio de 2019, la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Atacama resolvió aprobar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Andes LNG.

El caso del Centro de Manejo Ambiental Ñuble Sustentable de Inversiones y Servicios Inser S.A. es distinto., pues a diferencia del primer proyecto mencionado, éste no cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental favorable y es el titular quien presentó la reclamación ante el Comité de Ministros.

La iniciativa consiste en la construcción, operación y cierre de un centro de manejo habilitado para la disposición final de aproximadamente 8.557 toneladas mensuales de residuos sólidos domiciliarios, considera una inversión de US$5 millones y se emplazaría en una superficie total de 93,3 hectáreas.

El 26 de mayo de 2021 la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Ñuble resolvió rechazar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto por “los riesgos a la salud que provocaba”. Según el Informe Consolidado de Evaluación (ICE), la iniciativa no cumple con la distancia de 600 metros indicados por la normativa respecto de las fuentes de captación de agua. En efecto, “se identificaron las fuentes de abastecimiento de agua de tres viviendas ubicadas al norte del proyecto, que cuentan con dos norias, ubicadas aproximadamente a 430 metros de distancia a la planta de tratamiento del relleno sanitario”, se plantea en el documento.

Frente a este resultado adverso, el titular del proyecto presentó una reclamación el 9 de julio del año pasado y defendió la iniciativa. En esa línea, sostuvo que existe un acuerdo con las familias residentes al norte del terreno, según el cual la empresa se compromete al abastecimiento de agua potable y la deshabilitación de las norias.