“Es un intento grotesco de utilizar esta honorable magistratura para granjearse una suspensión de un procedimiento penal que lleva meses en preparación por parte de la fiscalía, y donde el requirente no quiere sino evadir su responsabilidad punible por los hechos investigados”.

Así califica en un escrito que presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) el pasado viernes Primus Capital, factoring controlado por el empresario financiero y vitivinícola Raimundo Valenzuela, el requerimiento de inaplicabilidad constitucional que interpuso en esa instancia su ex CEO, Francisco Coeymans, el pasado 18 de marzo,

El próximo 3 de abril el Ministerio Público formalizará al exejecutivo por los presuntos delitos de estafa, asociación ilícita, espionaje informático y acceso ilícito a un sistema informático. El mismo día, la fiscalía formulará cargos en contra de Ignacio Amenábar, exgerente comercial de la firma; del técnico en cocina, Marcelo Rivadeneira, y del abogado Antonio Guzmán, en una millonaria trama que incluye traiciones y el pago de lujosos viajes y regalos a dos modelos peruanas: Elva Vracko y Yoko Chong.

La abogada Ximena Risco, que patrocina la acción ante el TC de Coeymans, se desempeñó como jefa de la División Jurídica del ministerio del Interior que encabezaba Andrés Chadwick durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. En aquel periodo trabajó junto al entonces asesor Luis Hermosilla, quien es hoy protagonista del caso que lleva su nombre. Pero el nexo entre Risco, Chadwick y Hermosilla data del primer gobierno de Piñera, cuando la jurista fue jefa de la unidad de juicios en la subsecretaría del Interior. Posteriormente, trabajó en la oficina de Hermosilla.

Por otro lado, Mario Vargas, abogado penalista de Coeymans, actualmente es socio de Eduardo Lagos, exdiputado (PRSD). En esa oficina también participan los exdiputados DC, Aldo Cornejo y Gabriel Silber.

Frente al escrito de Primus en contra del requerimiento de inaplicabilidad constitucional que interpuso Coeymans, Risco sostuvo que su cliente “está ejerciendo un derecho, porque la aplicación de ciertas normas genera efectos contrarios a la Constitución y por eso solicitó la tutela constitucional. Llama la atención la preocupación de Primus, que no se refiere a los tipos penales objetados en su denuncia, por lo que su pretensión no se vería afectada, al igual que la norma relativa a la prision preventiva, porque Primus, al no ser querellante, no podría entrar en ese debate. Confiamos en que el Tribunal Constitucional conocerá de la solicitud porque su decisión es clave para evitar efectos contrarios a la Constitución”.

En su presentación, Primus Capital sostuvo que fue víctima de uno de los fraudes corporativos más importante de los últimos años, lo que le ha causado un perjuicio de miles de millones de pesos. En el mismo escrito indicó que, el segundo factoring no bancario más grande de Chile, pudo develar que el requirente en autos, en concierto con otras personas, conformó una asociación ilícita, con un centro de poder y distribución de funciones que le permitió llevar adelante, por un extenso período de tiempo, un sofisticado esquema defraudatorio para enriquecerse a costa del patrimonio de la compañía.

“No estamos hablando de cualquier fraude S.S. Excma., pues las actuaciones del requirente -en concierto con otras personas que se detalla en el próximo párrafo- significaron para la Compañía un perjuicio de más de $25.000 millones”, detalló.

Según el factoring, Francisco Coeymans ostentaba el cargo de gerente general de Primus, y en esa posición abusó de su poder de administración y gestión, así como de su vinculación directa y jerarquizada con el personal de la compañía, “para urdir un esquema defraudatorio que fue desplegado a través de la asociación delictiva que formó con los coimputados Ignacio Amenábar Figueroa (ex director comercial de Primus), Antonio Guzmán Neira y Marcelo Rivadeneira Rivadeneira, entre otros. Ellos, valiéndose de diversas personas e instrumentos, actuaron con el único propósito de desfalcar a la compañía”, señaló.

Este caso comenzó cuando en marzo de 2023 Primus Capital informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) el hallazgo de una serie de operaciones respaldadas con cheques falsos. Según la empresa, el exgerente general y el exgerente comercial, Francisco Coeymans e Ignacio Amenábar, respectivamente, llevaron adelante un esquema defraudatorio al interior de la empresa, el que provocó cuantiosos perjuicios.

Al ser apartados de la compañía, los exejecutivos presentaron demandas laborales, aduciendo un autodespido y exigiendo el pago de $2.500 millones en indemnizaciones. En sus acciones judiciales denunciaron que el propio controlador de Primus, el empresario Raimundo Valenzuela, conocía de las operaciones que hoy son sindicadas como truculentas e ilícitas.

En el marco de este proceso, la defensa del factoring, encabezada por Domingo Eyzaguirre, socio de Dmey Abogados, adjuntó a la causa el informe forense que encomendó la empresa a la auditora KPMG. El documento, al que tuvo acceso Pulso, realiza un pormenorizado análisis del caso y aborda no sólo la trama del origen de los cheques cuestionados, sino que también los millonarios traspasos a empresas creadas en un día.

La auditora obtuvo información sobre la incorporación en la cartera vigente de la compañía de clientes sin inicio de actividades económicas y de las autorizaciones de excepciones de manera anómala, junto con los vínculos societarios y personales entre los beneficiarios finales de los fondos y los altos ejecutivos de la compañía, causando un perjuicio económico a la cartera de Primus Capital al respaldar sus operaciones con la entrega de 213 cheques cuestionados que, según el informe pericial, suman un total de $9.408 millones.

A través del Servicio de Impuestos Internos, KPMG pudo corroborar que 42 de los 55 clientes cuestionados comenzaron a operar con Primus Capital sin tener registrado el inicio de actividades económicas, es decir, estas empresas no estaban formalizadas con todos los permisos necesarios para operar. Incluso, cuatro clientes operaron con una diferencia de más de 300 días transcurridos entre la fecha de su primera operación con Primus y la fecha de inicio de actividades económicas.